En la Casa de la República, en Waterloo, hay un tráfico constante de gente que entra y que sale, mañana, mediodía, tarde y noche. El president Puigdemont no para de recibir visitas y de hacer una reunión tras otra. A Lledoners pasa algo parecido, dentro de las posibilidades del régimen penitenciario. El president y los miembros del Gobierno "legítimo", unos en el exilio y otros en la cárcel, han llegado a una conclusión compartida con el presidente Torra de la cual se derivan todas las estrategias para el curso que comienza: "La libertad de los presos y el retorno de los exiliados no es el objetivo prioritario, sólo es la condición previa y sine qua non para que el diálogo con el Estado sea útil. Y este diálogo tiene como objetivo la autodeterminación de Catalunya para el año 2019".

El argumento que utilizan tanto el president Puigdemont como buena parte de los consellers de su Govern es que "no estamos en el exilio o en la cárcel para volver a casa como si nada hubiera pasado, estamos donde estamos para defender la autodeterminación de Catalunya y este sacrificio no habría tenido ningún sentido si no es porque la lucha continúa y continuará hasta alcanzar la soberanía de nuestro pueblo ". En este sentido, la libertad de los presos se contempla como "la gran oportunidad del Gobierno de Pedro Sánchez para reconducir la situación, sería un éxito político del nuevo presidente español".

Presos y exiliados se reafirman en que el objetivo prioritario no es su libertad sino la autodeterminación

De hecho, salvo la desorientación que hubo inmediatamente después del 1 de octubre cuando el Estado desató la represión contra los líderes independentistas, el planteamiento general del soberanismo no ha variado demasiado. Lo anunció hace meses Jordi Turull desde Estremera. "Tenemos que encontrar nuevos caminos para la independencia, porque no estamos en la cárcel por defender las competencias en cercanías". El rechazo al regreso al autonomismo es, pues, unánime entre los líderes soberanistas, aunque, como sabe todo el mundo, perviven diferencias tácticas entre Puigdemont y el vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre cómo "implementar la República" y cómo responder en cada momento a los retos que plantea el Estado. Estas diferencias hicieron pensar que habría elecciones al Parlament en Navidad como algo inexorable, pero esta idea ya no la defiende nadie.

Con estas premisas arranca mañana en España y en Cataluña un curso político tan o más incierto que el anterior, pero que sin lugar a dudas marcará una inflexión definitiva en el curso del procés soberanista catalán y en la crisis política del Estado español. Como siempre, la Diada del Onze de Setembre marcará el termómetro de la movilización del movimiento soberanista, que deberá dosificar esfuerzos teniendo en cuenta que después vendrán los aniversarios del 1 de octubre, de la declaración política de independencia del 27 y, enseguida, lo más trascendente: la celebración de los juicios contra el líderes independentistas encarcelados.

Después de las sentencias, el soberanismo se planteará si se dan las condiciones objetivas para abrir nuevos escenarios de ruptura

De acuerdo con la estrategia principal, los abogados trabajan siete días a la semana preparando una defensa que se quiere inequívocamente política. Las actitudes del Tribunal Supremo y los fiscales han llevado al convencimiento general de que el Estado se plantea los juicios como "un acto de guerra" contra los soberanistas y que la sentencia está casi dictada. Así que la estrategia de defensa se basará en la denuncia de un "juicio político sin garantías", en la vulneración de los derechos de los presos y del movimiento que representan, y en la reivindicación de las "legítimas aspiraciones del pueblo catalán". Más que al tribunal, los parlamentos de los acusados irán dirigidos a la sociedad catalana y a la comunidad internacional. Entonces ya funcionará a pleno rendimiento el Consell de la República, el instrumento liderado desde Waterloo por el president Puigdemont que tendrá como misión principal mantener viva la internacionalización del conflicto catalán. Puigdemont quiere que el consejo tenga una representación transversal, no sólo de partidos, sino de todos los grupos, organismos y asociaciones comprometidos con el derecho a decidir de los catalanes.

El calendario de los juicios no está fijado, y aún menos el momento en que se hará pública la sentencia, porque el Estado quiere evitar que determinen la campaña de las elecciones municipales previstes para la primavera (cosa que parece, por otro lado, imposible). Una condena severa resultará un incentivo a la unidad soberanista para presentar candidaturas conjuntas a lo largo y ancho del país para ganar las alcaldías de las principales ciudades, las cuatro diputaciones y hegemonizar el poder territorial en 900 municipios. Este asunto, sin embargo, es lo que genera más discrepancias entre los grupos soberanistas, especialmente con respecto a la ciudad de Barcelona.

Los soberanistas no se plantean hacer caer el Gobierno de Pedro Sánchez mientras no actúe con deslealtad

La tesis de que sólo una candidatura unitaria del soberanismo estaría en condiciones de ganar como la lista más votada en la capital de Catalunya no es compartida por ERC, que se ve capaz de ganar sola. De momento, la batalla de Barcelona la protagonizan la actual alcaldesa, Ada Colau, y el exprimer ministro francés, Manuel Valls, candidato de Ciudadanos, que está trabajando muy rigurosamente recabando apoyos del establishment barcelonés. Incluso está dispuesto a incorporar al PP en su lista. Huelga decir que una victoria de Ciudadanos en Barcelona, con un discurso agresivo contra el soberanismo, supondría un torpedo contra el movimiento independentista de consecuencias muy negativas para la credibilidad del procés.

Una vez hechas públicas las sentencias, el movimiento soberanista se encontrará en la necesidad de analizar la situación y definir los pasos siguientes. Será el momento en que todo el mundo deberá definirse honestamente sobre si las condiciones objetivas y subjetivas abren nuevos escenarios de ruptura.

En paralelo, los contactos entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España desde la toma de posesión del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez han sido frecuentes y más cordiales de lo que parece, pero aún sin acuerdos trascendentes. Para Pedro Sánchez, lo más importante ahora es el apoyo de los independentistas a los presupuestos del Estado, porque sin presupuestos, el clamor para que Sánchez convoque elecciones será ensordecedor. Hoy por hoy, no parece que los grupos parlamentarios de ERC y el PDeCat estén dispuestos a poner las cosas demasiado difíciles al ejecutivo español, siempre que éste no actúe con deslealtad. Todo parece complicado, pero incluso el PSC podría intervenir para facilitar el entendimiento con actuaciones paralelas en el Parlament de Catalunya. No es intención de momento de los soberanistas contribuir a derribar al Gobierno Sánchez como pretenden PP y Ciudadanos, pero aún todo está por hacer y todo es posible.