Fumata blanca. Después de muchas fumatas negras. Han tenido que pasar 2.030 días para que el PSOE y el PP hayan acordado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene el mandato caducado desde diciembre de 2018. Finalmente, populares y socialistas han conseguido enterrar viejas y profundas discrepancias y han llevado a buen puerto unas conversaciones que hace más de un lustro que se alargan. En todo este tiempo, las negociaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición han vivido altibajos, pero todas las veces que la alianza estaba a punto de culminarse, el acuerdo acababa naufragando. En cinco años y medio no ha habido manera. La última vez que los dos partidos del régimen del 78 acordaron la renovación del CGPJ, a finales de 2013, gobernaba a Mariano Rajoy con mayoría absoluta, Alfredo Pérez Rubalcaba era el jefe de la oposición y Juan Carlos I todavía no había abdicado. Y en esta década han pasado tres presidentes por el CGPJ: Carlos Lesmes (hasta octubre de 2022), Rafael Mozo (hasta julio de 2023) y Vicente Guilarte.
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“Controlar la sala segunda del Tribunal Supremo desde la puerta de atrás”
El recorrido del CGPJ de los últimos cinco años y medio ha estado marcado por diferentes movimientos y maniobras a ambos lados del tablero para intentar desbloquear el puzzle. Todo habría podido cambiar en noviembre del 2018. Un mes antes de que caducara el mandato del órgano, el PP y el PSOE acordaron que Manuel Marchena, el juez que más tarde presidió la sala que juzgó el 1-O, presidiera al Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial a cambio de garantizar una mayoría progresista. Estaba cerrado. Sin embargo, el pacto descarriló después de que trascendiera un WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, vanagloriándose de que los populares habían conseguido “controlar desde la puerta de atrás” la sala segunda del Alto Tribunal, la encargada de los casos de corrupción, con una “jugada estupenda”.
Esto llevó a Marchena a renunciar a la presidencia del Supremo para reivindicar su independencia y desató que el PP diera por roto el pacto. Pedro Sánchez, que lamentó haber perdido una “persona de tanto prestigio”, instó a los populares a mantener el acuerdo, pero Pablo Casado, que en aquella época era el líder del PP, justificó su decisión por “dignidad” y por “respeto” a los jueces y fiscales.
El pacto no puede avanzar con Podemos “cargando” contra el rey
El segundo gran obstáculo que se encontró la renovación del CGPJ fue Podemos. Y todo a causa de la huida del rey Juan Carlos I. Nos tenemos que remontar al verano de 2020. El 3 de agosto el rey emérito se marchó de España para instalar en Abu Dhabi para escapar de las acusaciones de presunta corrupción. La reacción de Unidas Podemos, que en aquel momento tenía cinco asientos en el Consejo de Ministros, fue inmediata: “Se abre la idea de una república solidaria y plurinacional”. Y aquel comunicado publicado la mañana de un lunes de agosto, sumado a un hilo de cinco tuits que por la noche compartió Pablo Iglesias, que era vicepresidente segundo del Gobierno, reprobando una “actitud indigna” con la “pretensión de impunidad por presuntos delitos graves”, hizo descarrilar la negociación entre el PSOE y el PP.
Los populares denunciaron que Pablo Casado no fue informado en ningún momento de la marcha de Juan Carlos I y transmitieron a la Moncloa que “el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el gobierno cargando contra la Jefatura del Estado”. Las críticas de los morados a la monarquía, combinadas con la voluntad de Podemos de pactar los presupuestos generales del Estado con ERC, llevaron al PP a transmitir al PSOE que “no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel”.
Finalmente, Casado lo comunicó a Sánchez en una reunión entre los dos en la Moncloa y, en la rueda de prensa posterior, argumentó su postura esgrimiendo que Podemos era un partido “radical” que quería “cambiar el régimen constitucional”. Tiempo más tarde, en marzo de 2021, el PP vetó dos nombres que habrían sido del gusto de Podemos como vocales del CGPJ: Victoria Rosell (que era delegada del Gobierno contra la Violencia de Género) y José Ricardo de Prada (el juez del caso Gürtel).
Dos reformas impulsadas por el PSOE para frenar el CGPJ
Durante todo este tiempo, el PSOE ha ido intentando limitar el margen de maniobra del CGPJ. En marzo de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos y el independentismo, una reforma impulsada por el Gobierno para evitar que el CGPJ en funciones pudiera seguir nombrando magistrados. Y es que, a pesar de estar en funciones, el órgano presidido por Lesmes había renovado desde finales de 2018, entre otros, todas las presidencias de sala del Tribunal Supremo. Justo el pasado 30 de enero el TC avaló esta modificación. En julio de 2022 la Moncloa apostó por una nueva reforma: en este caso, servía para que el CGPJ sí que pudiera nombrar los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden, a pesar de estar en funciones.
Meses antes, el Gobierno y el principal partido de la oposición sí que habían alcanzado un acuerdo. Pero alcanzaba un conjunto de órganos constitucionales, sin incluir el CGPJ. Concretamente, el PSOE y el PP desbloquearon la renovación del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y del Defensor del Pueblo.
Sánchez hace marcha atrás para rebajar la mayoría para elegir a los vocales del CGPJ
Una de las opciones que ha sobrevolado el panorama político español durante todo este tiempo ha sido la posibilidad de rebajar las mayorías necesarias para escoger a los vocales del CGPJ. Actualmente, se necesitan tres quintas partes del Congreso y del Senado, cosa que obliga a una alianza entre el PSOE y el PP. En los últimos meses, Pedro Sánchez ha reiterado en múltiples ocasiones que él no contemplaba en ningún caso la posibilidad de rebajar este umbral. De hecho, era una de las vías que, por ejemplo, Esquerra Republicana y Podemos habían puesto sobre la mesa para permitir la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pero Sánchez no ha mantenido siempre la misma postura.
En octubre de 2020, el PSOE y Unidas Podemos llegaron a registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para rebajar la mayoría y situar en la mayoría absoluta los votos necesarios para elegir los miembros del CGPJ. Mantenía una primera votación en la que el requerimiento era de tres quintas partes, pero añadía que, si no se alcanzaba, se procedería a “una nueva votación, 48 horas después, en la que la cámara correspondiente eligiría a los seis Vocales del turno judicial por mayoría absoluta”. Esta iniciativa hizo sacar fuego por las muelas a Europa.
La Asociación Europea de Jueces expresó su “gran preocupación” por una reforma que suponía “un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial” y la Comisión Europea percibió un intento de politizar la administración de justicia. Finalmente, en abril del 2021, Sánchez renunció a este camino y los dos grupos parlamentarios acabaron retirando la iniciativa.
La dimisión de Lesmes y la derogación de la sedición
El tercer gran intento frustrado de renovar el CGPJ fue en octubre de 2022. Carlos Lesmes renunció a la presidencia del Supremo y del CGPJ “sin que gobierno y oposición” hubieran “conseguido un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces o para la devolución de sus competencias”. Eso suscitó una reunión inmediata y de urgencia entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el nou líder del PP.
Después del paso al lado de Lesmes, se abrió una nueva ventana de oportunidad para renovar el CGPJ. Ahora bien, tampoco acabó fructificando. El motivo: la derogación de la sedición. El PP y el PSOE tenían un “acuerdo listo y preparado para ser firmado”, según informaban los socialistas, pero los populares se levantaron abruptamente de la mesa y suspendieron las conversaciones después de que María Jesús Montero anunciara una reforma del delito de sedición. Feijóo trasladó a Sánchez su “extrañeza” ante el “cambio de posición del PSOE en relación con la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición” y el acuerdo se volvió a romper. La alianza entre los socialistas y ERC para derogar la sedición imposibilitaba el entendimiento al seno del régimen del 78.
La mediación de la Comisión Europea como receta
La solución definitiva ha llegado desde Bruselas. Fue el 22 de diciembre del 2023 cuando Alberto Núñez Feijóo, en la primera reunión con Pedro Sánchez después de la investidura, puso sobre la mesa la mediación de la Comisión Europea. Y el líder socialista acogió la propuesta con buenos ojos. El PP esgrimía que “si los socios del Gobierno no se fían de él, la oposición tiene muy difícil fiarse” y argumentaba que la renovación del CGPJ “se tiene que hacer con todas las garantías de independencia”. Mientras tanto, la Moncloa defendía que este era un “buen punto de partida” para intentar “desatascar” la situación. A pesar de eso, las posturas continuaban enfrentadas, ya que mientras los populares reclamaban reformar simultáneamente el CGPJ y la forma de escoger los miembros, los socialistas apostaban por priorizar la renovación de los vocales. Y se decidió que el encargado de mediar entre las dos partes fuera el comisario de Justicia, Didier Reynders.
La primera cita entre Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Esteban González Pons, vicesecretario institucional del PP, fue el 31 de enero. A la salida de la reunión, los populares se declararon “pesimistas” con las negociaciones, mientras que el Gobierno celebró un encuentro “constructivo” en la que estaba siendo la “última oportunidad” para renovar el CGPJ. Había que seguir trabajando y las dos partes se citaron nuevamente el 12 de febrero. Ahora bien, el representante del PP se puso enfermo y se tuvo que posponer la reunión. Finalmente, el 19 de febrero el PP y el PSOE volvieron a encallarse: Pons reiteraba que no podían “consentir” un CGPJ en el que “los jueces no escojan los jueces” y Bolaños insistía en que primero tocaba renovar los vocales y después “iniciar conversaciones para mejorar el modelo en la medida del posible”. El bloqueo tampoco se resolvió el 13 de marzo: el ministro Bolaños ponía énfasis en el hecho de que el acuerdo era “complejo”, pero “absolutamente necesario e imprescindible”. Todas las partes se emplazaron a reunirse en Madrid. Pero la cita, que tenía que ser el 27 de marzo, se aplazó después de que Reynders constatara que las partes “necesitaban más tiempo”.
Aquel encuentro nunca llegó. El 15 de abril, Didier Reynders se cogió la excedencia para centrarse en la campaña para aspirar en la secretaría general del Consejo de Europa y eso dejó en el aire la mediación. Quien le cogió el testigo fue la vicepresidenta de la Comisión Europa y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová. El 12 de junio Félix Bolaños contactó con Esteban González Pons para reanudar la negociación. Finalmente, los dos se citaron por primera vez con Věra Jourová este martes por la tarde y el resultado del encuentro ya es historia. Al final, la mediación europea, de la que el presidente interino del CGPJ recelaba (“No hay que recurrir al belga”, dijo Vicente Guilarte), se ha acabado convirtiendo en el elixir contra el bloqueo. Y la entrada en vigor de la amnistía no ha impedido lo que previamente habían imposibilitado un WhatsApp filtrado, las críticas a Juan Carlos I y un acuerdo con ERC para desjudicializar la política.