El espionaje a más de sesenta dirigentes independentistas con Pegasus ya ha atravesado fronteras y se ha podido conocer por todo el mundo gracias a la denuncia que ha hecho este lunes el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ante el Human Rights Council de las Naciones Unidas. Antich ha comparecido en la sede de Ginebra a través de un vídeo y ha pedido responsabilidades al Gobierno por el espionaje a independentistas que demostró Citizen Lab.
"Citizen Lab ha certificado que 65 personas han sido espiadas en Catalunya de manera ilegal. El CatalanGate es el caso más grande de espionaje en el mundo utilizando Pegasus y hay pruebas convincentes que señalan el estado español", ha empezado relatando Antich que ha recordado que las víctimas son políticos, activistas, periodistas y abogados, entre otros, relacionados con el movimiento en favor de la autodeterminación de Catalunya. En la misma línea, el presidente de la entidad independentista ha recordado que Òmnium, que es miembro de la European Language Equality Network, ha tenido víctimas de este espionaje como es el entorno del expresidente Jordi Cuixart. Antich ha aprovechado para apuntar que Cuixart estuvo encarcelado y que las Naciones Unidas ya lo denunciaron a través del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Ataque a la sociedad civil
En el vídeo se puede ver cómo Xavier Antich subraya que el espionaje ha sido un ataque "al corazón de la democracia" porque se ha utilizado Pegasus para atacar la sociedad civil y la oposición política y que eso también representa "una violación manifiesta del derecho a la libertad de reunión y manifestación". Es por todo eso que el dirigente independentista invita a la ONU a intervenir a fin de que el estado español ponga en marcha una investigación inmediata para identificar y sancionar a los responsables y aportar una respuesta: por qué motivo hemos sido espiados, quién tiene acceso a la información recaudada y con qué finalidad lo ha utilizado". "Sancionar a los autores y ofrecer la verdad a las víctimas es esencial para asegurar que estos actos intolerables no se vuelven a repetir nunca", ha concluido Xavier Antich. Por su parte, el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Voule, ha respondido a Òmnium Cultural, hecho poco habitual, haciendo un llamamiento al Consejo de derechos humanes a tomar una "acción contundente" para que los estados prohíban el uso de Pegasus, porque es una herramienta que "vulnera la privacidad y pone en peligro a la ciudadanía".
Relaciones rotas con el estado español
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, anunció el jueves pasado que no harán la reunión Bilateral con el Estado de julio "porque no hay ningún traspaso importante sobre la mesa". "Primero tenemos que cerrar la crisis de Pegasus y después podremos hablar de otros elementos", añadió. En un acto en Forum Europa – Tribuna Catalunya, la consellera dijo que el Govern no quiere una bilateral "de una foto" y advirtió al Gobierno que no se reunirán en este formado hasta que "se dan las condiciones", es decir, que se hable antes sobre "temas anti-represivos y sobre derechos fundamentales". "Por el resto, las relaciones no están normalizadas", concluyó. Además, Vilagrà volvió a reclamar una "negociación real e intensa" en la mesa de diálogo.