El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamado "denunciar a los jueces que sabotean abiertamente la ley de amnistía". El líder independentista ha criticado que el poder judicial en el Estado español se pueda rebelar impunemente contra el poder legislativo" y los jueces puedan incumplir la ley sin ninguna consecuencia. Una denuncia pública que llega dos meses y tres días después de la entrada en vigor de la ley, periodo que ha superado el establecido a la misma norma para que los jueces decidan su aplicación en todos los casos posibles. De hecho, según datos de Alerta Solidària, tan solo se han amnistiado el 25% de los casos que la organización considera que entran en el marco que define la norma, y de los cuales la mitad son agentes de policía de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Solo 105 amnistiados después de dos meses

El último balance de Alerta Solidària apunta que hasta ahora han sido amnistiadas 105 personas —51 policías, 45 manifestantes y 9 cargos públicos. La entidad antirrepresiva calculó la primavera pasada, cuando se aprobó definitivamente la ley, que había 419 personas amnistiables de causas penales entre la sociedad civil, es decir, solo manifestantes o activistas. Así, si se contabilizan solo los 45 manifestantes amnistiados, el porcentaje de aplicación de la amnistía tan solo habría llegado al 10%. La Fiscalía General del Estado calculó que la norma se podría aplicar a un total de 486 personas, mientras que Òmnium situaba en 697 personas aquellas que se podrían amnistiar por delitos penales.

Alerta Solidària también destaca en su seguimiento de la amnistía que ha habido 39 casos en que se ha denegado la amnistía, que mayoritariamente afectan políticos o cargos públicos. El caso más paradigmático es el del president en el exilio Carles Puigdemont, pero también ha sido rechazada en caso del exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por el delito de malversación. Además, en 71 casos —de 56 políticos y 15 manifestantes— la decisión final se ha derivado en otro tribunal, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el caso de los investigados por la operación Judas y los casos que afectan a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga.