El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), se sentará en el banquillo de los acusados por un delito continuado de prevaricación durante su primer mandato como alcalde de la ciudad. ¿El caso? La instalación sin licencia urbanística ni ambiental de dos antenas de telefonía móvil en una zona calificada para equipamiento, en las dependencias de la Guardia Urbana en el Turó d'en Caritg, en julio de 2012. Este lunes, doce años después, la Audiencia de Barcelona ha de empezar a juzgar a Albiol -que actualmente está en su tercer mandato como alcalde de Badalona-, junto con el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Badalona y actual concejal del PP en Santa Coloma, Miguel Jurado; así como el exgerente de Urbanismo, Xavier Salvà, y el exconsejero delegado de la empresa municipal Engestur, Tomás Vizcaíno.
El caso se mantuvo vivo cuando Dolors Sabaté (Comuns) ganó la alcaldía, y por eso la fiscal también acusa al concejal de Urbanismo de su equipo de gobierno, Oriol Lladó (ERC) -que dimitió cuando Esquerra rompió con Guanyem- y a Josep Duran, jefe del departamento de licencias y obras. Todos niegan haber cometido ninguna irregularidad. Vodafone desmontó su antena, el verano del 2018, y Movistar, en enero de 2019. Inicialmente, la sección 5.ª de la Audiencia de Barcelona ha programado siete sesiones del juicio, esta semana y parte de la próxima.
Petición de penas de prisión
La Fiscalía de Medio Ambiente pide para Albiol 2 años y 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación a cargo público por el delito continuado de prevaricación, un delito continuado de prevaricación urbanística, y otro de prevaricación ambiental por la instalación de las antenas en la comisaría de la Guardia Urbana. La misma pena pide para Salvà y Vizcaíno, como cooperadores. Para Lladó y Duran, la Fiscalía solicita un año y 6 meses de prisión por el delito de prevaricación urbanística, y para Jurado, un año de inhabilitación a cargo público por delito de omisión del deber de perseguir delito. El juez instructor de Badalona dictó la apertura del juicio en marzo de 2023 y tres meses después, en junio, Albiol volvió a ganar las elecciones municipales en Badalona.
La Oficina Antifraude de Catalunya cifró en 17.448 euros, el dinero que tendría que haber recaudado el consistorio por estas instalaciones, por eso el magistrado indicó que Albiol y Vizcaíno tenían que aportar de forma solidaria una fianza en metálico de 20.000 euros. También ordenó que Vodafone aportara una fianza en metálico de 15.000 euros, la misma que se reclama a Movistar.
Albiol "no lo autorizó ni por escrito ni verbalmente"
La defensa de Albiol, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, afirma que el alcalde "nunca autorizó ni por escrito ni verbalmente" la instalación de estas dos antenas, ni fue informado por los responsables municipales y técnicos, según el escrito de defensa al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. Precisa que Albiol sí que se entrevistó con responsables de la Guardia Urbana, que le expresaron su temor a que estas instalaciones pudieran emitir radiaciones cancerígenas. Indica que se encargaron dos informes medioambientales, en el 2012 y en el 2014, que concluyeron que todos los parámetros eran normales. Nada sabía de las licencias, sostiene.
En este sentido, la defensa manifiesta que las responsabilidades de Albiol como alcalde son amplísimas e "inabarcables" y, que solo presidía Engestur -empresa responsable de la instalación de las antenas-, como el resto de las seis empresas públicas por su cargo. Por ello, manifiesta que es "inexigible" que se le pida responsabilidades, y más cuando en el consistorio hay “potentes equipos, como el de Urbanismo". También precisa y corrige a la Fiscalía, cuando sostiene que no era el área de Urbanismo la que tenía que corregir estas instalaciones, sino el área de Patrimonio y el área Pública y de Movilidad, a cargo de otro concejal.
Por su parte, Miguel Jurado, defendido por el penalista Josep Riba, también descarta que tuviera ninguna responsabilidad ni poder sobre la instalación de las antenas. Precisa que Jurado fue concejal de Seguridad Ciudadana del 2011 en el 2015, y que el pleno del Ayuntamiento badalonés aprobó el 24 de abril de 2014 la cesión de competencias a la empresa municipal Engestur sobre la implantación de estas estaciones y la prestación de servicios de telefonía. Además, detalla que en aquella época Jurado despachaba con Antonio Piña, como jefe de seguridad de la Guardia Urbana, pero no sobre temas de Territorio, como podrían ser la gestión de las estaciones de telefonía".
El abogado, en el escrito de defensa, también sostiene: "El señor Jurado nunca trasladó al Sindicato de Funcionarios de Policía (SFP), ni a ninguna persona, la corrección y legalidad de las antenas, ni tampoco ocultó ninguna irregularidad, para no conocerla." Solo admite que la única cuestión que se le comunicó al concejal fue "la preocupación por la nocividad de las emisiones de la base de telefonía", y ante las quejas Jurado solicitó de manera expresa que se elaborara un informe técnico y se tomara mediciones para valorar la existencia de posibles efectos nocivos para la salud de las personas por las emisiones que producían, y se encargaron dos informes que concluyeron que las emisiones se encontraban dentro de los rangos autorizados y cumpliendo la normativa.
"En definitiva, el señor Jurado nunca aseguró ni pública ni privadamente que las antenas tenían licencias ni que cumplían con los requisitos legales previstos, sino que lo comunicó es que las antenas se encontraban dentro de los niveles de emisiones permitidas", concluye Riba.
Y, el exconcejal de Urbanismo Oriol Lladó, defendido por el penalista Andreu van den Eynde, también descarta haber cometido ningún delito porque las antenas ya estaban instaladas con el gobierno del PP, y otros departamentos, que no eran responsabilidad suya, negociaron la retirada de las antenas, que se ejecutó en el 2018 y en el 2019.