–¿Cómo describirías lo que fue Intxaurrondo?

–Fue la casa de los horrores

Quien habla es Idoia Zabaltza, hermana de Mikel Zabaltza. En 1985, su hermano era un joven de 33 años. Era de Orbaizeta, un pueblo de la montaña de Navarra, pero vivía y trabajaba en Donosti, en la compañía de autobuses. No tenía ningún tipo de vinculación con ETA. Sin embargo, "como era habitual" después de muchos atentados, después de un ataque en Guipúzcoa, la Guardia Civil procedió a una redada. Se lo llevaron a él, a su pareja, a otro chico del pueblo y a su primo, que estaba en su casa pasando una temporada. También dos hermanos de Mikel. "Nosotros no supimos nada de su detención, porque no nos comunicaron nada. Del resto sí, pero de él no. Sólo sabíamos que no había ido a trabajar", explica Idoia, recordando los primeros momentos. Les negaban que estuviera detenido, aunque sabían que lo estaba.

Fueron pasando los días y el caso era muy extraño. Todos los demás salían en libertad menos él. Su madre se acercó hasta Intxaurrondo —el cuartel comandado por el general torturador Enrique Rodríguez Galindo- pidiendo explicaciones. El guardia civil de turno le respondió que "preguntara en objetos perdidos". Siguieron pasando los días y llamaba tanto la atención que las autoridades dieron una versión diferente de la inicial: que había sido detenido, que aquella misma noche habían ido con él a supuestamente comprobar un zulo y que entonces se les escapó. Las páginas en el calendario siguieron pasando. Al cabo de 20 días de la desaparición, el cadáver de Mikel Zabaltza apareció flotando en el río Bidasoa, todavía esposado, donde supuestamente había huido según la Guardia Civil.

La versión oficial se mantuvo desde entonces: intentó escapar saltando al Bidasoa. Pero la familia y el entorno de Mikel Zabaltza no daba ningún tipo de validez. Al cabo de diez días de la redada, ya fueron saliendo el resto de detenidos. También habían estado en Intxaurrondo y oyeron gritos y vómitos. También que alguien decía "se nos va". E incluso su pareja vio un cuerpo tapado. Como siempre en estos casos, la palabra del policía contra la del detenido.

No ha sido hasta ahora, sin embargo, que se ha podido conocer un nuevo elemento. Coincidiendo con el estreno del documental Non dago Mikel? (¿Dónde está el Mikel?) ha emergido la grabación de una conversación entre mandos de la Guardia Civil. Los que hablan son el entonces coronel del CESID, Juan Alberto Perote, y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto. Fue de la siguiente manera:

PEROTE: El tema de Zabaltza está muy feo

GÓMEZ NIETO: Sí, muy mal.

PEROTE: ¿Has hablado con Felipe y estos?

GÓMEZ NIETO: No, no he hablado. Yo, mi... Un juicio así rápido mío de valores, que se les ha ido la mano, que se les ha quedado en el interrogatorio

PEROTE: ¿Tú crees que se les murió en Intxaurrondo?

GÓMEZ NIETO: Sí, mi impresión es que en el interrogatorio. Posiblemente fue un paro cardiaco como consecuencia de la bolsa en la cabeza. Esta es mi impresión. Cometieron muchos errores. Estar interrogándolo habiendo al lado los familiares...

Idoia Zabaltza ya conocía el documento. Había leído las transcripciones. Aun así, escuchar la grabación de los propios guardias civiles "impacta", admite hoy. "Impacta no ya por lo que dice, sino por el tono. Por la total naturalidad con la que hablan", asegura la hermana de Mikel Zabaltza. "Hablan con la naturalidad que un jardinero dice que ha colocado cinco árboles o un peón de obra diciendo que ha colocado una veintena de ladrillos", afirma.

Una prueba muy evidente. Sin embargo, cuando llegó a los tribunales en 1996 a través de las transcripciones, estos la denegaron. El juez justificó que "no presenta una mínima calidad convictiva". Gómez Nieto negó la existencia de la conversación y el ministro de Defensa, Eduardo Serra, dijo que no existía "ningún documento que contenga información que pueda contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo la muerte de Mikel Zabaltza". Ahora han emergido los audios, pero el caso sigue sin reabrirse. En 1995 un guardia civil también confesó que había visto el cuerpo de Zabaltza en un ascensor de Intxaurrondo, pero nada de nada. Durante más de tres décadas se ha perpetuado la sensación de impunidad. La versión policial siempre se ha impuesto. De hecho, el teniente Gonzalo Pérez García, inicialmente procesado por el caso, fue absuelto y después ascendido a coronel.

El caso Zabaltza está lejos de ser una excepción a la norma. El Instituto Vasco de Criminología ha documentado al menos 4.113 casos de tortura sólo en Euskadi

Pero el caso de Mikel Zabaltza está lejos de ser singular o una excepción a la norma. El prestigioso forense Paco Etxeberria, del Instituto Vasco de Criminología, lideró el estudio más exhaustivo al respecto, por encargo del Gobierno vasco. Fue presentado el 2017 y pudo documentar hasta 4.113 casos de tortura y maltratos entre los años 1960 y 2014 siguiendo el protocolo de Estambul, el mismo que ha adoptado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, el mismo Etxeberria advertía que la incidencia fue mucho mayor. En primer lugar, porque no pudieron acreditar muchos casos de la dictadura (trabajaban con un censo de más de 20.000 detenidos). En segundo lugar, porque sólo se centra en la Comunidad Autónoma Vasca, pero no Navarra, donde no se ha hecho ningún estudio como este. Hay que tener presente, como denunció entonces el experto forense, que fue un arma sistemática en el marco de la lucha antiterrorista.

De los casos documentados por Etxeberria, en 1.792 está implicada la Guardia Civil, que recorría sobre todo a la bolsa en la cabeza. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) es responsable de al menos 1.785 casos, y optaba especialmente por las descargas eléctricas y la práctica de la bañera. En 336 casos ha sido a cargo de la Ertzaintza, que hacían uso de posturas forzadas y otras formas por producir extenuación física y cansancio. El 43% de los torturados acabaron saliendo en libertad. El régimen de incomunicación, que también aplicaron a Mikel Zabaltza, es el que permitía este tipo de vulneraciones.

FOTO: El abogado Sebastià Salellas llevó la defensa de los quince independentistas catalanes

Hay otros balances y estimaciones. Es el caso de la Fundación Euskal Memoria, que tiene como objetivo reconstruir la memoria histórica de Euskal Herria, que trabaja en este tipo de casos y que colabora de forma a menudo con el Instituto Vasco de Criminología. Su centro de documentación eleva hasta 5.657 los casos verificados de tortura en el País Vasco y Navarra. En unas proporciones similares, el 47% es de la Policía Nacional, el 41% de la Guardia Civil y el 7% de la Ertzaintza.

Si bien la tortura fue una herramienta generalizada con los detenidos en Euskal Herria, no se circunscribe a este territorio. En Catalunya también ha habido denuncias en este sentido. Sin ir más lejos, la primera condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este sentido fue de quince independentistas catalanes detenidos poco antes de los Juegos Olímpicos del 92. En 2004, Estrasburgo condenó al Estado español por no investigar las denuncias de torturas físicas y psicológicas presentadas por estos, en el marco de la Operación Garzón, bautizada así por el magistrado instructor Baltasar Garzón.

La primera condena del TEDH en España fue por no investigar las denuncias de quince independentistas catalanes

Ahora Paco Etxeberria trabaja como asesor del Gobierno en materia de memoria democrática, pero se remite a lo que ya dijo anteriormente. Ya hace años que ha denunciado cómo era una práctica "sistemática" contra cualquier detenido. Había documentado casos de todo tipo, que no se limitaban al "entorno de ETA", un concepto también ambiguo. Entre los 4.113 hay cirujanos, profesores universitarios, militantes sindicalistas, sacerdotes e incluso militantes del PNV o del PSOE. Un dato sintomático: sólo 1.081 denuncias corresponden al periodo de la dictadura y a los primeros años de la transición. El resto, al periodo de "democracia plena", utilizando los términos del Gobierno.

"Fue sistemática y generalizada", confirma Ainara Esteran, de la fundación Egiari Zor, que trabaja por los derechos de las víctimas que han sufrido la violencia de los Estados francés y español en el marco del conflicto vasco. "Ha sido sistemática y generalizada porque había un pacto de Estado que lo facilitaba, que perpetuaba inercias franquistas hasta la democracia", constata la representante de la entidad. Señala como incluso se "incrementó" después de la dictadura. "Es impensable que una práctica prohibida bajo cualquier circunstancia en una democracia pueda alargarse durante tantas décadas si no es con un pacto de Estado", insiste Esteran. Un pacto de Estado que también es un pacto de silencio y de impunidad.

Basta ojean las sentencias condenatorias. Por estos miles de casos de tortura, según el informe del Instituto Vasco de Criminología, ha habido sólo 20 resoluciones de condena del Tribunal Supremo sobre un total de 31 personas afectadas. Ha habido 49 personas condenadas por estos maltratos. En cambio, un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habla de 448 condenados por "sufrimientos físicos y mentales" entre los años 2013 y 2019. También incluye a los funcionarios de prisiones, otro punto oscuro.

De los pocos policías condenados, muchos han sido indultados, condecorados e incluso ascendidos

No sólo eso. En los casos donde hubo condena por tortura, los agentes condenados fueron posteriormente indultados por el Gobierno. Es el caso de los responsables de la muerte Joxe Arregi, ahora hace cuarenta años. Los dos policías condenados, Julián Marín y Juan Antonio Gil Rubiales, fueron indultados por el ejecutivo de Felipe González. Los dos agentes se reincorporaron al CNP. Incluso Gil Rubiales fue ascendido a comisario jefe provincial en Tenerife. El general Enrique Rodríguez Galindo, responsable de Intxaurrondo, fue condenado a 71 años de prisión por el caso Lasa y Zabala. Sólo pasó cinco años privado de libertad.

Idoia Zabaltza señala varios condicionantes que han permitido esta impunidad. En primer lugar, indica cómo las personas que han sufrido torturas salen con un "miedo atroz". Pero también cómo "era habitual" que denunciaran a quién tenía el valor de denunciar torturas. Además, desde los medios de comunicación estatales se les acusaba de estar "al servicio de ETA". Lamenta como sólo aquellos casos "con secuelas muy evidentes", como el caso de Arregi o de otros que han acabado en el hospital muy graves, ha habido depuración de responsabilidades.

Ha habido una negativa de la política a reconocerlo y una ausencia de la justicia a la hora de depurar responsabilidades. Pero los medios de comunicación también fueron una parte importante del engranaje de esta impunidad. Como ejemplo, el reportaje que publicaba El País en mayo de 2002, titulado Torturas en el País Vasco: ¿realidad o simple propaganda?. El periodista destacaba que "en comparación con otros países, el sistema español puede ser considerado garantista", que sólo eran unos "casos aislados" y compraba el relato de la policía. "ETA utiliza los supuestos maltratos infligidos por la policía a los detenidos para ganar simpatizantes para su causa", concluía.

FOTO: Mural en recuerdo a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, muertos a manos de los GAL

"El negacionismo ha sido una parte clave, una herramienta al servicio de la tortura," denuncia Ainara Esteran. La responsable de Egiari Zor señala toda una cadena de complicidades: "No sólo son responsables el policía, el guardia civil o el ertzaina de turno. También lo son los jueces que han mirado hacia otro lado, o la implicación imprescindible de muchos médicos forenses". Si hubiera habido depuración de responsabilidades, asegura, "no se habría alargado durante tantos años".

Condenas internacionales

No ha habido depuración de responsabilidades a pesar de las numerosas condenas internacionales al Estado español por no investigar las denuncias de torturas. La primera fue la de los 15 independentistas catalanes detenidos por los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero desde entonces no han parado de caer nuevas sentencias. Desde el 2004, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido hasta once sentencias condenatorias contra España por vulneración del artículo 3, por no investigar cómo toca estas denuncias. Como hecho sintomático, en siete de estas condenas el juez instructor era el entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Pero la primera condena internacional llegó antes, en 1998, de la mano del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas por el caso de una ciudadana vasca detenida por la Guardia Civil. El mismo comité también ha condenado al Estado español en 2005 y en 2019. El relator de la ONU visitó Madrid y Euskal Herria en el 2004, una visita de la que salió un informe con "recomendaciones". Estas recomendaciones directamente fueron despreciadas por el gobierno del Estado. Calificó el informe de "falso" y las recomendaciones de "absolutamente inaceptables".

El Estado español acumula 11 condenas de Estrasburgo por no investigar denuncias de torturas

Organismos internacionales de derechos humanos también han hecho reiterados toques de atención a España. Es el caso de Amnistía Internacional, que ha emitido informes en varias ocasiones. En 2017, pidió al Gobierno que investigara las denuncias de torturas y no obstaculizara las distintas iniciativas de gobiernos autonómicos. Es el caso de la ley vasca de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1999. La Moncloa la llevó al Tribunal Constitucional. Finalmente, los dos gobiernos llegaron a un acuerdo en el marco de la comisión bilateral. "Oponerse al reconocimiento de las víctimas de torturas, sin proponer medidas alternativas, sólo sirve para consolidar la impunidad", advertía entonces Amnistía.

¿Confían las víctimas en que haya justicia? "La verdad, al menos, la estamos sacando a la luz después de muchísimas décadas. El negacionismo ha sido vencido por informes como el del Instituto Vasco de Criminología, que tiene carácter oficial," subraya Ainara Esteran. A falta de tribunales que actúen, mientras las víctimas van desapareciendo, consideran que pueden "entender la verdad como un elemento de justicia". En este sentido, insiste: "Que 40 años después haya un informe que diga que esto existió, que no mentían, puede ser considerado como un elemento de justicia". Señala el "desequilibrio" en el ejercicio de la justicia entre unas víctimas y otras en el marco del conflicto violento vasco.

En los mismos términos se expresa la hermana de Mikel Zabaltza. "Si habrá justicia, no tengo ni idea, porque poco a poco se nos está cerrando esta puerta", asegura. No tiene "ninguna esperanza". A pesar de todo, sí que la tiene en la verdad. "Quizás hay que renunciar a impartir justicia para saber la verdad", añade. Y concluye: "Igual cuando ya no haya nadie que lo pueda pagar, que tenga que rendir cuentas, igual entonces llegará el momento que podremos saber toda la verdad".