El fiscal del Supremo Javier Zaragoza ha descrito como "arbitraria e infundada" la denegación de la extradición del exconseller Lluís Puig por parte de la justicia belga. Zaragoza asegura que la sentencia que rechaza la euroorden contra Puig es "insostenible jurídicamente", incluye razonamientos "insólitos" e "inasumibles", y demuestra que "sin ningún tipo de duda" el espacio de cooperación judicial europeo "ha fracasado".
El fiscal también carga contra la decisión del juez belga de basar su sentencia en las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que para Zaragoza es una "simple opinión de un grupo de expertos contratados ad hoc por las defensas".
Lluís Puig el día que denegaron su extradición a Bruselas / ACN
Informe de la ONU
A diferencia del juez belga y varias resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo -que rechaza admitir casos si ya han sido examinados por el Grupo de Trabajo de la ONU para evitar duplicidades-, Zaragoza relativiza la importancia del informe de los expertos de las Naciones Unidas, según un artículo que recoge La Vanguardia.
"En esta opinión, que ni es fuente de derecho, ni tiene carácter vinculante, ni reúne las condiciones de objetividad, neutralidad e imparcialidad necesarias para su valoración, se afirma con inusual insistencia que los hechos sometidos a juicio habían ocurrido exclusivamente en el territorio de Catalunya y que la competencia correspondía únicamente al Tribunal Superior de Justicia de la citada comunidad autónoma. Ni una ni otra afirmación son ciertas", afirma el fiscal.
Ahora bien, el juez belga, sin embargo, avaló esta opinión del Grupo de Trabajo de la ONU. Además, se basó en esta para declarar que el Supremo era incompetente para reclamar la extradición de Puig. Según Zaragoza, "no es la primera vez que la justicia belga se muestra esquiva" con España y sus órdenes de detención, "cuestionando la calidad democrática" del Estado y su "estándar de respeto a los derechos humanos".
El fiscal se queja, también, que "ninguna institución española o europea, política o judicial, ha reaccionado ante tan singular despropósito". Además, afirma que las consecuencias de la sentencia belga sobre Puig son de una "enorme gravedad y representan un golpe de muerte para la cooperación judicial europea".