Archivada la causa por la muerte de 55 abuelos por covid en una residencia de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), al principio de la pandemia. Si bien la fiscalía y algunos familiares apuntaban al director del centro Residencial Palau, al médico y a la empresa como responsables de los delitos de abandono de persona necesitada, omisión del deber de socorro, homicidio imprudente y falsedad documental, la magistrada del juzgado de instrucción 3 de Sabadell no ha encontrado bastantes indicios de delito. Según la investigación de los Mossos d'Esquadra, la ineficiencia e imprudencia reiteradas en el tiempo en la práctica de medidas de prevención y control de la covid-19 causaron la muerte de medio centenar de residentes.

La magistrada ha dicho que se han practicado muchas diligencias de investigación, incluidos unos informes médicos forenses sobre la atención recibida por parte de cuatro residentes aleatorios. La cosa es que estos informes no aprecian abandono y concluyen que fueron visitados con regularidad, que las indicaciones médicas fueron proporcionales a los problemas planteados y que las decisiones terapéuticas "no pueden considerarse anómalas ni apartadas de la práctica médica". Tampoco se aprecian "deficiencias de cobertura".

Ningún incumplimiento en la residencia

Es así que ha concluido que la investigación no ha apreciado ningún incumplimiento deliberado o imprudente de las normas sanitarias emitidas por los diversos organismos de salud pública, ni tampoco se abandonó la asistencia. Además, ha reconocido una "situación de gran complejidad en la gestión, propia de la situación epidémica que se vivía". Tampoco se ha detectado un aislamiento inadecuado de los pacientes en la fase inicial de la pandemia, de manera que los residentes que murieron ocupaban ubicaciones diferentes dentro de la residencia. Esto hace pensar a la magistrada que el origen de la propagación fue en las visitas externas recibidas justo el día antes de decretarse la prohibición de visitas por parte de las autoridades sanitarias.

El auto recuerda que era un centro residencial y no sanitario, a la vez que ninguno de los residentes requería un ingreso hospitalario. Si así hubiera sido, tampoco se hizo la petición y también pone en duda que se habría acabado considerando conveniente a causa del colapso de los hospitales. También indica que, desde el 1 de abril de 2020, el Equipo de Atención Primaria del municipio asumió la supervisión sanitaria de los usuarios del centro. Finalmente, la magistrada ha señalado que la falta de información o descoordinación en su transmisión no es un delito, a pesar de admitir la angustia provocada a las familias. Además, ha considerado que no se incumplió la ratio de profesionales por número de residentes.

¿Qué dijeron los testigos y los informes?

Los testigos interrogados describieron situaciones como fiestas con medio centenar de residentes sin mascarilla ni distancia de seguridad, desatención de los residentes o falta de comunicación con los familiares. También dijeron que los familiares no pueden ver con sus padres o abuelos, y en algunos casos ni siquiera hablar. En esta línea, la residencia no hizo la primera comunicación con el SEM hasta el 4 de abril, cuando ya habían muerto nueve residentes por covid. Es decir, que los datos recogidos denotan una falta de comunicación directa con los familiares, con impedimentos para poder hablar con las personas que residían allí o verlos por videollamada. También había una negativa tajante ante cualquier posibilidad de extracción del centro. La falta de comunicación se hacía evidente con los estamentos sanitarios, sin llamadas en el 061, el 112 o el SEM hasta el 4 de abril.

El 4 de abril ya habían muerto nueve personas en la residencia, pero el primer traslado a un centro hospitalario no se produjo hasta el 15 de abril. Desde entonces, y hasta el 29 de abril, se hicieron una decena. Los informes también relatan una falta de limpieza suficiente en las habitaciones, sin reparar los residuos contaminantes y que no había la disposición necesaria de los equipos de protección personal, los EPI.

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