El uso del certificado covid para acceder al interior de establecimientos en los municipios con alto riesgo de propagación del coronavirus ya es una realidad en Galicia y Canarias. Con su precedente, el resto de territorios dentro del Estado contemplan la aplicación de la medida con criterios dispares, ya que de momento, cuenta con el rechazo de Catalunya y el País Valencià, a la vez que Madrid y Castilla-La Mancha han pedido una estrategia nacional coordinada por el Ministerio de Sanidad.
¿Cómo funciona el certificado?
Desde ayer, es obligatorio para todos los mayores de 12 años presentar el certificado de vacunación o una prueba negativa de la covid para entrar en los locales de hostelería de la isla de Tenerife, a causa de su elevada incidencia, y desde el sábado pasado también lo es en los municipios con mayor transmisión de Galicia, informa Efe.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, considera que hay una "base legal" para imponer la medida. A pesar de esto, preguntada por la posibilidad de utilizar el certificado digital de la UE con esta finalidad, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recalcó el carácter europeo de este documento y que su objetivo es facilitar la movilidad entre países, avalando que su usuario está vacunado, ha pasado la enfermedad o dispone de una prueba diagnóstica negativa. Darias señaló que es necesaria una regulación legal para permitir el uso de este documento y consideró que se verá "en su momento, si es procedente o no".
Los otros se lo piensan
De momento, la imposición del certificado covid para interiores ha sido rechazada este martes por el Govern catalán con el fin de evitar "perjudicar" a los que todavía no han recibido la vacuna. "En estos momentos, no es una realidad", ha dicho la portavoz del Govern, Patricia Plaja, que no ha descartado que en un futuro la Generalitat estudie su implementación, tal como ya adelantó el conseller Argimon, porque "las cuestiones relacionadas con la pandemia son muy cambiantes y volátiles".
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este martes que no ve "oportuno" ni "correcto" que se aplique la opción de pedir el certificado hasta que no se haya dado la posibilidad de vacunación a toda la población. "Hay que verlo desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas," ha destacado Puig, quienha agregado que es una cuestión que hay que analizar de una manera "serena, tranquila," y viendo "todas las fortalezas y debilidades de esta opción".
Otra comunidad que lo ha descartado ha sido Madrid, que "de momento" no prevé solicitar el certificado covid en la hostelería o lugares de ocio, pero ha exigido al Ministerio de Sanidad que "por una vez ejerza labores de coordinación" para su aplicación.
En esta misma línea se ha manifestado Castilla-La Mancha que, en palabras de la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, esta medida tiene que adoptarse en el marco nacional, porque "si no, volvemos locos a los ciudadanos y a los turistas". En este sentido, ha insistido en que le corresponde al Ministerio de Sanidad, de manera dialogada con las comunidades autónomas, adoptar unas medidas iguales para todas las regiones.
El precedente europeo
Recientemente, el Gobierno de Italia ha aprobado un decreto por el cual, a partir del 5 de agosto, se pedirá el certificado covid a toda persona que quiera entrar en un bar o un restaurante. De la misma manera, Portugal exige presentar test negativo de covid o certificado de vacunación para acceder al interior de restaurantes en los municipios con mayor incidencia durante los fines de semana.
En Francia, el proyecto de ley ya ha sido aprobado e incluye, además de obligar a presentar el certificado covid para entrar en la mayor parte de lugares públicos, otras medidas para hacer frente al rechazo de numerosos franceses en la vacuna, como la vacunación obligatoria de todo el personal sanitario.
Para entrar en el interior de los bares, restaurantes, discotecas, cines y teatros de Grecia es obligatorio mostrar el certificado de la vacunación desde mediados de julio. Además, aquellos establecimientos que no cumplan con la normativa se enfrentan a una importante sanción económica.