Los comités de empresa de las principales editoras de prensa impresa de España “exigen” al gobierno español “una aportación pública para seguir prestando [su] servicio en condiciones de calidad ante la situación económica a la que se ven abocadas las empresas y que muchas pretenden aprovechar para imponer ERTE absolutamente desproporcionados”, según un comunicado que firman los comités de El País, La Vanguardia, El Periódico, Grupo Vocento (diez diarios regionales, entre ellos El Correo y Diario Vasco), Expansión y Heraldo de Aragón.

El comunicado recuerda que “la prensa ejerce una labor considerada servicio esencial por los decretos [de estado de alarma]” y que en algunos sectores así considerados —cita las clínicas privadas— está prohibido aplicar cualquier ajuste de plantillas, incluídos ERTE. Estas regulaciones “impedirán la continuidad en la prestación de este servicio esencial en las condiciones que diferencian a los grandes medios de otros donde la desinformación y los bulos encuentran terreno abonado”.

Los comités entienden que “la hibernación de la economía ha provocado una caída de las campañas publicitarias, principal sustento de la prensa escrita y online”, a la vez que “la venta en quioscos y las suscripciones también se han reducido”. Pero rechazan que la solución sean los ERTE. “Las plantillas están haciendo un gran esfuerzo para satisfacer la gran demanda de información veraz y contrastada sobre la pandemia, cumpliendo, además, las disposiciones de los decretos ley derivados del estado de alarma que les obligan a difundir las decisiones del Ejecutivo”.

Para los trabajadores de la prensa, “reducir las plantillas de las redacciones en estos momentos de crisis solo significa una reducción del derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados, tanto para hacer frente a la vida cotidiana como para la fiscalización de los poderes públicos”.

El comunicado cita los ejemplos de Italia o Dinamarca, cuyos gobiernos han aprobado medidas de ayuda a la prensa, y el caso español, “con las ayudas que el Ejecutivo ha aprobado para las televisiones privadas”.