Después del escándalo de la compra fallida de la primera partida de tests rápidos que el Gobierno adquirió a un fabricante chino a través de un proveedor nacional, las autoridades de China han abierto una investigación a la empresa responsable, Shenzen Bioeasy Biotechnology.
Inicialmente el ministerio de Sanidad habló de 9.000 pruebas que una vez comprobadas habían resultado defectuosas, porque daban falsos negativos. Ante la insistencia y las diversas filtraciones a medios, el ministro Salvador Illa tuvo que acabar admitiendo que el volumen de tests que tuvieron que devolver porque no servían era mucho mayor, de 640.000. Los 9.000 eran el primer lote. Habían llegado 50.000 más y el resto no habían salido todavía de China. La empresa se ha comprometido a cambiar el producto por otro.
Hasta ahora, los resultados de la investigación, todavía en marcha, no han detectado irregularidades. Cuando trascendió la noticia, la embajada china hizo público que la empresa en cuestión no contaba con licencia en la China para vender material médico. El Gobierno se defiende afirmando que sí que tenía el aval del certificado del en UE.