El gobierno de Canarias ha publicado hoy en su Boletín Oficial el decreto ley que unifica toda la normativa covid de la región, en el cual abre la puerta a no dejar trabajar aquellos que se nieguen a vacunarse o a presentar una prueba diagnóstica negativa.
Concretamente, será el gobierno de las Islas, "en su condición de autoridad sanitaria" el encargado de determinar qué sectores se verán afectados por esta nueva medida, algo que todavía no se ha definido. El documento tampoco aclara en qué situación laboral quedaría el trabajador en estos posibles casos.
"Restricciones personalizadas"
"La denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se recogerán por escrito y comportará la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo o la actividad por la cual se condicionó la realización de la prueba diagnostica. Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de la vacunación", recoge el documento de 88 páginas.
Además, tal como señalan desde el Ejecutivo canario, rechazar tanto hacerse un test como vacunarse podría suponer la "imposición de restricciones u obligaciones personalizadas". Las pruebas diagnósticas se harán siempre "por personal médico en ejercicio y se someterá a los criterios de indicación establecidos en cada momento" por la autonomía o Sanidad. Así, la empresa o entidad tendrá que contar siempre con los medios necesarios" para hacer las pruebas.
Hasta que acabe la pandemia
Este decreto tendrá que pasar ahora por el Parlamento de Canarias para su tramitación como proyecto de ley. Además, también regula el uso de la mascarilla, los aforos, la distancia, las medidas de higiene o los aislamientos y cuarentenas.
Según se recoge en el mismo documento, el periodo de vigencia de estas medidas se mantendrá "hasta que sea declarada la finalización de la situación de la crisis sanitaria en el ámbito nacional".
Sin certificado covid
Canarias fue una de las autonomías que apostó para exigir el certificado covid para entrar en bares y restaurantes, imitando otros países como Francia. Con todo, sin embargo, como el resto de regiones que aprobaron esta medida sin el apoyo del Gobierno, la justicia la tumbó. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de esta manera, dio la razón a una asociación de empresarios.
En la imagen principal, un joven se vacuna en el recinto de La Farga, en l'Hospitalet / Montse Giralt