Con el objetivo de sensibilizar acerca del maltrato animal durante la pandemia de la Covid-19, el Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal (IPPPA) ha realizado un estudio a gran escala en la que analizan esta circunstancia en el Estado español. Para llevarla a cabo han hecho encuestas a un total de 120 protectoras de todo el país. Las conclusiones muestran el impacto que la pandemia de Covid-19 ha tenido sobre la protección de los animales en un contexto de continuadas restricciones de movilidad y los resultados no son buenos.
Más allá de los perros y los gatos, cada vez es más común tener en las casas mascotas como roedores, équidos y hasta reptiles. Según afirma Rubén Pérez, portavoz de IPPPA, “esto es debido a la facilidad de adquisición a través de vías tanto regulares como irregulares, como las redes sociales o conocidas páginas web de compraventa”. Y con todos ellos, la realidad es decepcionante.
Los datos recogidos muestran que un 51,6% de las protectoras ha detectado más casos de maltrato animal durante estos meses de confinamiento social. En este sentido, Rubén Pérez afirma que “todas las protectoras coinciden en que la ley no está funcionando para prevenir la crueldad extrema”. Pérez argumenta que “no solo la prevención ha fracasado, sino que también la penalización se percibe claramente ineficiente en el estudio”.
Preguntadas las protectoras sobre la efectividad de sus denuncias, el informe indica que hay una falta de sanciones, inhabilitaciones o condenas, a pesar de las advertencias constantes por parte de estas entidades. De hecho, el 78,4% de los encuestados considera que sus denuncias o intervenciones no acabaron en reproche alguno.
A esto se suma, tal y como alerta el Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal, la falta de capacitación generalizada de los funcionarios y de las fuerzas de seguridad en relación con el abordaje de casos de maltrato o de abandono de animales, que muchas veces desconocen qué herramientas pone a disposición cada norma autonómica para evitar el daño o para prevenirlo, como los decomisos provisionales.
Así queda reflejado en la encuesta y prácticamente la totalidad de las protectoras a las que se les ha consultado consideran que estos cuerpos conocen “muy poco” las Leyes de Protección Animal (57,9%) o ni siquiera saben de su existencia (42,1%). Según Rubén Pérez, “es urgente avanzar en este campo para dotar a funcionarios y fuerzas de seguridad de las herramientas necesarias para el abordaje de estas situaciones”.
Más del 78% de las denuncias o intervenciones no acabaron en castigo alguno
Las protectoras que han participado en el estudio han aportado fotos y textos explicativos de casos concretos de maltrato grave producidos desde la declaración del Estado de Alarma hasta el pasado septiembre. Con ellos y testimonios reales, IPPPA está confeccionando un “dossier de los horrores” que contenga los cien peores casos de maltrato animal en España con el fin de sensibilizar al sector político.