España es uno de los países de la Unión Europea donde más se han detectado noticias falsas sobre la Covid-19, según el último informe del Tribunal de Cuentas de la UE.
Durante los seis primeros meses de la pandemia, los auditores aseguran que el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea detectó que en Italia, Alemania, España, Bulgaria y Francia son los estados donde se crearon "el mayor volumen" de desinformaciones.
El presidente español, Pedro Sánchez, el francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, en un encuentro en la Moncloa / Moncloa
Importancia de la vacunación
En otro contexto, el Tribunal de Cuentas también ha remarcado la importancia de vacunarse de la Covid-19, así como de la repercusión que puede tener que los ciudadanos no lo hagan. "Un descenso en la cobertura de vacunación de pocos puntos porcentuales puede tener un impacto significativo sobre la salud pública, como demuestra el incremento de casos del sarampión en la UE en los últimos años", tal como se detalla en la ACN.
Según datos recogidos durante el verano por los auditores en un informe preliminar sobre la respuesta de la pandemia de la UE, más de la mitad de los ciudadanos de Polonia, Hungría y Francia tenían previsto vacunarse.
La UE, competencias limitadas
Además, este organismo también cree que la UE tiene unas competencias "limitadas", ya que desde Bruselas se han mostrado dificultades a la hora de reaccionar conjuntamente en la gestión de la actual crisis sanitaria marcada por la Covid. Así pues, los auditores han constatado las complicaciones que han tenido las instituciones de la UE para ayudar y coordinar en los estados.
"La pandemia representó una prueba sin precedentes para estas funciones, como demostró el uso limitado de la adquisición conjunta (de material médico) y el reto en lo que se enfrentó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades con la recogida de datos", se explica en la auditoría preliminar.
Bajo el punto de vista del Tribunal de Cuentas, esta situación propició que la adquisición de los EPI en la UE "fue limitada" y que la mayoría de los estados compraron por su cuenta el material protector. Además, los auditores han detectado "dificultades" de Bruselas para garantizar el suministro de pruebas y tratamientos.