La Fiscalía ha pedido que se archive la causa por malversación y homicidio imprudente por el traslado de ancianos de residencias en Barcelona en el primer Estado de Alarma por el coronavirus, al concluir que se prestó la mayor asistencia médica "posible" en una situación "muy excepcional".

Así lo solicita la Fiscalía de Barcelona en un escrito, al cual ha tenido acceso Efe, en qué pide al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que archive la investigación al considerar que no existen "elementos suficientes" para continuar con la causa, en la cual, entre otros, se investigaba si el exconseller de ERC Xavier Vendrell fue contratado irregularmente por la patronal de las residencia para gestionar centros alternativos.

La causa se abrió por un atestado de la Guardia Civil -a raíz de las escuchas en Vendrell en el caso Volhov-, que advertía sobre la posible existencia de un delito de malversación y de homicidio imprudente a raíz del traslado de varios pacientes de una residencia de Barcelona a diferentes hospitales, los días 2 y 4 de abril de 2020, de los cuales cinco acabarían muriendo de coronavirus.

Una situación muy excepcional

La Fiscalía concluye que no se ha podido determinar a efectos penales una relación de causalidad directa entre las defunciones y el traslado de los ancianos, que se llevó a cabo en una situación que aquellos días "era muy excepcional, a causa del nivel de saturación de los centros médicos en Barcelona".

Por este motivo, la Fiscalía considera que a los ancianos se les prestó "dentro de las posibilidades, la mayor asistencia médica posible, atendiendo a las circunstancias", ya que además aquellos días no existía ni protocolo ni normativa sobre cómo se tenía que hacer el traslado de pacientes de las residencias geriátricas, ya que no se publicó hasta el 15 de abril de 2020.

La directora de la residencia, que compareció como testigo a instancias de la Fiscalía, detalló que en el centro había ingresados 64 pacientes, atendidos por 33 personas -entre médicos y asistentes- las 24 horas del día los siete días de la semana, si bien antes del traslado, en plena ola del coronavirus, sólo quedaban siete personas asistiendo a los residentes, de las cuales únicamente dos eran auxiliares de clínica y el resto, personal no sanitario.

Los argumentos de la Guardia Civil

La Guardia Civil sostenía en un informe remitido al juez que en el traslado se mezclaron pacientes sin síntomas de Covid con ancianos que sí que presentaban síntomas, y que fruto de eso pudieron producirse contagios, a consecuencias de los cuales murieron algunos en los días posteriores.

No obstante, para la Fiscalía el atestado se basa en "suposiciones", ya que no aprecia "elementos objetivos que lo acrediten", porque los pacientes no habían sido sometidos previamente a ningún test para determinar si tenían coronavirus.

"Por lo tanto, es plausible que los mismos ya lo tuvieran antes del traslado o que se encomendaran en las clínicas a las cuales fueron trasladados, o como indican en el atestado, en el propio traslado", subraya la Fiscalía.

Al no apreciar delito de homicidio imprudente, la Fiscalía cree que tampoco se puede atribuir a la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos asistenciales (ACRA) un delito de encubrimiento por la supuesta negligencia o imprudencia en el traslado.

La Guardia Civil también apuntó a una posible malversación de fondos públicos para la contratación por parte de la Generalitat de la Unión de Entidades como organismo encargado de la derivación de pacientes desde la residencias a centros asistenciales y hospitales para pacientes sin Covid.

El cuerpo policial sostenía que el exconseller de ERC Xavier Vendrell, fue contratado por la patronal de las residencias para gestionar los centros que la Generalitat habilitó para albergar ancianos procedentes de residencias afectadas por la Covid-19, aunque pretendió garantizar su anonimato para que no trascendiera que habría cobrado 5.000 euros.

Un contrato justificado

No obstante, la Fiscalía detalla que el contrato con la Unión de Entidades, por valor de 209.352 euros, fue justificado con facturas de trabajos y subraya que la factura por valor de 5.000 euros no se ha acreditado que responda a una contratación falsa porque el destinatario de este importe trabajó en los traslados de pacientes entre abril y mayo del 2020.

En el marco de esta investigación, agentes de la Guardia Civil acudieron a julio del 2020 a las conselleries de Salud y Asuntos Sociales, por orden del juez, para recaudar información sobre los ancianos que fueron trasladados de centro, las medidas de aislamiento, la cifra de contagiados y muertos por coronavirus en los geriátricos, así como las pruebas PCR que practicaron.

 

Foto principal: Una residencia de personas mayores / ACN