El Gobierno ha intervenido desde el inicio de la epidemia 36 residencias geriátricas por mal funcionamiento. Según recoge la agencia EFE, siete de los centros han sido cerrados porque "no hacían el trabajo como tocaba" y cuatro siguen bajo control público. La agencia destaca la cifra, la cual califica "de importante" en comparación con las clausuradas entre 2010 y 2019. Concretamente, durante estos 10 años se cerraron 28.
Citando fuentes de los departamentos de Salut y de Treball, Afers Socials i Famílies, EFE destaca que durante el año pasado se hizo un seguimiento "exhaustivo" de las residencias a raíz de la pandemia, que causó una alta mortandad en los centros. En total. 4.557 internos murieron dentro de residencias sin llegar a ser trasladado a hospitales, además de "muchos otros centenares que murieron en centros sanitarios". Unas cifras negativas que llevaron a que la gestión de las residencias pasase también al Departamento de Salut, además del de Afers Socials, que sigue siendo el competente en las inspecciones, apoyado ahora por especialistas de Salut.
Un seguimiento que se ha concretado en más de 39.000 llamadas para hacer "acompañamiento y control" de las residencias, según las cifras que ha proporcionado el departamento de Afers Socials a la agencia. Con todo, desde la conselleria también han puesto han reconocido que no pudieron facilitar recursos sanitarios suficientes al inicio de la epidemia, y por eso, al tratarse de una crisis sanitaria, se acordó hacer también competente en el departamento de Salut.
El secretario general del departamento de Asuntos Sociales, Oriol Amorós, ha resaltado en EFE se han emprendido "unas 13.000 actuaciones y medidas en todas las residencias". Y ha puesto de relieve que "desde el inicio de la epidemia y de la mano de Salut se han desplegado y se ha hecho seguimiento de los protocolos contra la Covid-19 y se han reforzado las medidas higiénicas". Un trabajo gracias al cual después de la vacunación casi completa de los usuarios de las residencias y de sus trabajadores, esta semana solo queda una residencia, en Tarragona, con casos todavía activos de COVID en situación "roja".
Por este motivo, los responsables del departamento que dirige Chakir El Homrani defienden, a pesar de las numerosas críticas recibidas, que han actuado "de manera urgente y drástica cuando ha sido necesario, porque vimos que algunas no funcionaban bien y las intervinimos". Con respecto a la intervención de 36 residencias, de las cuales cuatro todavía permanecen en esta situación, sin embargo, destacan que se trata de un porcentaje pequeño de la totalidad del sector, que, en general, funciona correctamente y ha hecho un gran esfuerzo.
Amorós también ha destacado a la agencia que han contratado 219 técnicos de refuerzo "para hacer un seguimiento más preciso y con más proximidad de las residencias" conjuntamente con Salut y reforzar la Inspección de Servicios Sociales "para detectar posibles situaciones donde se haya que actuar". Al mismo tiempo, también se han reforzado con 2.248 nuevos contratos laborales el refuerzo directo del personal de las residencias públicas y ha ressituado a otros 2.700 trabajadores de los centros de día que se tuvieron que cerrar por la epidemia y la activación de 280 profesionales de atención domiciliaria urgente y la creación de una bolsa de trabajo con más de 4.000 profesionales para las residencias.
Los responsables del departamento reconocen que tiene que haber un "cambio y transformación" del modelo de residencias geriátricas actuales y que se ha "repensar" los servicios de atención a las personas mayores para que estas puedan decidir cómo quieren ser atendidas. En Catalunya hay actualmente un total de 1.038 residencias geriátricas en funcionamiento, siete menos que al inicio de la epidemia, donde viven unas 55.000 personas mayores.
Imagen principal, visita de una familia a una residencia de abuelos / Sergi Alcàzar