El primer país de la Unión Europea donde la Covid-19 impactó, también es el primero que impondrá a sus trabajadores el pasaporte verde si no quieren perder su trabajo. El gobierno trabaja para ampliar el pase verde obligatorio a los trabajadores del sector privado y público. Después de la reunión con los sindicatos, el Ejecutivo lo ha aprobado y la exigencia entrará en vigor a partir del 15 de octubre.
Los últimos trabajadores por orden de tiempo implicados en las medidas, antes de las decisiones del CDM del 16 de septiembre, son los que acceden a escuelas y universidades para limpieza, comedores, mantenimiento u otros (incluidos los padres), que tienen que tener el pase verde. Pero en las últimas horas se ha hecho extensivo para todo el mundo. Las asociaciones de los gestores de las estructuras sociales, sanitarias y asistenciales (Uneba, Agespi, Aris y Anaste), que desde marzo del 2021 habían solicitado esta intervención al gobierno, se mostraron satisfechas.
A pesar de todo, también ha despertado fuertes críticas. En Cagliari se han montado manifestaciones y muchos comparan el gobierno con el de Hitler por las oposiciones. La respuesta del gobierno es clara: "Hay que volver a la normalidad, con la reanudación de las actividades en presencia. Decidimos extender el pasaporte covid porque es una herramienta que funciona, aceptada por la gente y monitorizada. Una solución de acuerdo con la obligación", que es más divisiva y disruptiva.
En el decreto estará escrito que los trabajadores sin el pasaporte covid también serán severamente sancionados, pero no despedidos. En los PCR, sin embargo, hay discordia. Los sindicatos piden que el estado los pague hasta el 31 de diciembre y cuando Draghi dio negativas porque|para que, según su opinión, "se reduciría la propensión de los italianos a la vacuna".