El juez encargado del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona ha rechazado decidir si cierra esta instalación por la Covid, cómo le pidió el ayuntamiento, ya que "excede" sus funciones, aunque ha acordado permitir de nuevo las visitas, con medidas preventivas.

En un acto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, en su función como responsable judicial del control del CIE de la Zona Franca, concluye que no puede resolver la solicitud que le plantearon en octubre el Ayuntamiento de Barcelona y las entidades Iridia y Migra Studium para cerrar el centro después de un positivo por coronavirus, ya que es una decisión que "excede" el marco de sus funciones.

Exterior del CIE de la Zona Franca de Barcelona / ACN

El juez resalta que sus competencias están "limitadas estrictamente" al control de los derechos fundamentales", lo cual no le permite resolver sobre si se tiene que cerrar o no el CIE, pero sí adoptar decisiones para que el normal funcionamiento el centro "vele por los derechos fundamentales", así como resolver las quejas de los internos al respecto.

Se reprenden las visitas

La dirección del CIE de Barcelona informó al juez el pasado 5 de octubre de que había reiniciado su actividad -después del paro durante los primeros meses de la pandemia-, con el ingreso de 84 internos, así como que había suspendido de forma cautelar las visitas para evitar riesgos de contagio.

El juez ha acordado ahora que se podrá acceder al CIE, aunque con una serie de restricciones para evitar los contagios, y que por lo tanto se podrá desarrollar el derecho de visitas conforme a las medidas preventivas que ya planteó en junio del 2020.

De esta forma, según detalla su resolución, se tendrá que tomar la temperatura mediante termómetro sin contacto y de forma previa al acceso a toda persona que acuda al CIE y además se les tendrá que facilitar solución desinfectante de manos y mantener la obligatoriedad de llevar mascarilla.

Según indica el juez en su resolución, una temperatura corporal igual o superior a 37,5 grados será considerada "de riesgo" y tendrá que comportar que no se permita la entrada al CIE.

"Detección precoz de los positivos"

Con respecto a los internos, según la recomendación del sistema médico del CIE, los nuevos ingresos se tendrán que realizar siempre en horario de atención médica, entre las 06.00 y las 22.00 horas, con la finalidad de que el personal sanitario pueda realizar una identificación "precoz" a aquellos nuevos internos con síntomas sugestivos de coronavirus y, si fuera el caso, dirigirlos a los servicios asistenciales correspondientes.

Además, el CIE tendrá que adoptar de forma diaria y actualizada todas las medidas que integren la estrategia de detección precoz, vigilancia y control del coronavirus que establezca el Ministerio de Sanidad, que también se tendrán que seguir comunicando a la autoridad judicial y a Fiscalía.

En un comunicado, Iridia y Migra Studium han resaltado que la suspensión de las visitas acordada por el CIE de Barcelona el pasado 5 de octubre era "incompatible con la garantía y el respeto para los derechos de los internos" a comunicarse con el exterior, a tener contacto con su familia y a recibir el acompañamiento de entidades de defensa de los derechos de las personas inmigrantes.

Las dos entidades denuncian que han tenido que pasar "más de tres meses" desde su primera petición para que el juzgado haya acordado que el CIE tenga que permitir las visitas a los internos.

"En medio de la actual tercera ola de pandemia no tiene que ser fácil el internamiento en especiales condiciones de aislamiento y falta de relación con las personas queridas. Y a pesar de ser una buena noticia que reconoce los derechos de los internos llega tarde", lamentan ambas entidades, en relación con la resolución judicial.

Sobre la decisión del juez de declararse incompetente para resolver el cierre del centro, Iridia y Migra Studium consideran que la tutela de los derechos y la salvaguardia de la vida, la salud y la integridad de los internos y los trabajadores "es un encargo expresamente dado por la ley al juzgado de instrucción, incluso si eso implica cerrar el CIE."