La justicia ha ordenado retirar de las farmacias un anticoagulante oral a causa de una disputa de patentes entre dos compañías farmacéuticas. La Audiencia de Barcelona ha prohibido la comercialización del medicamento genérico producido por Teva Pharma, y ha restablecido el monopolio que la empresa Bristol Myers Squibb (BMS), tenía sobre el fármaco apixaban, que comercializa bajo la marca Eliquis. Las consecuencias de este fallo judicial serán un incremento de 138 millones de euros al año en el gasto destinado a cubrir el tratamiento de los pacientes con este fármaco, lo que representan unos 380.000 euros diarios. Según adelantó El País, este es el tercer medicamento que representa un gasto mayor para la sanidad pública, y en el 2023 se destinaron 307 millones de euros. "Cada caja de 60 pastillas de 2,5 mg de Eliquis cuesta 81,96 euros, mientras que el genérico de Teva es un 45% más barato (45,08 euros)", detallan.
Teva, líder en la producción de medicamentos genéricos, presentó una demanda el 8 de junio de 2022 contra BMS en la que pedía que se declarara la nulidad de la patente para la producción y comercialización de apixaban, argumentando que no explicó con detalle su avance científico para solicitarla, cosa que permite que cualquier otro laboratorio pueda desarrollarlo. BMS respondió a la demanda el 12 de diciembre de 2022 y se opuso, alegando la validez de la patente. El juzgado Mercantil número 4 de Barcelona dio la razón a Teva en enero de este año, pero finalmente el juez Luis Rodríguez Vega, de la Audiencia Provincial de Barcelona, ha revertido la decisión. Con todo, Teva Pharma todavía puede apelar la decisión ante el Tribunal Supremo.
¿Cómo afectará la retirada del medicamento a los pacientes?
Los usuarios de la sanidad pública no notarán ningún cambio con la retirada del medicamento genérico, ya que la aportación a las farmacias seguirá siendo la misma, de 4,27 euros. En cambio, aquellos pacientes que tomen este medicamento por prescripción de la sanidad privada, sí que notarán un importante aumento, que supondrá 433 euros más al año, teniendo en cuenta que una caja del medicamento dura un mes y que generalmente se utiliza como parte de un tratamiento crónico. Así pues, el impacto económico mayor lo tendrán las comunidades autónomas, que en los últimos cuatro meses, desde que el medicamento genérico salió al mercado, habían ahorrado 45 millones de euros, y que ahora tendrán que desembolsar millones de euros.