Un 7% de las trabajadoras de diferentes servicios del sistema de ejecución penal catalán (la mayoría de las prisiones y de centros de Justicia Juvenil) afirma que ha sufrido abusos o agresiones sexuales físicas (insinuaciones, frotamientos, tocamientos o exhibicionismo) por parte de un compañero de trabajo, cifra que se eleva al 10% si son personas condenadas. Este resultado se recoge en la primera encuesta sobre actitudes y comportamientos discriminatorios y de violencia machista en el ámbito de la ejecución penal, que ha presentado a la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, este viernes, acompañada de la directora de Servicios Penitenciarios, Paula Montero, y de la directora del Centro de Estudios Jurídicos, Encarna Bodelon. Bodelon ha indicado que los resultados son similares a los obtenidos en la Encuesta de violencias machistas en Catalunya en el 2021, donde el 15% de las mujeres respondió haber sido víctima de alguna agresión sexual.
"Hacemos públicos estos datos para evidenciar que el cambio cultural en la lucha contra la violencia machista es imparable", ha declarado la consellera Ubasart, y ha asegurado que Justicia "quiere garantizar un espacio de trabajo seguro a todos los trabajadores".
El Departament de Justicia ha elaborado esta encuesta con la colaboración del Observatorio Catalán de la Justicia en la Violencia Machista y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) para radiografiar la situación de sus profesionales y difundir el Protocolo de Función Pública para la prevención, la detección, la actuación y la resolución de situaciones de acoso sexual en razón del sexo, de la orientación sexual y de la identidad sexual, que la Generalitat ha actualizado recientemente. La encuesta se envió a 5.800 trabajadores de la ejecución penal, el verano de 2022, y fue contestada por 1.518 profesionales: 625 hombres, 885 mujeres y 8 personas no binarias.
La mayoría de mujeres no lo denunció
La encuesta detalla que el 46,3% de las mujeres agredidas por reclusos no presentó queja ni denuncia interna, ni externa, ni tampoco recurrió a ninguna herramienta o protocolo de la organización. Esta proporción aumenta hasta el doble (89%) cuando las agresiones se han producido por compañeros de trabajo o superiores. Se precisa que uno de los motivos de esta diferencia es que "la queja y la denuncia hacia los condenados está muy incorporada y es frecuente", ya que es activada desde la dirección del centro cuando, ante la elevación de un comunicado de hechos, se traslada al juzgado de guardia si se aprecian indicios de delito.
En la encuesta, también se informa de que un 4% de las mujeres asegura que, al menos una vez, otros profesionales del trabajo han ejercido violencia física contra ellas, como empuje, bofetadas o lanzamiento de objetos.
Un 5% con miedo a represalias
En concreto, se indica que un 52% de las encuestadas precisa que ha sufrido discriminación laboral por parte de profesionales hombres o compañeros de trabajo; un 54%, violencia psicológica no sexual; un 46% violencia psicológica sexual, y la violencia física, sexual o no, es sufrida por el 7,6% de las encuestadas. Estas cifras aumentan cuando son ejercidas por hombres condenados o usuarios de la ejecución penal: un 63% de mujeres afirma que ha sufrido menosprecio laboral; y un 15% violencia física, sexual o no.
De las poquísimas mujeres que denunciaron la agresión afirman que: "tuvo muy poca importancia o no era lo bastante grave", en un 24,8%; "pensé que podía resolverlo yo de otra manera", en el 21,7%; "fue una situación muy puntual", el 17,7%; "pensé que no me ayudarían", el 6,4%, y "por miedo, por temor de las represalias", en el 5,3%.
El estudio concluye que las mujeres que trabajan en el ámbito de la Ejecución Penal tienen una situación laboral desfavorable: menos antigüedad, mayor temporalidad contractual, menor presencia en cargos de mando, más dificultades para cambiar de lugar de trabajo y utilizan mucho más que los hombres los permisos y licencias para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Los hombres lo minimizan
Por su parte, el 89% de hombres piensan que nunca se producen episodios de abuso o agresión sexual sobre mujeres por parte de profesionales, frente del 72% de las mujeres, que piensan en un 28% que "a menudo", "a veces" o "raramente" sí que se producen estos episodios. Se añade que un 52,2% de los hombres señala que alguna vez presenció o tuvo conocimiento de una situación de violencia grave contra una colega. Por el contrario, en el caso de las mujeres, este porcentaje sube a un 71,7%. Ante los resultados, los investigadores sostienen que los hombres interpretan que si la violencia no es física o sexual, no la consideran una violencia grave, lo cual también es un indicador de que falta pedagogía sobre "qué es violencia", concluyen.
Ante estos primeros resultados, se han fijado tres ejes de actuación, como crear la figura del referente del protocolo de Función Pública con el fin de acompañar a la víctima a denunciar. En este sentido, Paula Montero ha indicado que después de hacer la encuesta, los profesionales han hablado y pocas conocían la existencia de este protocolo, que es genérico para todos los trabajadores públicos en Catalunya, y donde se fijan medidas y acciones disciplinarias.
La directora de Servicios Penitenciarios también ha indicado que ya realizan un recuento específico de las conductas sexistas que sufren trabajadoras de condenado. Han registrado 63 conductas sexistas y 67 agresiones desde el 2021. Con respecto a una encuesta a los reclusos y reclusas sobre violencia machista, Montero ha afirmado que tienen otros mecanismos.
En la imagen principal, dos funcionarios de la prisión de Brians 2, en una imagen de archivo Foto: D.J.