La reforma de la ley de Extranjería aprobada ayer por el Consejo de Ministros facilitará la concesión de permisos de residencia y trabajo a los menores extranjeros no acompañados y a los inmigrantes extutelados al cumplir 18 años para evitar que caigan en la ilegalidad. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha eludido responder cuando se le ha preguntado por posibles discrepancias del ministerio del Interior con esta reforma y ha destacado que se ha diseñado en colaboración con las comunidades autónomas y con el tercer sector y que cuenta, para mayor "rigor jurídico", con el dictamen del Consejo de Estado.

Reivindicación de las autonomías 


De hecho, y tras insistir en que el Gobierno siempre trabaja con "absoluto rigor", puntualizando que las comunidades autónomas, responsables de los menores extranjeros, llevaban tiempo reivindicado cambios normativos. El principal objetivo de la reforma es simplificar los procedimientos administrativos y reducir la documentación que tienen que aportar los menores no acompañados para evitar que lleguen sin papeles a la mayoría de edad, según la ministra. 

Se busca también "preservar la inversión pública" que se hace en ellos mientras son menores, en formación e integración, y facilitar su incorporación al mercado de trabajo para que puedan tener vida independiente. Hasta 15.000 inmigrantes se beneficiarán de esta reforma: 8.000 menores extranjeros no acompañados y 7.000 de entre 18 y 23 años.

Sin efecto llamada 


Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de diseñar la reforma, ha subrayado la necesidad de modificar el régimen jurídico para favorecer su integración y evitar que caigan en irregularidad sobrevenida. Además, desde el ministerio aseguran que esta regularización no producirá ningún efecto llamada a menores, tal como aseguran desde el PP y Vox. 

Entre las medidas para agilizar los procesos destaca la reducción del plazo para acreditar la imposibilidad de retorno de 9 a 3 meses y, cuando se supere ese plazo, las oficinas de extranjería documentarán de oficio a estas personas. Si se procede a su repatriación, se extinguiría la autorización concedida.

Se reduce la exigencia 


Además se incrementa la duración de los permisos, un informe de la entidad de protección de menores sustituirá a la exigencia actual de un acta notarial y se consolida que las autorizaciones de residencia habiliten para trabajar cuando el menor alcance los 16 años, al igual que los jóvenes autóctonos. 

A partir de ahora, cuando cumplan 18 años documentados, se favorecerá la continuidad de los permisos que tenían como menores y se reducirá la exigencia de acreditar medios suficientes para subsistir. 

Reforma aplaudida 


Esta reforma ha sido aplaudida por entidades de la infancia, UGT e instituciones como el Defensor del Pueblo. Además, una treintena de organizaciones, como Unicef, Fundación Raíces, Plataforma de Infancia o Red Acoge, han suscrito un comunicado en el que han valorado la reforma que han tildado de "paso histórico" en la "mejora de vida" de los menores que llegan a España, eliminando las "barreras insalvables para su integración", que sufrían hasta ahora.

En la imagen principal, menores no acompañados en un centro de acogida en Barcelona / ACN