El Departament de Drets Socials ha impulsado un proceso de acreditación de los servicios sociales que acaba este 5 de agosto. En el proceso se ha pedido a todos los centros que forman parte de la red de servicios que acrediten cumplir los requisitos para seguir prestando este tipo de servicios públicos. Sin embargo, un buen grupo de geriátricos podría no superar este proceso, se calcula que sería en torno al 20% de las residencias y los centros de día, según informa El Periódico. Todo podría traducirse en un empeoramiento de las listas de espera.
"Entiendo la inquietud porque habrá residencias que no cumplirán los criterios, pero tenemos que defender el interés general", sostuvo en declaraciones al diario el conseller de Drets Socials en funciones, Carlos Campuzano. Por otra parte, la Sindicatura de Greuges y varias patronales creen que se incurre en inseguridad jurídica. "Eso será un caos porque habrá mucha gente que se quedará colgada", advierte Andrés Rueda, presidente de la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD).
Todo nace de un decreto publicado en tiempo de covid. En aquel momento, el Departament de Drets Socials publicó un decreto que marcaba parámetros de calidad que había que acreditar. Para conseguirlo hacía falta no haber sido sancionados, tener protocolos de organización, respetar los derechos laborales, tener al menos dos años de experiencia en el sector y cumplir con la norma de 2015 sobre el estado de las instalaciones. Es sobre este último requisito que se presentan más problemas. "El 80% de los centros se construyeron antes de esta normativa y no la cumplen, no están adaptados", explica Rueda. Además, los centros colaboradores, los cuales ceden sus camas, habían asumido que no tendrían que adaptarse a la normativa sobre edificación.
Poco tiempo
Además, las entidades han denunciado que se les ha dado poco tiempo para adaptarse y presentar esta normativa. "Estas prisas nos preocupan y sorprenden. El proceso de acreditación se acababa en octubre de 2025. Las reglas del juego eran claras. ¿Por qué lo adelantas"?, se pregunta Jordi Sánchez, responsable de derechos sociales de la Sindicatura de Greuges. "Precipitado no es: hace cuatro años que todo el mundo sabía que el régimen de colaboración estaba por extinguirse", sostiene Campuzano, quien añade: "Lo que no puede ser es que tengamos miles de plazas residenciales que no sabemos si cumplen la normativa. Nosotros tenemos que garantizar la calidad que marca la norma".
Sin embargo, una de las principales preocupaciones es que este proceso de acreditación acabe impactando en las listas de espera. "Hay dos riesgos, un de inseguridad jurídica, hay una incertidumbre que clama al cielo entre las entidades colaboradoras que todavía no están acreditadas, con una falta de información y referentes normativos. Pero lo más importante: ¿qué pasará con aquellas personas que esperaban entrar a una residencia y no podrán?", se pregunta desde la Sindicatura de Greuges Jordi Sánchez.