Una carrera de obstáculos. Esta es la realidad que viven los jueces para hacer frente a los ladrones multirreincidentes, especialmente en Barcelona. La medida de crear cuatro juzgados de refuerzo en Barcelona para celebrar juicios rápidos de delitos menos graves (castigados hasta 5 años de prisión) -plan de choque anunciado por el ministro y el conseller de Justicia en diciembre- finalmente se ha puesto en marcha el 18 de marzo, con ocho magistrados sin relevo de funciones (ya que no hay jueces libres). El objetivo es hacer unos 6.000 juicios al año, aunque el año pasado los 25 juzgados de lo Penal ya registraron unos 8.420, y por lo tanto el plan de refuerzo ya se queda corto para reducir el colapso. Además de la falta de jueces, los magistrados de instrucción de Barcelona han señalado nuevos obstáculos judiciales y policiales para ser eficaces contra estos ladrones. Uno de estos obstáculos es que los peritajes para saber el valor del material sustraído tardan meses y meses a hacerse, hecho que bloquea el procedimiento contra el ladrón.
En concreto, solo en los juzgados de Barcelona se informa de que había cerca de 2.000 informes pendientes de hacerse a finales del 2024. "El retraso en la emisión de informes periciales afecta la tramitación de los procedimientos de delitos contra el patrimonio en casos de multirreincidencia, dado que, sin conocer el valor de los objetos sustraídos, los juzgados no pueden llevar a cabo la instrucción adecuada en un tiempo razonable porque no se puede establecer el procedimiento que se tiene que seguir", alerta la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Una inversión de 2 millones de euros para actualizar los peritajes
El Departament de Justicia, responsable de encargar y abonar el coste de los peritajes judiciales, ha explicado a ElNacional.cat que ha aprobado un paquete de medidas de modernización de este servicio. Judith Monje, subdirectora general de Apoyo Judicial y Coordinación Técnica de la Secretaría para la Administración de Justicia del Departament de Justicia, ha informado que para evitar el colapso que viven los juzgados de Barcelona a partir de ahora se externalizarán las periciales que piden jueces y fiscales, además de los de justicia gratuita, en el ámbito penal, mientras que el equipo de siete peritos que hay en la Ciudad de la Justicia de Barcelona se dedicarán a hacer las periciales de los juicios rápidos y leves, que son las más urgentes y que hay que dar salida para que los jueces puedan valorar la multirreincidencia. La externalización es como funciona en el resto de partidos judiciales de Catalunya. Actualmente, hay cerca de 2.900 profesionales inscritos en la lista oficial de Justicia para hacer peritajes a petición de jueces y fiscales. Paralelamente, los 1.791 informes periciales pendientes de 2024 también se atenderán de forma externa, como se hizo puntualmente el 2023.
"Ha habido un incremento muy importante de peticiones de peritajes, como los procedimientos, y resolveremos esta congestión, de forma ágil, con un sistema aleatorio y que no cause molestias a los jueces", manifiesta Monje. La responsable del Departament de Justicia también avanza que se ultima la modificación de la orden del servicio de peritaje, y que implicará una actualització de los precios de los peritajes, que no se modificaban desde el 2009. "Hemos querido hacer un proceso muy transparente y nos hemos reunido varias veces con los colegios y associaciones de peritos porque hemos querido escuchar al profesional que está a las trincheras y que el cambio de la orden, en un momento constante de digitalización de los procesos, funcione", manifiesta Monje.
En esta fase de modernización del servicio de peritajes judicial, el departament, que dirige el conseller Ramón Espadaler, prepara la edición de una guía de profesionales del peritaje, en formato electrónico y que se pueda modificar constantemente, puesto que hay casos excepcionales y complejos, como fue el peritaje en la explosión de la empresa Iqoxe. También se ultima una nueva aplicación informática para que los jueces puedan encargar los informes y puedan interactuar directamente con el perito para "agilizar el procedimiento y dar un buen servicio al ciudadano". Todas estas mejoras implicarán, según avanza Monje, "duplicar el presupuesto del servicio", es decir destinar unos 2 millones de euros.
El Departament de Justicia gastó 950.812 euros en el pago de peritajes judiciales el año 2023, según consta a su memoria. En total, se hicieron 31.802 peritajes judiciales, un 12% más que en el 2022. La mayoría son dictámenes periciales sobre valoraciones de bienes muebles, vehículos, joyas y valoraciones de daños en bienes inmuebles.
¿Por qué hay que saber el valor del material robado?
El hurto de un objeto, si no supera los 400 euros de valor, es castigado con pena de multa y la persona pillada puede ser juzgada en ausencia, como pasa en la mayoría de casos, en sustracciones de piezas de ropa de tiendas. La ley orgánica del 2022 creó un tipo agravado de hurto, que castiga con penas de 6 meses a 18 meses de prisión, pero para aplicarlo, el juez tiene que comprobar que el sospechoso tenga tres condenas firmes y que los objetos sustraídos tienen que tener un valor que supere los 400 euros, requisitos que han hundido los juzgados en más burocracia y sin recursos. Por eso, los magistrados de los 33 juzgados de instrucción de Barcelona han reclamado que se agilicen las periciales para poder hacer frente a estos ladrones, contra los cuales para la opinión pública parece que no se actúe.
Precisamente, este mes de marzo también se ha activado un tercer juzgado de guardia de delitos leves inmediatos, la mayoría son hurtos, que juzgan los jueces de instrucción. El refuerzo es para reducir el retraso acumulado, porque ahora los dos juzgados de delitos leves inmediatos de Barcelona señalan a ocho meses vista, cuando la ley fija que tendría que ser en quince días o un mes
Las identificaciones policiales repetidas
Las cifras policiales sobre ladrones reincidentes sorprenden a todo el mundo. Solo en Barcelona, el año 2023, los Mossos detectaron a 526 personas, a las cuales atribuían 6.169 delitos, la mayoría hurtos y robos violentos en la vía pública. Un caso extremo difundido es la de un hombre detenido 36 veces y que acumulaba 50 antecedentes policiales; no judiciales.
En este sentido, la decana de los jueces de Barcelona, Cristina Ferrando, también ha alertado a los Mossos d'Esquadra que se ha descubierto que algunas de las personas extranjeras detenidas, que no tienen ningún documento de identificación personal, "han sido identificadas con dos NIP diferentes", hecho que dificulta saber si es reincidente o si tiene juicios pendientes.
Incluir el importe en las hojas penales
Los jueces de Barcelona también han puesto deberes al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para hacer frente a los ladrones multirreincidentes. En concreto, han pedido al equipo, que dirige Félix Bolaños, que "adopte las medidas que considere procedentes a fin de que en las hojas històricopenals de condenas por delitos de robo con fuerza y robo con violencia que se inscriban en el Registro de Penados, que depende de este ministerio, se incluya el importe de que se ha sustraído, tal como se hace constar en las condenas por delitos leves de hurto". El objetivo, precisan, es que "los órganos judiciales puedan contar, al consultar el registro, con toda la información necesaria para apreciar la multirreincidencia". Y es que, actualmente, para poder aclarar si se aplica la reincidencia con estas hojas penales es complejo, como hacer un sodoku, ya que hay que buscar el valor, y si la condena está completa o suspendida, entre otros.
Las expulsiones de los condenados
A pesar de la crítica de un sector de la sociedad, especialmente de la extrema derecha, la ley prevé expulsar a las personas condenadas por delitos. La Fiscalía siempre pide sustituir una condena de hasta cinco años de prisión por la expulsión de la persona extranjera sin permiso para residir en el Estado español, tal como permite la ley. También lo solicita en los delitos graves, como el homicidio, cuando la persona ha cumplido una parte de la condena.
La expulsión de una persona extranjera sin documentación es un procedimiento administrativo que realiza el Gobierno, a través de las subdelegaciones en cada autonomía. Y la resolución puede ser recurrida ante un juez del contencioso-administrativo, procedimiento donde la Fiscalía presenta sus informes. En los procedimientos se exige que se haga un juicio de proporcionalidad, y que se valore si la persona está arraigada, es decir, si tiene familia o trabajo, para evitar ejecutar la expulsión.
Según los últimos datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado, el año 2023, se hicieron 6.725 peticiones de sustitución de la pena superior a un año de prisión por la expulsión judicial a ciudadanos extranjeros condenados, cifra que casi duplica la del 2022 con 3.904 peticiones de expulsiones en escritos de calificación, en trámite de sentencia y en ejecución de la pena. Se añade que los fiscales especializados en extranjería - ahora aglutinados en la Unidad de Trata de Personas y Extranjería, ante el incremento de mafias y situaciones de explotación-, en sus memorias insisten que no tienen herramientas informáticas adecuadas para poder seguir los expedientes, y que casi lo hacen manualmente, como pasa en otras fiscalías
Los fiscalies también se hacen eco de la "reticencia de los jueces a acordar el ingreso en la prisión para garantizar la ejecución de la expulsión". No obstante, se señala que ha aumentado "sustancialmente" la cifra de supuestos en qué se ha solicitado la medida cautelar llevarlo a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), tal como prevé el Código Penal. Se pidieron en 114 ocasiones el año 2023, mientras en el 2022 fue en 140 ocasiones.
Más extranjeros en las prisiones catalanas que en las del Estado
Precisamente, el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE ) de la Zona Franca registró 589 personas internadas en el 2023, cifra que fue la más alta de los cinco centros que tiene operativos el Estado español, con un total 2.085 personas pendientes de expulsar, y que gestiona el Ministerio del Interior. La ley 4/2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros que residen en el Estado español, ordena que la persona sin documentación no puede estar más de 60 días cerrada en un CIE, y si sucede hay que dejarla en libertad. En el CIE de Barcelona estuvieron una media de 34 días.
Y nuevamente, la mayoría de personas encerradas en el CIE de Barcelona fue por no tener documentación (336 casos), frente a las personas condenadas (58 casos). Al final, seis de cada diez personas internadas en Barcelona acabaron en libertad (322), y 218 fueron expulsadas (el 39%). La entidad Migra Studium, centrada en dar apoyo y acogida a las personas inmigrantes sin recursos, con sus voluntarios visita a las personas encerradas en el CIE, y junto con otras entidades, reclama su cierre porque la mayoría de personas no ha cometido ningún delito y su aislamiento causa dolor.
Una nueva cifra: un total de 3.031 personas extranjeras fueron expulsadas del Estado español en 2024, en procedimientos iniciados por los cuerpos de seguridad por -según se indica- motivos de seguridad nacional. Y entraron de forma irregular unos 63.970 inmigrantes, según los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior el enero pasado.
Además, porcentualmente, en las prisiones catalanas hay un 52% de personas extranjeras (unas 4.493), mientras que en los del Estado español representan el 31% (17.693 personas) del total (cerca de 57.000 personas el 2023). Por nacionalidades, en las prisiones españolas hay el 29,5% de reclusos originarios de Marruecos; el 9,2% de Colombia, el 7,4% de Rumania, y el 6,6% de Argelia.
