Los símbolos franquistas y otros restos de la dictadura todavía están presentes en muchos puntos de España, y al menos 220 ayuntamientos y entidades locales no han hecho nada para retirarlos, aunque desde el 2007 una ley de memoria histórica ya los obligaba a hacerlo. Así lo recogen las respuestas que ha recibido el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, a su petición de retirar los símbolos y denominaciones franquistas presentes en cerca de un millar de municipios. De entre todas las respuestas, más de 500 han asegurado que los gobiernos locales ya han modificado o retirado los vestigios del franquismo presentes. En unos noventa municipios también se han iniciado los trámites para conseguirlo, como por ejemplo exigir a los propietarios privados la obligación de retirar los símbolos franquistas. En cambio, hay más de doscientos ayuntamientos que no han tomado ninguna acción para modificar los nombres de las calles dedicadas a líderes franquistas o borrar los rastros de la dictadura de las fachadas. Ahora, sin embargo, con la nueva Ley de Memoria Democrática que ha entrado en vigor este viernes, no hacer nada para retirar estos restos de los 40 años de dictadura podrá suponer multas de hasta 10.000 euros.
La simbología franquista en España y el inmovilismo de algunos ayuntamientos
La nueva ley de memoria democrática condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y declara ilegal el régimen dictatorial que impuso posteriormente el general Francisco Franco. El artículo 35 de la nueva ley considera elementos contrarios a la memoria democrática las construcciones, escudos, insignias, placas y otros elementos en edificios públicos o en la vía pública en qué se conmemore y se exalte "la sublevación militar y la Dictadura, sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial". Basándose en el registro de calles del Instituto Nacional de Estadística (INE) y un estudio de Eduardo España que recoge los vestigios del franquismo en el Estado español, el grupo del Senado de Compromís ha contactado en los últimos años a todos los municipios que aparecían para reclamar el cumplimiento de la ley del 2007 que ya obligaba a retirar los símbolos franquistas del espacio público.
Del millar de ayuntamientos que han contestado a la petición hasta ahora, hay doscientos que mantienen elementos franquistas en sus calles y no han hecho nada para cambiarlo alegando diferentes motivos. La mayoría de los municipios que incumplen con la normativa se encuentran en Badajoz (Extremadura) y muchos de ellos se niegan a retirar cruces y lápidas dedicadas a los "caídos" del bando franquista. En gran parte de los casos, los vestigios franquistas se encuentran en propiedad de la Iglesia y algunos argumentan que no pueden actuar.
Es cierto que hasta ahora la ley de memoria histórica 52/2007 solo hacía responsables a los ayuntamientos de los símbolos en los edificios públicos, y dotaba a las instituciones locales con pocas herramientas para actuar — se les permitía, por ejemplo, retirar las subvenciones a aquellos propietarios que mantuvieran símbolos franquistas en las fachadas de sus edificios. A partir de este viernes, sin embargo, si los objetos que exaltan de alguna forma el golpe de estado y la dictadura franquista no se retiran de manera voluntaria, la administración pública competente iniciará de oficio el procedimiento para retirar estos elementos, que se tendrá que hacer efectivo en un máximo de seis meses, y podrá imponer hasta 10 multas al mes de entre 200 y 1.000 euros a quién no cumpla. En caso de que los símbolos humillen a las víctimas del franquismo o sus familiares, se considerará una infracción grave no retirarlos, con multas de hasta 10.000 euros.
Aparte de la simbología franquista como escudos, hay nombres de calles y localidades que incumplen también con la ley de memoria democrática por conmemorar líderes y dirigentes del régimen franquista. De hecho, hay un total de siete localidades en España que tienen nombres claramente franquistas. Son Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alberche del Caudillo (Toledo), Llanos del Caudillo (Ciudad Real) y Villafranco del Guadalhorce (Málaga).
Había habido más pueblos con nombres relacionados con el franquismo, como Villafranco del Delta, actual Poblenou del Delta (Amposta) cambiado por la ley de memoria histórica catalana en el 2003, o Guadiana del Caudillo, cambiado a Guadiana (Badajoz) en 2020. Muchos de los pueblos y asentamientos creados durante el Franquismo han perdido la parte franquista del nombre, como Águeda (Salamanca) - antes Águeda del Caudillo - o Bembézar (Córdoba) - antes Bembézar del Caudillo. En los pueblos que todavía mantienen el nombre, sin embargo, hay ciertas reticencias a cumplir la ley. En Villafranco del Guadiana, el alcalde Daniel Sánchez se niega a hacerlo y asegura en declaraciones a Canal Extremadura que "más del 90% de los vecinos están en contra del cambio de nombre" según un referéndum que celebraron en el 2016. "En eso nos basaremos para no hacerlo", explica.
Los símbolos franquistas en Catalunya
La situación en Catalunya es bien diferente. En 2010, el país fue pionero al hacer un censo de la simbología franquista en el espacio público catalán. Desde entonces, se ha ido ampliando y actualizando hasta llegar a contabilizar 3.934 objetos que son vestigios de la dictadura franquista. De estos, se han retirado 2.056 elementos y 417 han sido alterados o reinterpretados. Con todo, todavía quedan 1.461 objetos franquistas visibles por todo el territorio catalán.
Uno de los monumentos más visibles del Franquismo que todavía se mantienen en Catalunya es el monumento de la batalla del Ebro en Tortosa (Baix Ebre). Actualmente, existen varios recursos que han paralizado la retirada del monumento que estaba prevista, y no se espera que se acabe llevando a cabo hasta el próximo verano, cuando el caudal del río vuelva a ser el adecuado para permitir el inicio de las obras.
Procesos como este, sin embargo, podrían cambiar e ir más rápidos con las nuevas legislaciones en materia de memoria histórica. Aparte de la ley estatal de memoria democrática, Catalunya está terminando un anteproyecto de ley desde la Dirección General de Memoria Democrática del Departamento de Justicia que instará a que, una vez aprobada la norma, con el plazo de dos años se tendrá que retirar definitivamente toda la simbología franquista que queda en el territorio.
Imagen principal: Una placa franquista del Instituto Nacional de la Vivienda en Toledo. / Isabel Infantes / Europa Press