Dos escuelas catalanas más han sido obligadas a hacer un mínimo de 25% de clases en castellano por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los autos, que han sido avanzados por el diario ABC y a los que también ha tenido acceso ElNacional.cat, dan un mes a estas dos escuelas a informar al tribunal sobre cómo aplicará este porcentaje mínimo de castellano en sus aulas. La sentencia, no obstante, se puede recurrir. Pero se añade ya a una lista de escuelas obligadas a dar clases en castellano a petición de familias que encabeza el Turó del Drac de Canet de Mar, origen de una polémica que todavía trae cola.
Se trata de unas resoluciones firmadas por los magistrados Pedro Luís García Muños y Eduardo Paricio Rallo el pasado mes de febrero. "Partiendo de la consideración del catalán como centro de gravedad del sistema educativo, con la correspondiente traducción en el horario lectivo que debe derivarse de dicho principio, fijar la presencia mínima del castellano como lengua vehicular, en el curso y clase donde el hijo/a de la parte actora sigue sus estudios, en un 25 % de las horas efectivamente lectivas, debiendo impartirse en dicha lengua oficial, además del área, materia o asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, cuanto menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga", apunta la resolución. Además, el texto vuelve a poner la responsabilidad de cumplir con este 25% mínimo de castellano en las aulas a los directores de los centros. Tendrán que adoptar las medidas pedagógicas oportunas en un mes. Asimismo, los autos a los que ha tenido acceso este diario también instan estos dos centros educativos a "adoptar las medidas necesarias para preservar la identidad y la intimidad" de las familias que han pedido la aplicación de este 25% de castellano y sus hijos.
Estas dos resoluciones se hacen públicas en un momento en el cual el Parlament está pendiente de aprobar el acuerdo al cual llegaron Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PSC y comunes para modificar la Ley de Política Lingüística. Se trata de una modificación que permite hacer uso del castellano como lengua vehicular y que ha generado bastante indignación en algunos sectores de la sociedad catalana. Hasta el punto que este miércoles dos activistas iniciaron una huelga de hambre en Vic para protestar contra este acuerdo e instar a los políticos catalanes a hacer marcha atrás y no votar este acuerdo en la cámara catalana. La Assemblea Nacional Catalana, así como la comunidad educativa, ya han anunciado movilizaciones para protestar contra este acuerdo sobre el catalán y el castellano en la escuela. Se preveía que el parlamento votaría el acuerdo el próximo 28 de abril, pero finalmente no ha habido consenso y se votará más tarde.