Un 0,6% de la población española mayor de 18 años ha sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes o religiosos de la Iglesia Católica. Esto concluye el informe presentado este viernes por el Defensor del Pueblo al Congreso de los Diputados. El trabajo también indica que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en el ámbito religioso. Este segundo término incluye agresiones sufridas por personas que pueden ser laicas, pero que se han perpetrado en ámbitos relacionados con la religión, como por ejemplo profesores de una escuela católica. Teniendo en cuenta los porcentajes entregados por el Defensor del Pueblo y los datos de población del Estado (INE), los datos se extrapolan a unas 236.000 personas en el primer caso y a unas 445.000 personas en el segundo.
Los datos se obtienen a partir de una encuesta encargada por el Defensor del Pueblo a GAD3, después de que Ángel Gabilondo recibiera el encargo por parte del Congreso de los Diputados de entregar un informe sobre los abusos sexuales cometidos en el Estado español por parte de la Iglesia Católica. La encuesta contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española (8.013 personas) a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas. El trabajo plasma, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir los 18 años; es decir, 4,6 millones de personas. De ellas, un 3,36% manifiesta que este abuso se produjo en el ámbito familiar, es decir, 1,3 millones de personas.
Por otra parte, la encuesta muestra que un 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron como bastante grave. No obstante, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema. En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Gabilondo ha explicado que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas son hombres, han denunciado abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.
El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos oficialmente, ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por "la negación o la minimización del problema". En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la "negación y a la ocultación", sino incluso a "presiones" de representantes de la misma en las que "se les culpabilizaba de los abusos sufridos".
Ahora bien, la encuesta también valora que también se han detectado buenas prácticas en la Iglesia y reconoce "el coraje institucional de los que han optado por asumir la responsabilidad que corresponde en la institución por la victimización producida". Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar enfrente de la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado.
El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado periodo de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
La Conferencia Episcopal Española convoca una asamblea extraordinaria
Paralelamente, la Conferencia Episcopal Española ha convocado para el próximo lunes 30 de octubre una Asamblea Plenaria Extraordinaria para analizar el informe del Defensor del Pueblo. Se tratará de una reunión en la que los obispos pueden acudir de forma presencial y online. El encuentro se centrará en los abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia, y tendrá dos únicos puntos en el orden del día.
La primera cuestión que se tratará será el estudio y valoración del informe presentado por el Defensor del Pueblo este viernes en el Congreso. En segundo lugar, se estudiará la solicitud del Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de la auditoría que realiza por encargo de la Conferencia Episcopal.