En torno a 700 personas han recorrido este sábado por la tarde el centro de Barcelona para manifestarse en contra de la subida de los precios y la falta de acceso a la vivienda. La manifestación, que estaba convocada por una cincuentena de entidades, entre ellas el Sindicat de Llogateres, la PAH o la CUP, ha empezado en la Plaça Universitat a las 18 horas y está previsto que finalice sobre las 21 en la Plaça de Salvador Seguí. Bajo el lema Así no podemos vivir ha arrancado la concentración, donde los manifestantes han hecho un llamamiento a luchar contra l"'estafa generalizado" ante el encarecimiento del coste de la vida. "La mitad de la gente inquilina de este país está en situación de sobreesfuerzo porque destina más de un tercio de los ingresos al alquiler, a veces más de la mitad- Esta situación hace años que dura y es insostenible", ha dicho Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres.
Regulación de los precios
El movimiento en defensa de la vivienda ha puesto la mirada en la ley estatal de la vivienda, que "tiene que permitir volver a regular los precios" después de que la normativa de control de rentas catalana fuera tumbada por el Tribunal Constitucional. Con todo, los concentrados ven "insuficiente" la propuesta sobre la mesa. "Es una vergüenza. Exigimos una regulación real que se inspire en el éxito de la regulación catalana", ha dicho Aragonès. En la misma línea, se manifiesta otra de las entidades convocadoras, la PAH, que ha enviado un mensaje contundente hacia el Gobierno con el fin de que acepten enmiendas que "prohíben los desahucios, que regula los precios del alquiler, obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social y pone fin a las deudas hipotecarias de por vida" a la ley estatal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. "La ley quedará con papel mojado si no se incluyen las enmiendas de la ciudadanía", ha avisado a su portavoz Lucía Delgado.
Reclamos a Aragonès
Entre las quejas que los asistentes van manifestando durante todo el recorrido, también habido mención especial para el presidente del Gobierno, Pere Aragonès, a quien han reclamado que multe a los bancos y grandes tenedores que no apliquen la ampliación de la Ley 24/2015 que los obliga a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables. "Hacemos un llamamiento al presidente Aragonès para que se apliquen las sanciones correspondientes", ha reclamado Delgado.
Además, han pedido que las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) –que ahora está bajo control del Estado– pasen a ser de los ayuntamientos- "No podemos permitir pisos vacíos con puertas antiokupas de la Sareb mientras sean desahuciadas familias vulnerables", ha remarcado.