En 2023 casi el 75% de la población catalana respiró aire contaminado por encima de los límites legales que establece la Unión Europea para el 2023. Así lo revela una de las principales conclusiones del informe sobre calidad del aire de Ecologistas en Acción. En territorio catalán, los puertos de Barcelona y Tarragona y la plana de Vic tienen superaciones de los valores límite de PM10, mientras que el Prepirineu, la plana de Vic y el aeropuerto del Prat muestran una gran afectación de la contaminación por ozono troposférico. En Barcelona y su área metropolitana también se superan los valores de la nueva directiva de forma amplia y generalizada. Según el informe, el 100% de la ciudadanía ha respirado niveles de contaminación por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 75% de la población por encima de lo que establece la Directiva de calidad del aire para el 2030.

Para elaborar el informe, la entidad ha analizado los datos recogidos en 785 estaciones oficiales de medición instaladas a todo el Estado español, entre ellas, las de los principales aeropuertos y puertos estatales.

Contaminación en las ciudades

Este año es la primera vez desde la entrada en vigor de la norma, en 2010, que Barcelona y Madrid han cumplido el límite legal anual de NO2, pero todavía y así, las principales áreas urbanas españolas superaron el nuevo límite legal anual aprobado para el 2030. El ozono sigue siendo el contaminante que presenta más extensión y afección a la población, y lo más estrechamente vinculado al cambio climático. Coincidiendo con las olas de calor de julio y agosto, en el 2023 se produjeron 15 superaciones del umbral de alerta en Puertollano (Ciudad Real) y al puerto de Tarragona, la peor situación desde el año 2015. Manlleu fue la población que registró el valor más elevado del estado en benzo(α)pirè (BaP), un contaminante cancerígeno relacionado con el aprovechamiento energético de biomasa, del cual ha habido superaciones de los valores recomendados por la OMS a 17 estaciones catalanas.

Según la legislación vigente, los planes de mejora de la calidad del aire son obligatorios. Sin embargo, una decena de comunidades autónomas siguen incumpliendo su obligación de elaborarlos para rebajar el ozono en las zonas donde se exceden los objetivos legales. A instancias de Ecologistas en Acción, los tribunales de justicia han obligado a aprobarlos en los gobiernos de Castilla y León, Catalunya, el País Valencià y Navarra. La entidad defiende que la única manera de mejorar la calidad del aire en las ciudades es disminuir el tráfico motorizado, potenciando la movilidad activa de peatones y ciclista y el transporte público neto. También hay que promover el ahorro energético, adoptar las mejores técnicas industriales disponibles, cerrar las centrales térmicas de combustibles fósiles, penalizar el diésel, reducir el uso del avión, acelerar el área de control de las emisiones del transporte marítimo del mar Mediterráneo y una moratoria de las nuevas macrogranjas ganaderas. La entidad señala que la contaminación de la calidad del aire "tendría que abordarse como un problema sanitario de primer orden", ya que según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2021 murieron prematuramente hasta 21.000 personas en España por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire, 10.000 de ellas en episodios de alta contaminación, según el Instituto de Salud Carles III.