El 9% de la población de Catalunya, unas 705.000 personas, vive en zonas inundables y más de 110.000 habitantes habitan en entornos de muy alto riesgo —con una recurrencia de al menos una inundación por década—, de acuerdo con los datos de Protecció Civil de la Generalitat. Un total de 1.300 km², el 4% del territorio catalán, son zonas inundables, de acuerdo con los análisis de los organismos de cuenca de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Además, hay que tener en cuenta que un 15% de las zonas urbanizadas de Catalunya en las cuencas internas están afectadas por riesgo de inundación tanto fluvial como marítima, de acuerdo con el plan catalán de gestión del riesgo de inundaciones. Siendo la costa mediterránea propicia a las DANA y la más expuesta a estos violentos fenómenos climáticos, especialmente en otoño, las inundaciones son el gran riesgo natural recurrente en Catalunya, con un amplio historial ya de episodios de origen fluvial, pluvial y marítimo que han dejado importantes daños materiales y humanos.

Dada esta predisposición en Catalunya, de acuerdo con Protecció Civil, hay 521 municipios que están obligados a tener un Plan de Actuación Municipal por riesgo de inundaciones, dado el alto riesgo en amplias zonas del territorio, algunas muy pobladas. Con todo, 296 localidades no disponen de un plan en vigor; de las cuales, 238 lo tienen caducado y 58 no han redactado nunca ninguno. Solo 225 lo tienen actualizado, homologado y en vigor. Algunos municipios lo han redactado recientemente: Cervelló, Godall, Lliçà de Vall, Montesquiu, Sant Esteve de Palau Tordera, Sant Pere de Vilamajor y Tiana, por ejemplo, lo han homologado en los últimos seis meses. Entre los municipios que siguen sin plan por inundaciones, a pesar de encontrarse en zonas con riesgo constatado de inundación, hay poblaciones destacadas como Badalona, Montcada i Reixac, Castelló d'Empúries y Vilassar de Mar.

 

De hecho, con motivo de la última DANA, el Govern ha aprobado recientemente un paquete de medidas para actualizar los protocolos de protección y civil y para revisar las actividades que se llevan a cabo en zonas inundables. El president Salvador Illa ha asegurado que este episodio ha permitido comprobar la necesidad de mejora diferentes cuestiones, para hacer frente a la repetición de esta situación en el futuro como efecto del cambio climático. La tarea de revisión la llevará a cabo la ACA, incluida en el Departament de Territori que encabeza la consellera Sílvia Paneque. "El Govern será estricto en eso. Tenemos obligación de serlo. Pondremos en marcha los mecanismos legales pertinentes para garantizar que las actividades se hacen en terrenos que no son inundables", advirtió, a pesar de admitir que probablemente se tendrán que tomar decisiones que no son de "buen agrado". A su vez, Illa anunció un paquete de 20 millones de euros para garantizar que todos los municipios tengan su plan de protección homologado dentro de dos años.

3 millones de habitantes en riesgo de inundaciones en España

En el conjunto del Estado, son más de tres millones de habitantes —el 6,9% de la población— los que viven en zonas de peligro en caso de inundaciones, como las que se produjeron el 29 de octubre a todas las poblaciones del sur de València con motivo de la DANA, tal como señala un reciente estudio de la Universidad de Almería. La costa mediterránea es la más expuesta a estos violentos fenómenos climáticos, que además de las pérdidas humanas, al menos 214 en València por el reciente temporal, también se expone a potenciales pérdidas económicas de 122.132 millones de euros, según el citado estudio.

La investigación, 'Una aproximación a la exposición al riesgo de inundación fluvial en España a través del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables', ha sido publicada en la revista científica 'Geomatics, Natural Hazards and Risk'. El estudio lo ha liderado el investigador Fulgencio Cánovas García, en colaboración con Jesús Vargas Molina. En este, se explora la exposición a las inundaciones en España en relación con la población humana, las actividades económicas y los puntos de especial importancia; con un análisis que se basa en la cartografía oficial de riesgo de inundaciones generada por los organismos de cuenca de las diferentes demarcaciones hidrográficas españolas.

Además, presenta una estimación de las personas, actividades económicas y puntos de especial importancia situados en zonas inundables, así como su distribución por toda la geografía estatal. Según los investigadores, los datos obtenidos permiten fortalecer el debate sobre la gestión del riesgo de inundación y contribuyen a mejorar los procesos de toma de decisiones. En este sentido, afirman que pueden contribuir a mejorar políticas sectoriales de mitigación, adaptación y respuesta al riesgo como la ordenación territorial, la planificación urbana o la protección civil. Finalmente, se alerta también del hecho de que en España la exposición a las inundaciones sigue aumentando, impulsada por la impermeabilización del suelo y el crecimiento de la población en las zonas urbanas costeras.