El 9 de Noviembre del 2014, 2.344.828 votaron en el proceso de participación ciudadana sobre el futuro político de Catalunya. Fue un día que transcurrió con total normalidad. No pasó nada. Desde las 9 de la mañana cuando abrieron los institutos donde estaban las urnas, hasta la rueda de prensa con el detalle de los resultados que dieron la victoria al sí con un 88,91% de los votos, no hubo nada que impidiera la votación ni generara ninguna situación de riesgo o disturbios.
Ni la Fiscalía movió ficha, a pesar de haber abierto la noche antes una investigación de oficio, ni los jueces ordenaron cerrar los locales ni requisaron las urnas, como pedían algunas de las denuncias que llegaron con cuentagotas a los juzgados de guardia el mismo 9-N. Tampoco los Mossos D'Esquadra solicitaron la relación de centros ni los datos de sus responsables para hacerlos llegar a la Fiscalía, tal como les pidió el Ministerio Público.
Fue un día que va transcurrió sin sorpresas, pero que abrió la batalla de la politización de la justicia y algunos resquicios en las cúpulas de una parte del poder judicial, sobre todo en la Fiscalía, que acabó perdiendo a su Fiscal General del Estado por el camino y con la unidad de los fiscales catalanes rasgada.
Durante 15 días un borrador de la querella que ha suscitado el juicio de este lunes a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, viaja de Barcelona a Madrid y de Madrid a Barcelona. Los fiscales se niegan hasta tres veces a presentar la querella y argumentan que no ven fundamento jurídico ni base legal para actuar contra el Govern por permitir el 9-N y no parar la consulta después de la prohibición del Tribunal Constitucional.
Coinciden con ellos asociaciones de jueces, el colegio de abogados y la abogacía catalana, que defienden que un proceso penal es el que llega en última instancia y que hay que estar realmente seguro de que se ha cometido un delito para llevar a alguien a los tribunales.
Paradójicamente, y de modo bien inusual en el mundo de los tribunales, todos los actores de la judicatura rompen el silencio al que se acogen habitualmente y expresan sus opiniones sobre la querella. Se hacen públicas opiniones de fiscales, la fiscal jefe de Barcelona se desmarca y se une a Torres-Dulce, se carga contra la prensa y se entra en un juego de declaraciones y posicionamientos públicos propios del mundo político y alejados del agujero negro con en el que jueces y fiscales tienen acostumbrados los ciudadanos.
Cronología
4 de noviembre
El Tribunal Constitucional prohíbe la celebración de la consulta. En la resolución, el tribunal evita advertir a Mas sobre la obligatoriedad de cumplir sus decisiones, como pedía el Estado, pero establece que quedan suspendidos todos los actos "de preparación de la consulta o vinculados a ella".
8 de noviembre
La fiscalía catalana empieza una investigación de oficio contra la consulta a instancias de la Fiscalía General del Estado. El sábado por la noche, y horas antes de abrir los institutos que acogen las urnas, hace público el inicio de la investigación. Investiga si hay indicios de los delitos de desobediencia, de prevaricación y de malversación de fondos públicos, en base a la utilización de los locales para celebrar la votación.
El Ministerio Público envía un requerimiento al departament d'Ensenyament preguntando si se han celebrado reuniones y dado órdenes para utilizar los locales. Al departament d'Interior le pide la relación de locales y sus responsables. Y a la empresa Unipost S.A., las facturas de la publicidad del proceso participativo.
Aquella misma noche se redacta un borrador de la querella, se envía a Madrid y vuelve a Barcelona completamente retocado.
9 de noviembre
Celebración de la consulta. La votación transcurre con normalidad. Los departamentos requeridos no responden a las peticiones de Fiscalía.
A lo largo del día llegan 24 denuncias a los juzgados de guardia, pero no se hace retirar ninguna urna. (Barcelona, 15; Manresa, 6; Badalona, 1; Tarragona, 2).
Los denunciantes son UpyD, un concejal del PP de Esplugues y particulares. Los denunciados, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Ramon Espadaler que en aquellos momentos era conseller de Interior y no dio ninguna orden directa a los Mossos para impedir la consulta. Las denuncias piden como medidas la retirada de las urnas y detenciones, pero ningún juez aplica ninguna medida cautelar.
10 y 11 de noviembre
Dos días de teorizaciones e hipótesis sobre el texto de la querella, los imputados, los delitos, quién la redacta, quién la firma y dónde se presenta.
Entre todas las informaciones que van apareciendo está el nombre de Germà Gordó, conseller de Justícia, como posible imputado porque las urnas de cartón las han confeccionado presos. Trasciende que la querella excluirá a los voluntarios y los responsables de los locales donde tuvo lugar la votación.
Empieza el debate sobre dónde se debe presentar la querella, si en un juzgado de guardia o en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Y el fiscal general Eduardo Torres-Dulce hace unas declaraciones donde marca su propio tiempo respecto a la investigación y sale al paso de las presuntas presiones del Gobierno al Ministerio Público. "En los tiempos de la Fiscalía, actuamos cuando consideramos que los hechos ya son carne de proceso penal", dice Torres-Dulce en una atención a los medios.
12 de noviembre
Se termina un segundo borrador de la querella que plantea la imputación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por los delitos de desobediencia y prevaricación y una petición de penas de inhabilitación. Aunque la querella va y viene de Madrid durante días, se incorporan y se sacan imputados y delitos, el borrador del 12 de noviembre es el que más se parece al que se acaba presentando. No sólo al texto final de la querella, sino al escrito de acusación de Fiscalía que ha acabado yendo a juicio.
17 de noviembre
La fiscalía catalana se niega por unanimidad a presentar la querella. Los nueve fiscales catalanes se reúnen y argumentan que no hay base legal. Su argumentación, por escrito en el acta de aquella reunión, forma parte de las pruebas que se verán en el juicio y de las que ha pedido Francesc Homs en su causa.
El plantón de los fiscales catalanes provoca una decisión inédita en los últimos años: la convocatoria de urgencia de la Junta de Fiscales. Un organismo asesor no vinculante que tiene que asesorar al Fiscal General del Estado sobre si hay fundamento jurídico para presentar la querella contra el Gobierno de Catalunya.
19 de noviembre
Se convoca la Junta de Fiscales, que "expresa su apoyo de forma muy mayoritaria a favor de la ratificación de formular querella por el llamado 'proceso de participación ciudadana' del pasado 9 de noviembre", según el comunicado que se hace público una vez acaba la reunión en Madrid.
Sigue el comunicado: "En consecuencia, el Ministerio Fiscal emprenderá las acciones legales oportunas ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya con las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión celebrada hoy. Se han cumplido así las previsiones del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, ante la discrepancia planteada por el Fiscal Superior de Catalunya a cumplir con la orden formulada por el Fiscal General del Estado. Esta orden se reiterará siguiendo el criterio casi unánime expresado hoy por la Junta."
"La Junta de Fiscales de Sala es un órgano de asesoramiento técnico. La preside el Fiscal General del Estado y la integran el teniente fiscal del Tribunal Supremo y los fiscales de sala, la más alta categoría dentro del escalafón de la carrera fiscal. Asesora en materia doctrinal y técnica, con vistas a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal, la resolución de consultas, memorias y circulares, así como la preparación de proyectos e informes que se tengan que elevar al Gobierno".
En paralelo se reúnen los fiscales de Barcelona y se ponen de parte de la Fiscalía General del Estado. Se hace evidente que no todos los fiscales de Catalunya están en contra de la querella y que, en particular en Barcelona, hay un cierto malestar por no actuar contra la Generalitat.
20 de noviembre
La Fiscal jefe de Barcelona, Anna Maria Magaldi, se desmarca públicamente de la fiscalía catalana ofreciendo todo su apoyo a Torres-Dulce. Se plantea la posibilidad de que sea ella quien acabe firmando la querella.
21 de noviembre
Se presenta la querella al TSJC y la firma el Fiscal jefe de Catalunya, Jesús Maria Romero de Tejada, a pesar de estar redactada por la Fiscalía General del Estado. Son 30 páginas que incluyen 4 delitos: desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. Las penas previstas para estos delitos suponen inhabilitación y prisión.
A lo largo de la instrucción, sin embargo, la querella inicial ha quedado rebajada por la misma Fiscalía, que ha retirado los delitos de malversación y usurpación de funciones, con lo que también se han retirado las penas de prisión.
18 de diciembre
Dimite el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por discrepancias con el ejecutivo de Mariano Rajoy. Durante los días previos a la presentación de la querella se producen tensiones entre el Gobierno y el Fiscal por el ritmo y la manera como Torres-Dulce ha gestionado la crisis. Es la guinda de unas relaciones complicadas entre el máximo responsable de la Fiscalía y el Gobierno que se arrastraban desde el 2013.
22 de diciembre
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admite a trámite la querella y empieza la investigación contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau que culmina este lunes con el inicio del juicio.