El Consell de l'Advocacia Catalana alerta de que la nueva normativa de registro de viajeros, que entrará en vigor el próximo 2 de diciembre, puede suponer una vulneración de la privacidad de las personas y una posible infracción del derecho a la protección de los datos personales. Se trata del real decreto 933/2021, que obligará a los clientes a que se alojen en hoteles, apartamentos turísticos y campings o que hagan uso de los servicios de una agencia de alquiler de vehículos tengan que dar más datos personales, como la relación entre alojados en caso de que haya algún menor, la dirección de residencia habitual, teléfono móvil y fijo o datos por el pago como el número y nombre de la tarjeta, la fecha de caducidad o el IBAN de la cuenta bancaria.

El órgano que representa los colegios profesionales de Catalunya, Balears y Andorra y sus 40.000 colegiados ha acordado estudiar a fondo el decreto y reunirse con expertos y el sector turístico para "emprender, si fuera el caso, algún tipo de medida para minimizar los efectos de esta nueva normativa en la garantía de todo ciudadano a tener protegido su derecho a la intimidad y sus datos personales". El motivo de la nueva normativa, impulsada por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, responde a la necesidad de garantizar la seguridad ante las amenazas terroristas y el crimen organizado.

El sector clama en contra

El decreto ha provocado una ola de críticas desde el sector hotelero y de viajes, que definen la norma como "muy deficiente y de imposible aplicación". La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) denuncia que se tienen que recaudar datos "no oficiales y que no aparecen a ninguno de los documentos que llevan los viajeros (DNI y pasaporte) tales como forma de pago, números de tarjetas de crédito, teléfono móvil o domicilio real". En este sentido, lamentan que eso hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando su registro y envío de manera manual, con el consiguiente aumento de errores y una carga de trabajo que consideran desproporcionada cuando "el 95% del sector son pymes".

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra, exige "que se exima a las agencias de viajes de esta obligación", ya que los datos exigidos ya son remitidos por los prestadores de los servicios. Así, añade que "obligar también a la intermediación supondría una duplicación de información innecesaria e incluso perjudicial al objeto que se pretende, que es la seguridad", concluye. El sector turístico también lamenta que la nueva normativa supondría una desventaja empresarial con respecto al resto del mercado europeo.

Marlaska defiende que es por seguridad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes que el registro de viajeros que ha puesto en marcha garantiza el derecho a la intimidad, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado por la medida, motivada por la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas terroristas y otros delitos cometidos por organizaciones criminales. Marlaska ha asegurado que este real decreto estudió y tuvo en consideración todos los intereses en litigio, tanto el derecho a la intimidad, como el derecho a la privacidad, pero también la necesidad de proteger la seguridad del conjunto de los ciudadanos. De esta manera, la norma pasó todos los informes pertinentes, "donde no se hizo ninguna observación" y, durante el periodo de transición hasta su puesta realmente en funcionamiento "no ha sido objeto de impugnación". "Lo que sí que hemos hecho es una labor de coordinación con los ministerios competentes y también con las empresas y todos los obligados al cumplimiento para que su actuación y cumplimentación sea efectiva y garantice la privacidad y la seguridad", ha subrayado.

En un primer momento, el nuevo registro de viajeros iba a entrar en vigor este 1 de octubre, si bien finalmente el Ministerio del Interior decidió posponerlo al 2 diciembre. En motivo por el cual se retrasó es técnico, según el ministerio, que afirmó que estaba para facilitar la interconexión y la transmisión de datos de los establecimientos en las comunidades autónomas con cuerpos de seguridad propios, como Catalunya o el País Vasco.