Recuperar la memoria histórica de los 14 colegios de abogados catalanes durante la Guerra Civil y cuantificar y evaluar el número de letrados depurados y expulsados del oficio por el régimen franquismo, ya que para ejercer de abogado, en 1939 había que volver a colegiarse, y la dictadura hizo una profunda purga. Es la investigación que acaba de impulsar el Consell de la Advocacia Catalana, con el apoyo de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas y el tesorero de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos, el abogado Pep Cruanyes, será el coordinador. Cada colegio ha creado una comisión de investigación con la participación de los decanos y decanas eméritos, y el primer paso será zambullirse en los archivos de cada entidad. Además de los abogados, la Administración de Justicia sufrió una limpieza excepcional de magistrados y profesionales del derecho que ejercieron durante la 2.ª República. Hay quien no se escapó a los consejos de guerra del dictador.
"Ahora, todos somos más conscientes de que hay que preservar la memoria de los colegios. Es el momento de aprovechar los conocimientos de nuestros compañeros más veteranos y de valorar el impacto de la Guerra Civil y de los abogados depurados y expulsados", afirma a la presidenta del Consell y decana del Colegio de Abogados de Reus, Encarna Orduna. Añade que recuperar la historia de los colegios es una de las prioridades de su plan de acción en este año de mandato en el Consell y la considera prioritaria porque actualmente "está dispersa" y su alcance es desconocido. "Vamos muy tarde, ha costado mucho plantearlo y solo hay que ver qué ha pasado en otros ámbitos", admite Pep Cruanyes, que asegura que "por parte del Estado español no se ha asumido de forma clara la historia y la responsabilidad; todo son huidas hacia delante, como con la Jefatura de la Policía de Via Laietana".
Un 30% menos abogados
Así, la investigación se centra en recopilar el censo de abogados que había en cada uno de los colegios y analizar su evolución durante una década, de 1935 a 1945. Se ha fijado el inicio de la investigación un año antes del estallido de la Guerra Civil, para comprobar la disminución del censo a causa de la muerte, el exilio y la depuración de los profesionales. Y también durante la dictadura de Franco para ver la limpieza de disidentes que provocó el Tribunal Depurador en la abogacía, y con la imposición de sus decanos. El abogado Pep Cruanyes explica que el primer paso será hacer un inventario del fondo que hay en cada colegio, porque ahora tienen buenos servicios y equipos, pero antes quizás solo se tenia un despacho, y que "se llegará hasta donde se pueda". Cruanyes, que ha hecho distintas investigaciones históricas, avanza que solo al revisar la guía de la abogacía ya se ve que hubo una reducción de entre el 30 y el 40% de abogados en ejercicio en aquella época y ahora hará falta intentar aclarar los motivos, y cuáles fueron marginados.
El Colegio de Barcelona, pionero
En este sentido, el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab), que tiene una comisión de Memoria Histórica, fue pionero al iniciar una investigación de los colegiados depurados. El verano del 2010 el entonces decano del Icab, Pedro Yúfera, acompañado de los abogados Eva Labarta y Josep Cruanyes, anunciaba el inicio de esta investigación para después reparar profesionalmente, en un acto de memoria, a los compañeros represaliados por el régimen franquista, con políticos como el presidente Lluís Companys.
Además de depurados, hubo profesionales que se vieron obligados a exiliarse, como el caso de Maria Soteras y Mauri (Barcelona, 1905-Ciudad de México, 1976), que fue la primera mujer que se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona en 1927 y ejerció como abogada en Barcelona hasta que se tuvo que exiliar en México al finalizar la Guerra Civil. Su nombre se lucirá en un premio jurídico, el primero que llevará el nombre de una mujer, según anunció el Icab el 8 de marzo pasado. En este sentido, la presidenta del Consell explica que la investigación también permitirá saber la evolución del número de mujeres ejercientes, que -a diferencia de ahora- eran una minoría.
Para Encara Orduna "es importante la historia de los colegios y lo que puedan explicar los mayores. Por ejemplo -añade- los abogados estamos en una mutualidad para pagar nuestra pensión, y ¿qué pasó con las viudas de estos letrados?"
La mayoría de colegios son centenarios, Orduna recuerda que el de Reus tiene 175 años de vida, y el Icab se fundó en 1833. La presidenta del Consell espera poder presentar algún resultado de la investigación a finales de este año. Precisamente, la recuperación de la memoria de la abogacía se impulsa este año que el Consell de la Advocacia a Catalana cumplirá 40 años de existencia, al ser constituido el 10 de junio de 1983 en Tortosa.
Agustí Juandó, abogado reconocido
A pesar de la asignatura pendiente de la memoria histórica de la abogacía, el Consell de la Abogacía Catalana creó el año 2004 un galardón para reconocer a profesionales que defienden el catalán en la Administración de Justicia con el nombre de Agustí Juandó Royo, abogado comprometido en defensa del catalán, que a la Generalitat lo nombró secretario de la Audiencia de Barcelona en 1936. Dos años después fue sometido a un consejo de guerra y el dictador lo hizo ejecutar el 9 de julio de 1939 por el delito de rebelión militar. La familia recibió el certificado de reparación de su memoria, que impulsa el Govern, el año 2019, justamente cuando el abogado y activista August Gil Matamala (Barcelona, 1934) recibió este galardón.
Críticas a la ley de memoria catalana
Para Cruanyes el hito tendría que ser que la investigación pudiera abarcar hasta 1978 con el fin de testimoniar el papel de abogados antifranquistas, que defendieron desafectos del régimen, desde sindicalistas a políticos. Hay mucho material a investigar y a analizar, según Cruanyes, como los expedientes de depuración, o los expedientes de consejos de guerra, dónde hacía falta el informe del Ayuntamiento, de la Guardia Civil y si era un letrado, del decano del colegio.
No obstante, Cruanyes lamenta que la ley de memoria catalana, que esta semana ha iniciado su tramitación parlamentaria, "dificulta toda investigación por la restricción a la documentación, con la excusa de la ley de protección de datos", cuando -añade- la ley española fija que cuando han pasado 50 años de la muerte de una persona, todo expediente se puede consultar. "Es una ley muy declarativa, pero nada de ejecución", manifiesta Cruanyes, impulsor de la Comisión de la Dignidad, que ha exigido el retorno de los papeles de Salamanca y todo lo expoliado a los catalanes por Franco. De la nueva ley española de memoria, la ley 20/2022, Cruanyes dijo que está "llena de trampas".
De la ley catalana, el abogado confía en que se hagan modificaciones en el actual trámite parlamentario, y que las medidas no se queden en un simple estudio, sino que la "reparación sea efectiva", como el retorno de bienes expoliados. "La Generalitat no confiscó bienes, pero hay algunos que tienen los ayuntamientos; por ello, la ley tiene que decir que se tienen que devolver, no solo hacer un estudio", afirma. Otra medida ejecutiva para Cruanyes es que la ley no solo diga que se retirarán monumentos y elementos franquistas del espacio público, sino que se ha de restituir lo que había antes. "Es una ley espesa y recargada; y las leyes tienen que ser claras y precisas", concluye Cruanyes.
En la foto principal, el consejo de guerra del conseller Joan Comorera, con el abogado Josep Benet. /- Foto: Cedida