Un total de 90 abogados catalanes sometidos a consejos de guerra a partir de principios de 1939, de los cuales se dictaron 15 penas de muerte, tres de ellas conmutadas: 10 de Barcelona, 1 de Vic, 1 de Reus, 1 de Cervera, 1 de Madrid y 1 de Castellón. Es uno de los datos destacados de la investigación El impacto de la Guerra Civil en los colegios de la abogacía catalana (1936-1945), que Josep Cruanyes i Tor, abogado, historiador, coordinador y redactor de la investigación, ha presentado a la presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana, Encarna Orduna, acompañada de decano emérito Josep M. Antràs y la vicepresidenta, Marta Martínez Gellida, el viernes pasado. Los 14 colegios de la abogacía catalana encargaron este estudio de memoria democrática y de reconocimiento a los abogados depurados y castigados por el régimen franquista, a petición de las comisiones de exdeganos. "No quiere decir que estén todos y que se puedan localizar a más", ha explicado Cruanyes, que ha añadido que el último juzgado que han localizado es Josep M Boronat y Recasens (1904-1964), escritor, abogado y juez catalanista, al volver del exilio. "Boronoat no pudo volver a ejercer nunca más de abogado en Barcelona ni en la junta de Josep M. Pi i Sunyer, que fue la primera que podemos considerar democrática", sostiene Cruanyes.
En la investigación, explica Cruanyes, se ha realizado una primera aproximación de la situación de los colegios de abogados durante la Guerra Civil y la posguerra hasta 1945, "teniendo en cuenta la situación del ejercicio de la profesión en garantía del derecho de defensa". Para el trabajo, cada colegio ha creado una comisión de investigación con la participación de los decanos y decanas eméritos para buscar en los archivos de cada entidad. La tarea se ha realizado con el apoyo de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas y de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos. La investigación se podrá consultar en la web de la Abogacía Catalana, con los nombres de afectados, en los meses próximos. En una segunda etapa de la investigación, se profundizará en los consejos de guerra, y se podría visitar archivos del Ministerio de Justicia, avanza Cruanyes a ElNacional.cat.
Un control férreo
En la investigación, se informa que en el periodo de guerra, "hay un primer momento de derrota del orden político de las instituciones", que afecta a la Administración de Justicia "a pesar de los intentos del conseller de Justicia, Josep Quero Molares, de crear tribunales". El fin de la guerra representó "entrar en una situación de total excepcionalidad democrática", se manifiesta y "se impuso sobre los colegios un control férreo del Ministerio de Justicia que se reservaba la potestad de designar al decano". Además de los abogados, la Administración de Justicia sufrió una limpieza excepcional de magistrados y profesionales del derecho que ejercieron durante la Segunda República, que eran nombrados por la Generalitat.
Letrados sancionados
El proceso depurador se realizó en todos los colegios de abogados. Especialmente, en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), que se impuso una junta fiel al régimen franquista, y el tribunal depurador se creó el 28 de marzo de 1940. "Los colegiados de todos los colegios tuvieron que ser depurados: se les interrogaba sobre su militancia y habían de hacer una declaración jurada sobre su actuación política durante el periodo republicano y de guerra y su adhesión al régimen." Unos 1.700 abogados tuvieron que hacer la declaración entre los años 1939 al 1945, que era como volverse a colegiar, sostiene Cruanyes, y desmiente así la afirmación que se hizo una depuración menor, según la junta de l'Icab de Antonio María Simarro, que después sería alcalde de Barcelona, en la década de los años 50
Además de la defensa de los derechos de las personas, había un buen sector de la abogacía catalana implicada en conseguir más independencia del país, dentro la Segunda República española. Una muestra es el tema escogido en el Congreso Jurídico Catalán en 1936: Fijar el alcance de la Autonomía Legislativa de Catalunya.
Tribunal militar en el Palau de Justicia
Con respecto a los tribunales militares, la investigación precisa que estaban repartidos por el territorio, como en Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, Mataró, Berga, Vic, Manresa, Terrassa, Sabadell, Granollers, Arenys de Mar. En Barcelona, el tribunal militar estaba en el Palacio de Justicia, mientras que las audiencias territorial y provincial y los juzgados de Primera Instancia se trasladaron al Parlament. También se descubre que hasta 1940 el Colegio de la Abogacía de Barcelona no recuperó la sala de togas en el Palacio de Justicia de Barcelona, y que lo mismo pasó con las audiencias provinciales de Lleida, Girona y Tarragona.
Sanciones
Antes de la junta depuradora de Barcelona, se detalla que se expulsaron 45 abogados, la mayoría de los cuales estaban en el exilio. De 1939 hasta 1943 hay una constante petición de antecedentes y de instrucción de expediente depuradores. En la dictadura, había el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que imponía sanciones económicas y podía requisar bienes. En este caso, Cruanyes detalla que entre la documentación han encontrado un expediente sancionador a Maria Soteras y Mauri (Barcelona, 1905-Ciudad de México, 1976), que fue la primera mujer que se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona, el 1927 y que ejerció como abogada en Barcelona hasta que se tuvo que exiliar en México al finalizar la Guerra Civil. Con la dictadura, las primeras mujeres universitarias desaparecieron de las Facultades de Derechos y los Colegio de Abogados.
Con respecto a sanciones a abogados, se informa de que en 1947 había 63 presentadas: con 8 expulsiones; 22 de suspensión entre dos meses y tres años; 20 de represión pública, y 13 de reprensión privada. Aparte, de los 45 expulsados a perpetuidad. "El miedo de la represión había provocado el exilio de muchos abogados y de otros que no osaron darse de alta de nuevo", concluye Cruanyes.
En la foto principal, el Palauet Casades, sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona, en 1936. El Icab mantiene este edificio emblemático como sede. / Foto: Icab