La asociación ultraderechista Abogados Cristianos, habitualmente detrás de todas las causas por “ofensa a los sentimientos religiosos”, ha acusado esta semana a los sanitarios españoles de embolsarse “ingentes cantidades de dinero” vendiendo órganos de pacientes a los cuales “incentivan” a optar por la eutanasia. En un artículo en su sito web y en diversos tuits, Abogados Cristianos asegura que los médicos y hospitales involucrados en trasplantes de órganos reciben “sobresueldos” de “miles de euros”, y acompañan la afirmación con una imagen de elaboración propia con los supuestos precios de cada órgano: 11.700 € por el corazón, 13.000 € por el hígado, 9.000 € por el riñón. Sin aportar pruebas ni detallar fuentes.
Las acusaciones iban acompañadas de una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, para pedirle que ponga fin a estas supuestas dinámicas. La respuesta de García, de la rama de Sumar del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez, no ha tardado en llegar: en una publicación en las redes sociales, la ministra ha anunciado que estudiarán acciones legales contra la publicación de la asociación ultraderechista. “Ataca a nuestro sistema de trasplantes, a nuestros profesionales y a nuestra sanidad”, ha denunciado García, que ha recordado que en España la donación de órganos es “voluntaria, confidencial y sin ánimo de lucro”.
Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado que Abogados Cristianos, a los que tilda de “pseudoorganización”, ha cogido los datos de cuánto dinero cuesta realizar un trasplante y los ha empleado para “mentir” sobre los profesionales, el sistema de trasplantes y la eutanasia. “Ni un poco de respeto hacia quien mejora la vida de los otros”, ha sentenciado el alto cargo del Ministerio en un mensaje en 'X' (Twitter).
España, líder en trasplantes
España es líder mundial en donación de órganos desde hace décadas. Bajo la coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes, en 2023 se realizaron 5.861 trasplantes de órganos, una tasa de 122,1 trasplantes por millón de población, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Sanidad. La cifra se alcanzó gracias al “acto generoso” de 2.346 personas que donaron una vez fallecidos y 433 personas que donaron un riñón y 2 parte de su hígado en vida. Estos datos supusieron un crecimiento del 9% en trasplante y del 7% en donación en comparación con 2022.
El tráfico de órganos, una lacra
También es cierto que existe el tráfico ilegal de órganos en muchas sociedades y Sanidad lo describe de la siguiente manera. “Cada año se realizan entre 140.000 y 150.000 trasplantes en el mundo (...). La OMS calcula que entre un 5% y un 10% de estos trasplantes resultan del tráfico de órganos. Este delito ocurre normalmente en el contexto del turismo de trasplante, en el que pacientes de países ricos o con minorías ricas se trasplantan en países en vías de desarrollo con órganos ilícitamente extraídos de los sectores más vulnerables de la población. Pero ningún país está libre del tráfico de órganos. Es un problema de dimensión global que viola derechos humanos fundamentales”.
En este sentido, la lucha contra el tráfico de órganos es también una prioridad del Estado. En 2020 ratificó el Convenio de Santiago de Compostela para la lucha contra este delito y se adscribe al marco jurídico sobre la cuestión del Consejo de Europa. Junto a otros 14 países, España fue de los primeros firmantes del convenio. El texto obliga a los estados a tipificar como delito la extracción ilícita de órganos humanos y su uso para trasplantes o para otros fines. Además, incluye medidas para la protección de las víctimas y para la prevención del delito, como la necesidad de asegurar la transparencia de los sistemas de trasplante y el acceso equitativo a este procedimiento. El Código Penal tipifica el tráfico de órganos como delito en el artículo 156 bis y lo castiga con pena de prisión de entre tres y doce años.