Los abogados de los presos políticos, Xavier Melero, Marina Roig, Jordi Pina, Andreu Van den Eynde, Mariano Bergés y Olga Arderiu, en una rueda conjunta y sin precedentes, piden una nueva petición de libertad. "Tenemos que volver a exigir al tribunal otra vez la puesta en libertad de nuestros clientes", ha anunciado la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig. La petición se hace "para acabar con esta injusta situación de prisión provisional", ha añadido Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn.

El escrito de libertad se presentará la próxima semana en la sala de enjuiciamiento, que a partir de ahora toma el relevo a Pablo Llarena, que ya ha cerrado la instrucción del caso.

El anuncio llega al día siguiente de que el tribunal de Alemania se haya pronunciado sobre la extradición de Carles Puigdemont sólo por malversación y persigue dos objetivos que ha explicado el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde: "Resolver la situación injusta de prisión y el que Supremo pueda resolver un problema propio, el desprestigio". Van den Eynde ha sentenciado que "no hay ninguna probabilidad de que eso acabe en ninguna condena por rebelión" y ha concluido: "Es un win-win. Tenemos la oportunidad de resolver dos problemas al mismo tiempo", apelando a la fiscalía.

Según Melero, la decisión de Alemania "es una resolución clásica y ratifica lo que ha dicho cualquiera que se ha tenido que pronunciar sobre lo que estaba instruyendo el Tribunal Supremo" y ha denunciado que "habría que provocar una reflexión de cómo se está utilizando el ordenamiento jurídico para enfrentarse a un fenómeno social".

Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, ha apelado a la prudencia del Tribunal Supremo para que actúe con consecuencia: "Es mucho más prudente hacer una lectura de lo que es la prisión preventiva mucho más prudente de la que se está haciendo. Choca frontalmente con el artículo 24 de la Constitución, de la presunción de inocencia, y está prevista para esos casos tan graves que no se puede permanecer en libertad porque se ponen en peligro la integridad física, bienes individuales...".

Un juicio justo

Los abogados no pueden pronosticar aún la fecha del juicio, pero creen que "irá rápido y que la intención es ir rápido", explicó Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell. Y también tienen dudas sobre cómo la fiscalía presentará el escrito de acusación y si dejará la rebelión fuera, aunque creen que "sería lógico rebajar las peticiones".

"Es impensable que tuvieran en mente que pudiera haber levantamientos violentos", dice Marina Roig para argumentar que tampoco sería lógico una acusación de conspiración a la rebelión.

No hay pactos

Todos los abogados han asegurado que ni se ha negociado ni se negociará.

"La resolución alemana no allana nada porque no hay nada que negociar. Pediremos la absolución y llegaremos al tribunal europeo". "No se habla ni se pacta", dijo Andreu Van den Eynde en nombre de las defensas de los presos de ERC.

"¿Qué tengo que negociar? Absolutamente nada. No hay delito. No tengo absolutamente nada que negociar", aseguró firme la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig.

Xavier Melero, abogado de Forn, se ha posicionado en el mismo sentido: "Ninguna negociación es posible ni deseable. La situación de ir confesos y conformes es inimaginable". Y sobre la posibilidad de un intercambio de delitos se ha mostrado contundente: "La posibilidad de pacto en cuanto al delito de desobediencia es irrelevante. Es una puerta cerrada. Sentarlo en el banquillo tiene un valor simbólico y afianza las tesis de las defensas".

En el mismo sentido se ha explicado Jordi Pina, abogado del resto de presos políticos del PDeCAT: "No nos hemos reunido ni dialogado y no es nuestra intención hacerlo".

La imagen de unidad

Los abogados han aparecido por primera vez juntos. Están de acuerdo en que no hay fundamento jurídico para los delitos de rebelión, malversación y desobediencia y en que la situación de prisión provisional es injusta.

Nunca hasta ahora lo habían hecho ni habían anunciado una estrategia conjunta de defensa. Todos han negado que se haya pactado, pero sí que han admitido que tienen discrepancias a la hora de pedir pruebas o diligencias.

Dicen que no han hablado de si es mejor o peor que Carles Puigdemont sea extraditado o no y explican que no se han planteado hacer estrategia con la situación de los políticos en el exilio.