La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los 13 universitarios que juzgó acusados de desórdenes y daños en la huelga estudiantil 'La pública a juicio' en marzo del 2017, organizada por el Sindicato Estudiantil de los Países Catalanes (SEPC). Así lo ha anunciado la defensa de los estudiantes, que ejerce el colectivo de abogados Alerta Solidària, en una publicación en su cuenta de Twitter. En el tuit, el colectivo ve la absolución como una "victoria", y reafirma su objetivo de "garantizar una universidad catalana pública, gratuita y de calidad".
La Fiscalía pedía 8 años y medio
Durante el juicio, que empezó a principios de junio, la Fiscalía pidió ocho años y medio de prisión a cada uno de los estudiantes, además de una multa de 11.000 euros por quemar un contenedor, estropear la fachada de un banco y causar otros destrozos durante la movilización estudiantil. Además, la defensa pidió al tribunal retirar de la causa las imágenes que los Mossos d'Esquadra utilizaron para identificar a los acusados después de la protesta porque, según decían, estaban "editadas".
Desde un principio, los acusados consideraron que las acusaciones eran desproporcionadas. Por otra parte, sus abogados pusieron en duda las pruebas y la investigación de los Mossos d'Esquadra, ya que la policía solo detuvo a una persona, días después de los hechos, y el resto recibieron la citación para declarar, también con posterioridad.
¿Pruebas manipuladas?
De hecho, los 13 investigados fueron identificados a partir de imágenes de la policía tomadas desde el helicóptero, de noche y en medio de una masa de manifestantes, la mayoría de los cuales iban, tapados. Por eso durante la primera sesión del juicio pidieron que no se tuviera en cuenta algunos de los vídeos que aportaron los Mossos como prueba, para estar "manipulados".
Los agentes que llevaron a cabo la investigación admitieron que no se identificó a todos los acusados como autores directos de los hechos. Uno de los testimonios aseguró que solo uno de ellos, Anna Cruells, se vio implicado directamente en los hechos, y que se la identificó por la ropa que llevaba. Pero añadieron que "todos ayudaron a que se pudieran producir los hechos", y por eso también acusaron el resto.
El abogado de algunos acusados, Eduardo Cáliz, denunció el "seguimiento" de los Mossos a miembros del sindicato universitario independentista y "la orgía punitiva" de la Fiscalía, que tiene como objetivo, según él, "la sociedad organizada y el derecho a la protesta".
El apoyo del mundo universitario
Cerca de un centenar de personas se concentraron ante la Audiencia de Barcelona el día del inicio del juicio para dar apoyo a los 13 universitarios juzgados. La movilización también estuvo secundada por el sindicato estudiantil, Òmnium Cultural y vicerrectores de las universidades catalanas.
El Rectorado de la UB va hecho un comunicado defendiendo la importancia que tiene el alumnado organizado para la mejora del sistema universitario y el ejercicio del derecho de manifestación de manera pacífica y democrática.
Foto principal: los 13 universitarios juzgados por disturbios antes de entrar a juicio / ACN