Ha sido rápido. Solo quince días después de dejar visto para sentencia el juicio, la Audiencia de Castellón ha absuelto a los dos exdirectivos del proyecto Castor y la empresa concesionaria Escal UGS, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, de cuyo delito ambiental fueron acusados. La sentencia, sin embargo, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
El tribunal ha hecho suyas las tesis presentadas por la defensa durante la vista oral de forma prácticamente total. Así, ha asegurado que los terremotos difícilmente se podían prever, que no existe consenso científico sobre su causa e, incluso, minimiza el alcance de los seísmos, descartando que llegaran a producir daños personales ni materiales a la población de las poblaciones próximas. La sentencia rechaza también los daños morales que reclamaba la acusación particular de la plataforma de afectados Aplaca.
El 8 de octubre
Concretamente, la sentencia absuelve los dos acusados y la empresa del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, con riesgo para la vida y la integridad física de las personas, con ocultación de información a la administración y con un grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico por el cual venían acusados, sin hacer declaración sobre responsabilidades civiles derivadas del delito, y declara de oficio los costes procesales.
El juicio empezó el 8 de octubre. La acusación pública solicitaba una petición para cada uno de los directivos acusados de seis años de prisión y 15.600 euros de multa, aunque eliminó en la calificación el riesgo catastrófico porque no había quedado acreditado. Por el contrario, las defensas pidieron la libre absolución tanto de los acusados como de la empresa.
Terremotos
Por su parte, un total de 123 afectados por los terremotos provocados por el proyecto Castor reclamaban a la empresa concesionaria Escal UGS (participada mayoritariamente por ACS, la empresa de Florentino Pérez) y a los dos directivos un total de 1.845.000 euros por los daños morales producidos por "la ola de pánico" generalizado que se produjo a consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas, según informó el despacho de abogados de que representaba la asociación de afectados Aplaca.
En este sentido, los peritos de la defensa ya intentaron confundir sobre los seísmos. Declaró que la sismicidad que hubo después de la inyección de gas "se esperaba que se produjera" aunque el terremoto producido el año 2013 fue "muy pequeño", solo de magnitud 3.
Imagen principal: Los acusados en el juicio del Castor entran en los juzgados / Europa Press