Punto final al enredo de traficantes, agentes policiales y confidentes que ha durado más de 12 años. La Audiencia de Barcelona ha absuelto al subinspector de los Mossos d'Esquadra de Vilanova i la Geltrú, Josep Ranea, juzgado por supuestamente haber colaborado con una banda de narcotraficantes y recibido dinero de un confidente. En el llamado 'caso Macedonia', iniciado el 2009, el subinspector y 16 acusados más se enfrentaban a penas de hasta diez años de prisión. No obstante, el tribunal ha absuelto 8 de los 17 encausados, incluido el mosso de escuadra. La acusación en este caso era por organización criminal, tráfico de drogas, soborno, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y tenencia ilícita de armas, informa la ACN. El caso ha involucrado tanto a los Mossos como al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, e incluso contó con el testimonio del mayor Josep Lluís Trapero. La investigación, iniciada en el 2009 creció y llegó a varios juzgados. Algunas piezas ya han sido archivadas y otros están pendientes de juicio y algunas ya tienen sentencia.
El mosso hablaba con los confidentes
Después de casi 8 años de instrucción, el tribunal ha condenado a ocho de los 17 acusados apenas de entre un año y medio y dos años y medio de prisión por tráfico de drogas, con multas de 2.600 a 35.000 euros. A tres acusados los ha condenado a medio año de prisión por tenencia ilícita de armas. En todos los casos se les ha reconocido además la atenuante de dilaciones indebidas, por el tiempo que ha tardado en llegar la resolución. En cambio, el tribunal ha absuelto a todos los 17 acusados del delito de organización criminal y soborno. En uno de los principales acusados, al confidente policial, Manuel Gutiérrez Carbajo, lo han absuelto de todos los delitos. Además, Ranea también ha sido absuelto de los delitos de tráfico de drogas y de revelación de secretos. En la resolución, se establece que el subinspector "mantenía relaciones por teléfono y encuentros puntuales con [...] confidentes", que le facilitaban "información sobre delincuentes", por otra parte, dejan claro que dos de los acusados "eran confidentes", pero que al juzgado "no les constaba como documentado".
Sospechaban que los traficantes sobornaban el mosso
La fiscalía pedía hasta once años de prisión para uno de los jefes de la banda, a un antiguo confidente policial, y diez y medio para el subinspector de los Mossos d'Esquadra y exnúmero 2 de la comisaría de Vilanova i la Geltrú. Cinco de los 17 acusados aceptaron la pena pactada con la fiscal. Según la fiscalía y los investigadores de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos que investigaron el caso, buena parte de los acusados se dedicaban al tráfico de drogas, sobre todo cocaína, marihuana y hachís, y obtenían información policial privilegiada de algún agente a cambio de sobornos. Los dos máximos responsables de la DAI encargados del caso explicaron que mientras investigaban un grupo de traficantes, que legalmente se dedicaban a la compra y venta de vehículos, descubrieron que tenían contactos con el subinspector Ranea y un cabo. Este dice que tenía algunos contactos con ellos como confidentes, pero lo que les pareció extraño es que el policía daba más información a los confidentes que a la inversa. Además, los traficantes le pedían favores como sacar multas, información sobre vehículos o sobre detenciones. Incluso uno de los sospechosos pidió al subinspector que lo ayudara a entrar en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, cosa que no consiguió.
El mayor Trapero lo negó todo
Durante el macrojuicio, que duró varias semanas, policías nacionales, guardias civiles y mossos de la DAI afianzaron las acusaciones, mientras que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y un exresponsable anticorrupción de la policía catalana defendieron el subinspector de Vilanova y criticaron la investigación judicial. El tribunal ha excluido varias pruebas por vulneración de derechos fundamentales, como varias llamadas telefónicas intervenidas y cacheos domiciliarios. También se han anulado las declaraciones que hicieron varios detenidos en comisaría, porque las detenciones duraron más de las 72 horas legales, se les mantuvo incomunicado y declararon sin conocer ninguna acusación concreta.