Rosa se fue a vivir a la calle Santa Anna de Reus hace 8 años. Hacía tres años que los Servicios Sociales de Reus la tenían que ayudar porque su situación era precaria. La abuela, de 81 años, murió lunes en su casa debido a un incendio provocado por las velas que sustituían la corriente eléctrica que hacía 2 meses que le habían cortado. Los técnicos de Servicios Sociales sabían perfectamente la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encontraba, pero varias fuentes consultadas por El Nacional apuntan que el control y el seguimiento “no era el adecuado”.
La principal pregunta que se plantean las fuentes consultadas, entre las que hay la PAH del Baix Camp, concejales del Ayuntamiento y el entorno familiar de la víctima, es por qué nadie miró con detenimiento la posibilidad de que la abuela tuviera la luz cortada. Por qué nadie se dio cuenta de que la factura de la luz no iba a nombre de Rosa, que era la arrendataria, y que tenían que mirar la dirección para detectar el corte. Y por qué no cayeron en la posibilidad de que tuviera la luz cortada cuando ya hacía tiempo que era el Ayuntamiento quién le pagaba el agua y el consistorio sabía que había empezado el proceso de desahucio del piso.
Rosa hacía un año que no pagaba el alquiler. Hacía unos meses que había empezado el proceso para desahuciarla y el Ayuntamiento lo sabía. Pero a pesar de todo no había saltado ninguna alarma sobre la posibilidad de que no pudiera pagar la factura de la luz, como era lo que también estaba sucediendo.
Según ha podido saber El Nacional, Rosa hacía meses que estaba enferma y no salía a la calle. De hecho, ni siquiera se podía mover de la cama. Vivía sola. Su nieta iba de vez en cuando, pero quien tenía cura de ella era la bisnieta de 20 años, que le traía las comidas y la movía de la cama para que no sufriera úlceras.
Sin luz y sin movilidad, si alguien tocaba el timbre era cómo si nada ocurriese. No funcionaba el portero automático de la portería, y si hubiera funcionado, Rosa no habría podido abrir. Según el Ayuntamiento de Reus, un técnico de Servicios Sociales visitaba antes una vez por semana o una vez cada quince días a la abuela, pero últimamente no habían podido acceder al domicilio. Las explicaciones del Ayuntamiento son que la familia no los dejaba entrar. Y esto ha provocado la reacción de la bisnieta, que ha pedido al consistorio que deje de hablar de la familia y de calificarla de desestructurada.
Demandas y agravios
La PAH pone en entredicho que realmente el Ayuntamiento no recibiera un aviso de corte de luz. “Miraron la dirección?”, dicen a El Nacional. Tampoco entienden como Servicios Sociales no informó a Gas Natural de la situación de vulnerabilidad de Rosa, si hacía tres años que le hacían un seguimiento y si le pagaban el agua porque ella no podía. El Ayuntamiento, de hecho, no hace ninguna gestión. Paga el agua porque es de una empresa municipal: Aigües de Reus.
La PAH se reunió el jueves con el Ayuntamiento para hacerlos ver la situación en la que viven algunas personas en la ciudad y pidió la instalación de contadores solidarios y planes de ocupación para las personas que están en edad laboral y tienen un paro de larga duración.
El día siguiente de los hechos, el Ayuntamiento argumentó que "los Servicios Sociales únicamente se han puesto en contacto con la compañía para informarla de que el Ayuntamiento procedería a ingresar mediante transferencia el importe de la deuda contraída por los clientes de la empresa que sean beneficiarios de las ayudas que gestionan los Servicios Sociales: ayudas de urgencia o subvenciones", pero no detalló que Rosa fuera uno de estos beneficiarios ni que estuviera en ninguna lista de personas vulnerables. El equipo de gobierno ha mantenido desde el primer momento que "la compañía eléctrica no notificó a los Servicios Sociales del Ayuntamiento el corte de luz, tal como prevé la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética".
La Plataforma pide que se multe Gas Natural Fenosa con la sanción más elevada, que es de un millón de euros, por no haber comunicado el corte de luz. “La compañía se ha saltado la ley y Servicios Sociales no han hecho nada”, sentencian.