El accidente de metro de Valencia de 2006 en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas ha quedado cerrado este lunes con la condena de cuatro exdirectivos de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) pero ningún ingreso en prisión.

La decisión ha sido leída por la jueza que lleva el caso, en la primera y única jornada del juicio, en la que se ha materializado la condena por conformidad de veintidós meses de prisión para cuatro exdirectivos de FGV tras los acuerdos alcanzados con la Fiscalía.

Acuerdo entre acusaciones y defensas

Las víctimas han calificado la sentencia como "un triunfo de la sociedad", en la medida en que se están señalando responsabilidades a directivos de la entidad implicada, y han asegurado que ésta les da la razón, pone en valor la lucha que han mantenido durante más de trece años y les permite "pasar página".

La Fiscalía Provincial de Valencia alcanzó la pasada semana un acuerdo con las acusaciones particulares y las defensas implicadas en el caso, en virtud del cual resultan absueltos cuatro directivos: Domingo Alepuz, Manuel Sansano, Francisco Orts y Marisa Gracia.

Los condenados no entraran a prisión

Los condenados son Vicente Contreras, Juan José Gimeno Barberá, Francisco García Sigüenza y Sebastián Argente. Estos últimos asumen su responsabilidad por las deficiencias de infraestructuras, material móvil, falta de control por la velocidad o inexistencia de balizas, es decir, asumen que hubo imprudencia temeraria con resultado de muertos y heridos.

Por ello resultan condenados, cada uno, a un año y diez meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores; 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional.

No obstante, la jueza ha suspendido el ingreso en prisión de los cuatro condenados, una posibilidad de la que dispone un juez que dicta una condena para penas de menos de dos años si los reos no tienen antecedentes y se cumplen otros requisitos.

Las acusaciones han estado de acuerdo en que no se produjera el ingreso en prisión, pues, según los abogados de las víctimas, la prisión no iba a devolver la vida a los fallecidos y "la satisfacción moral y jurídica" se ha conseguido con el reconocimiento de responsabilidad por parte de los condenados.