"Fue una muerte cruel, absurda e inhumana." Así ha definido el penalista Miguel Capuz la muerte de Susana Cortés Jiménez, el 17 de junio de 2019, en su piso de Vilacedans. El fiscal y la familia de Cortés, representada por Capuz y por otra abogada, acusan a su pareja Mariano Daniel Vásquez, un dentista de nacionalidad argentina, de dejarla morir mientras sufría un ataque diabético y la grababa agonizando con su móvil. Después de cinco horas agonizando, murió. El acusado declarará mañana, martes, ante el tribunal de jurado constituido hoy en la Audiencia de Barcelona, y formado por siete mujeres y cuatro hombres. Su defensa, ejercida, por el penalista Manuel Bravo, ha sostenido que él fue a atenderla y que "no era consciente de su gravedad", y fue a los Mossos, y por eso ha pedido su absolución. Cortés está en prisión provisional desde el 19 agosto del 2019, dos meses después de la muerte de su pareja. La fiscalía y las acusaciones particulares le pide la prisión permanente revisable al considerarlo autor de un delito de asesinato con las agravantes de ensañamiento, por motivos de género y de parentesco, en la modalidad de comisión por omisión, a más de cinco delitos de maltratos y un delito contra la intimidad.
La pareja empezó una relación en febrero del 2019 y fueron a vivir juntos y, según el escrito de acusación del fiscal, Mariano se mostraba "celoso y posesivo e insultaba a Susana en público si hablaba con hombres". En este contexto de "menosprecio y subordinación", el 19 de abril de 2019, la agredió en las costillas, y ella ocultó su origen al médico, y hubo otros episodios, que provocaron en la víctima "un sentimiento de inferioridad, aunque no se veía con fuerzas de explicar a terceros qué le pasaba". Tenía miedo y unos días antes pidió a su exmarido que se llevara a su hijo a vivir en Ciudad Real, y ella bajó una aplicación al móvil que grababa el contenido de sus llamadas.
En el relato, se indica que la mujer se deprimió, dejó de ir al trabajo, no se cuidaba de la diabetes tipo 1 que sufría, y también consumían cocaína. Eso provocó que el 17 de junio del 2019 se encontrara muy mal, y llamó al acusado para que la ayudara. Él fue a su casa y "sabedor de la enfermedad que sufría, se dio cuenta de que estaba sufriendo, y al menos durante cinco horas el acusado constató el gran sufrimiento de ella y que le suplicaba ayuda". Además, el acusado grabó con su móvil quince fragmentos, en qué parece que el acusado la ayuda, pero es "inocuo", según la fiscalía, y añade: "Grabó su cara y el cuerpo desnudo de la víctima en situación de debilidad, pidiendo ayudada casi muerta, que atenta en el más profundo de su dignidad".
Dudas de la muerte
El fiscal Víctor Alegret ha calificado la relación sentimental de "tóxica" y que Susana "sufría el síndrome de la mujer maltratada". Además de la petición de prisión, el fiscal pide que el acusado indemnice al hijo de la víctima con 400.000 euros, a su madre, con 200.000 euros, a su hermano con 100.000 euros, y al exmarido con 10.000 euros. Capuz, abogado en nombre de la madre y uno de los hermanos, ha sido más contundente ante el comportamiento del acusado: "No llamó al 112 ni le dio una coca-cola. Le daba agua que era para matarla. La mató por odio." Capuz ha añadido que en el juicio "Susana hablará, ya que se bajó una aplicación para escuchar las llamadas al móvil."
Por el contrario, el abogado defensor indicó que ella llamó a Mariano cuando se encontraba mal aquella noche. Bravo también ha puesto en duda las causas de la muerte, lo cierto es que no está claro si sufrió una hiperglucemia o una hipoglucemia. El abogado ha asegurado que los "síntomas de la hiperglucemia son similares a una sobredosis de cocaína, de la cual le encontraron restos en casa de ella." Además, ha presentado a la víctima como una persona no se cuidaba lo suficiente ni se controlaba la diabetes, además de "tener deudas y por eso se descargó una aplicación del móvil". Hoy continúa el juicio, en la sala de jurado de la Audiencia de Barcelona, con la declaración del acusado y de testigos.