El juzgado de Instrucción 28 de Barcelona ha abierto ya todos los trámites para juzgar a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del president en el exilio Carles Puigdemont, por su viaje a Nueva Caledonia en 2018, con motivo de la celebración del referéndum de independencia y una visita a los presos políticos en Lledoners. Según el escrito de la apertura del juicio oral, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, lo acusan de malversación y prevaricación y la Fiscalía pide 3 años de prisión y 17 de inhabilitación. El juez investiga de dónde salieron los 4.580 euros del viaje y 15,20 euros del peaje de ir y volver a Sant Joan de Vilatorrada.
En el escrito judicial, que tiene fecha de ayer, 9 de noviembre, el magistrado no adopta medidas cautelares que afecten a la libertad de Alay, pero sí que le pide que pague en 24 horas una fianza de 4.732 euros.
A finales de septiembre la Audiencia de Barcelona rechazó el recurso presentado por Alay contra la acusación de malversación y prevaricación, continuada por haber utilizado recursos públicos para financiar el viaje. El caso se remonta al año 2020 cuando la Fiscalía de Barcelona presentó una querella contra Alay por malversación de dinero público, a raíz de un viaje a Nueva Caledonia con motivo del referéndum de autodeterminación del 4 de noviembre del 2018, al que fue invitado oficialmente por el Frente de Liberación Nacional de Kanak Socialista y por el pago de un ticket de peaje para ir a la prisión de Lledoners por valor de 11 euros.
El caso
El jefe de la Oficina del president será el único que se siente en el banquillo de los acusados después de que el juez decidiera archivar la acusación, por los mismos hechos, contra la secretaria general de Presidència, Meritxell Masó, que estaba imputada por autorizar los gastos bajo sospecha. Actualmente Alay está siendo investigado en el marco del caso Volhov, que investiga la presunta relación de Rusia en la financiación del procés, una trama que la Fiscalía no comparte.
Durante la instrucción Alay ha defendido siempre que el viaje formaba parte de sus funciones como responsable de la oficina del president. Un viaje “justificado y oficial”, que se hizo cumpliendo “todos los requerimientos económicos y jurídicos que establece el marco legal de las oficinas de los expresidentes de la Generalitat”, según apuntó la oficina tras hacerse pública la querella de la Fiscalía.
En el momento de presentarse la querella, Alay denunció que era, una vez más, objeto de persecución política, denuncia que ha reiterado este martes en un tuit al hacerse público que iría a juicio. “Perseguido por motivos políticos. Después de veinte días asediándome con Rusia, ahora me juzgarán por haber representado al president Puigdemont en el referéndum de Nueva Caledonia de 2018”, ha afirmado.