Los alcaldes de la CUP de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, y de Celrà (Gironès), Dani Cornellà, no irán a juicio por el corte del AVE durante el primer aniversario del 1-O porque, una vez cerrada la investigación, ni la fiscalía ni Adif los acusa. La Policía Nacional los arrestó el 16 de enero del año pasado en el marco de un operativo, que se saldó con dieciséis detenciones.

El juzgado de instrucción 4 investigó un total de diecinueve activistas y concluyó que había indicios para enviar diecisiete a juicio. Finalmente, la fiscalía y la abogacía del Estado en nombre de Adif sólo acusan cuatro de los investigados por delitos de desórdenes públicos, daños en patrimonio público, atentado a agentes y lesiones leves y piden 4 años de prisión para cada uno. Cuatro de los diecinueve activistas investigados inicialmente por el corte del AVE durante el primer aniversario del 1-O irán a juicio. Se enfrenta a 4 años de prisión y multas por valor de 12.150 euros cada uno por delitos de desórdenes públicos, daños en patrimonio público, atentado en agentes de la autoridad y lesiones leves.

Parte de los detenidos, durante su participación en la manifestación unitaria, el 16 de enero del 2019. Foto: ACN

La detención policial de enero del año pasado despertó numerosas críticas y movilizaciones de protesta. De hecho, tanto los afectados como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, llegaron a denunciar a la Policía Nacional por detención ilegal, aunque la causa quedó archivada.

"Había indicios"

Una vez cerrada la instrucción, el juzgado resolvió que había indicios para enviar a juicio dieciocho de los encausados por desórdenes públicos y daños a la circulación ferroviaria. El juzgado archivó la causa a uno de los investigados porque las imágenes de la cámara de videovigilancia donde la policía lo identificaba no eran concluyentes y porque aportó un testigo que lo situaba trabajando a aquella hora.

La defensa de los encausados, encabezada por los abogados Montserrat Vinyets y Benet Salellas, recurrió el auto del juzgado a la Audiencia de Girona. Los letrados argumentaban "la inexistencia de indicios" contra los encausados y ponían en duda que la Policía Nacional los identificara "con una simple comparación" de las imágenes de las cámaras de videovigilancia con fotografías extraídas de las redes sociales.

Los alcaldes de Verges y Celrà saliente de los Juzgados de Girona, el 15 de marzo del 2019. Foto: ACN

La Audiencia estimó parcialmente el recurso de la defensa y también archivó la causa contra el fotoperiodista Carles Palacio porque "se encontraba en el lugar de los hechos por su condición de reportero gráfico o fotoperiodista, con la función de informar sobre lo que estaba pasando."

Se archivan 13 causas

De los diecisiete activistas investigados, la fiscalía y la abogacía del Estado sólo han formulado acusación por cuatro. Según informa un comunicado de la campaña de solidaridad con los encausados por las movilizaciones en Girona durante el primer aniversario del 1-O ('21 razones'), las acusaciones se centran en aquellos investigados que, según los atestados policiales, fueron identificados en la concentración exterior de la estación del AVE. Eso quiere decir que el resto de los investigados, incluyendo a los alcaldes de Verges y Celrà, no irán a juicio y se acuerda el archivo para trece de los activistas que continuaban imputados.

Fiscalía y Adif solicitan para cada uno de los cuatro procesados 2 años de prisión por los desórdenes públicos, 1 año de prisión y multa de 6.750 euros por los daños, 1 año de prisión por atentado a agentes de la autoridad y multas por valor de 5.400 euros por los delitos leves de lesiones. En total, las acusaciones piden 4 años de prisión y 12.150 euros de multa para cada uno de los acusados. En concepto de responsabilidades, piden un total de 13.598 euros de indemnización. El juicio se celebrará en un juzgado de lo penal de Girona.

"Criminalización" contra el independentismo

'21 razones' subraya que, a pesar de la archivación de la causa para la mayoría de los encausados, continúa "el constante intento de criminalización" contra el independentismo. "Sólo movilizadas y organizadas nos será posible romper el muro antidemocrático del estado español", afirman.

En este sentido, aseguran que seguirán luchando por seguir ejerciendo el pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación y por conseguir la libertad de todos los presos y presos políticos". "Queremos transmitir toda la solidaridad a las compañeras que tendrán que hacer frente a este juicio y decirles que no estarán nunca solas", concluyen.