Alerta en las áreas de Barcelona y Girona, que están cerca de volver a la excepcionalidad por sequía. En este primer lunes de octubre, los embalses del sistema Ter-Llobregat (que abastecen 202 municipios) se han mantenido por debajo del 30% de su capacidad. Concretamente, en un 29,46% (180,34 hectómetros cúbicos), poco más de cuatro puntos por encima del umbral de la excepcionalidad (25%). Sin embargo, hay que decir que la situación es mejor que hace un año, cuando estos pantanos solo se situaban al 22%.

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En la actual situación de sequía, el estado de excepcionalidad en el Ter-Llobregat se activó por primera vez a finales de febrero de 2023, cuando las reservas de agua estaban al 28%. Después de un periodo en emergencia, la mayoría de los municipios afectados abandonaron definitivamente la excepcionalidad para volver a la alerta, a principios de este verano. Desgraciadamente, la tregua puede haber sido corta, si no empieza a llover allí donde toca. Desde la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ya se advirtió la semana pasada que las restricciones podrían aumentar dentro de dos meses: a finales de noviembre o a principios de diciembre.

Fase de excepcionalidad: ¿cuáles serían las restricciones?

Hace una semana, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ya advirtió que las últimas lluvias podían dar una sensación de "relajamiento", pero subrayó que los datos de agua embalsada no indicaban lo mismo —ya que las reservas de agua no han parado de decrecer desde finales de junio—. Así, habló de "la amenaza" de posibles nuevos escenarios: no solo de excepcionalidad, sino de emergencia. Los cambios, obviamente, se traducirían en nuevas medidas.

En caso de que se devolviera a la situación de excepcionalidad, se limitaría el consumo de agua a 230 litros por habitante y día. También se reduciría la dotación de riego agrícola en un 40% y se sustituirían parte de los caudales destinados a riego agrícola por aguas regeneradas, de la misma manera que se reducirían en un 15% los consumos de agua de los usuarios industriales. Por otra parte, tendría lugar una reducción del consumo de agua en los usos recreativos (15% en usos asimilables a urbanos y 50% en riego). Finalmente, se prohibiría el uso de agua al riego de jardines y zonas verdes de carácter público o privado, el riego de césped en todos los casos y la limpieza de calles, alcantarillado, pavimentos, fachadas o edificios con agua potable, a la vez que se establecerían limitaciones al llenado y rellenado de piscinas.

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