Cuando un juez puede analizar su recurso contra la retirada de una prestación de dependencia, el demandante ha muerto. O, una obra importante denunciada por los vecinos, como la supermanzana del Eixample, está finalizada cuando la magistrada ha resuelto el litigio. Son dos extremos reales de la inoperancia actual del sistema judicial en Catalunya para atender a los ciudadanos. Los juzgados estan colapsados desdes hace años, y superan las cargas de trabajo fijadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en casi todas las jurisdicciones. Un dato que evidencia que se ha encendido la alerta roja en los juzgados catalanes es que ¡ya se señalan juicios para el año 2027! Sí, de aquí a tres años.
La jurisdicción contenciosa, que fiscaliza las administraciones y que casi nunca recibe refuerzos, ya fija vistas para el 2027. Los juzgados de lo social, centrados en los conflictos laborales, también marcan juicios para el primer trimestre de 2026, como los civiles. Al mismo tiempo, los jueces de instrucción y penal hacen lo imposible para dar respuesta a las campañas policiales y políticas contra los ladrones multirreincidentes, carentes de medidas socials para hacer frente a la pobreza. Para poder encarcelar a un ladrón y considerarlo multirreincidente, los magistrados tienen que buscar sus antecedentes penales (diferente de los policiales), que tengan tres condenas firmes y con el material sustraído superior a 400 euros. Es lo que marca la ley, que por enésima vez se quiere volver a reformar y endurecer.
Falta un centenar de jueces
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, lo dijo bien claro en la apertura del año judicial: faltan 112 jueces en la planta catalana (hay 855) para equipararse a la media española, y desde el 2021 ya no se pueden resolver todas las asuntos que entran a los juzgados (1,2 millones asuntos en el 2023), desde los ámbitos civiles a penales. Eso significa que los casos pendientes de resolver -o lo que judicialmente se denomina pendencia- no parar de crecer en las mesas y armarios de los juzagos, donde miles de papeles y las carpetas no desaparecen, a pesar de los anuncios de digitalización judicial. Los litigios aumentan, mientras cae el número de jueces en activo. Y sin contar las numerosas jubilaciones de la generación del baby- boom, también en la judicatura, que se preveen en cinco años en el Estado español.
¿Hacen más falta jueces o juzgados?
Señalar juicios en las agendas del 2026 y el 2027 como ya hacen juzgados catalanes de diferentes jurisdicciones, y en primera instancia, supera con creces el negativo balance que recoge el Consejo de Europa en un reciente informe. En este estudio se indica que el Estado español se mantiene a la cola en el tiempo de resolución de procedimientos que da a la ciudadanía, como también de jueces: El Estado español tiene 11,92 por cada 100.000 habitantes, mientras la media de los países del Consejo de Europa es de 17,43. En Catalunya, el porcentaje retrocede hasta 10,6 jueces, según datos del TSJC.
El Ministerio de Justicia es el responsable de aprobar y de pagar los sueldos de los jueces y magistrados. Y, a pesar de la alerta, el presidente del TSJC ha adelantado que para el año que viene el ministerio no aprobará ningún juzgado nuevo para Catalunya. Un juzgado o unidad judicial implica a un magistrado, un letrado de la Administración de Justicia y unos siete funcionarios. La decana de los juzgados de Barcelona, Cristina Ferrando, detalla ,en la memoria de 2023, que hacen falta 60 juzgados nuevos para ponerse al día solo en Barcelona, mientras el conseller de Justicia, Ramón Espadaler, aseguró en una entrevista que se podrían dotar 25 unidades a Catalunya siempre y cuando se aprueben los presupuestos del Estado. En este sentido, el CGPJ acaba de anunciar la convocatoria de plazas de magistrado para llenar una veintena de juzgados con plazas vacantes, como el juzgado Mercantil 11 de Barcelona, que ocupaba el magistrado José María Seijó, actual miembro del renovado órgano de gobierno de los jueces. Hay jueces que reclaman que vuelvan los pluses de autorrefuerzo, pero otros no lo ven bien porque es oficializar las horas extras, a pesar de que ya trabajen estas horas de más
La Abogacía también pide más recursos
La presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana y decana del Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa, Marta Martínez, también reivindica que se tiene que aumentar la planta de jueces, así como su remuneración para que no se marchen del juzgado después del cumplir el primer año obligatorio en el destino, como pasa en los juzgados de Amposta: "Tienen más trabajo aquí que en otros juzgados fuera de Catalunya" y añade que ni la política ni la lengua catalana son ningún impedimento porque "la mayoría lo siguen haciendo todo en castellano".
Además, Martínez insiste en que la Abogacía Catalana está en contra del proyecto de comarcalitzar los juzgados de violencia machista, ya que la abogacía apuesta que la víctima tenga cerca los recursos. Con todo, hay consenso que el juzgado de violencia machista de l'Hospitalet (desbordado) se una a los de Barcelona, que están muy cerca, aunque a cambio se exige ampliar los de la capital catalana. "Hay muchas carencias, y Barcelona que tiene más carga, necesita más juzgados... ¿Pero cuanto hace que pusieron la primera piedra de la Ciutat de la Justícia de Tarragona, y nada más?", se lamenta la presidenta del Consejo.
Casos más complejos
Los 17 juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo que hay en Barcelona controlan la legalidad de las actuaciones administrativas de ayuntamientos, de la administración periférica del Estado español, los actos de los organismos, y entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio español. Y sus sentencias son analizadas directamente por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que és el responsable de revisar las resoluciiones de la Generalitat y sus instituciones .
La titular del juzgado del contencioso administrativo 5 y delegada de los juzgados de lo contencioso en Barcelona, Montserrat Raga, comparte con ElNacional.cat que los juzgados están "saturados", porque "cada vez hay temas más complejos y los juzgados no están especializados en materias". Reciben denuncias contra resoluciones de urbanismo, y sobre todo de función pública, como ahora en el caso del cuerpos policiales y de responsabilidad patrimonial. Ahora, además, empiezan a recibir peticiones para revocar la aprobación de la eutanasia a un familiar, que irá a más, desde la entrada en vigor de la ley que regula la muerte asistida. Los juzgados de lo contencioso son los que señalan ya los juicios de procedimientos ordinarios para el 2026 y para el 2027. Y, también superan la carga de trabajo que fija el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en el caso contencioso es la entrada de 570 asuntos nuevos al año.
¿Y qué es lo más urgente para revertirlo?
"Hacen falta más magistrados para dar una respuesta más rápida y eficaz, ya que es derecho sustantivo y al final todo recae en el juez", afirma la magistrada Raga. Es decir, una solución efectiva sería un juzgado compartido con dos o tres jueces. La sala de gobierno del TSJC va tapando agujeros con jueces de refuerzo puntuales en distintas jurisdicciones, pero no resuelven el problema de fondo.
Más conflictividad laboral en los juzgados
Además del contencioso, los magistrados de los 35 juzgados de lo social de Barcelona ya señalan vistas para febrero y marzo de 2026. Y estos son los que llevan al día el juzgado. Exponen que la carga de trabajo fijada en 900 asuntos al año la superan con creces con una media de 1.247 casos que entran a cada juzgado. Y sin refuerzos, vuelven a hacer menos sentencias. Según las cifras, la supuesta mejora laboral si se compara con el descenso de la tasa del paro no supone menos conflictividad laboral en los juzgados. La afirmación en la memoria de 2023, del delegado de los juzgados de lo social, el magistrado Domingo Sánchez Puerta, es para reflexionar: "Más empleo no es sinónimo de menos conflictividad y por descontado tampoco de más calidad del trabajo por cuenta ajena. De los datos del año 2023, interpretados a la luz de la evolución de los últimos años, podemos concluir que existe una situación de crisis estructural en la jurisdicción social que se viene dando desde el año 2009 y que se ha cronificado."
Preguntado por ElNacional.cat, el titular del juzgado de lo social 3 de Barcelona, Xavier Gonzàlez de Rivera, constata el colapso de esta jurisdicción. Y detalla una estimación de tiempo para atender los asuntos nuevos que entran en el juzgado: los despidos se atienden en un plazo 7 a 9 meses; las reclamaciones a la Seguridad Social, en 12 meses, y los procesos ordinarios, de reclamación de cantidades, unos 18 meses. Y eso si no entra ningún caso extraordinario. "Ya no solo es la cantidad de asuntos que entran, sino la complejidad, y eso hace que se señalen menos juicios y aumenten los casos sin resolver", explica Gonzàlez de Rivera.
¿Y cuál es el motivo?
"Es muy diverso, pero hay un aumento de la conflictividad laboral canalizada a través de la vía judicial, muy probablemente por la debilidad sindical", manifiesta el titular del juzgado de lo social 3 de Barcelona. Añade que otro motivo és la complejidad de los casos, como por ejemplo "reclamaciones de indemnizaciones por vulneración de derechos humanos, más allá de las que legalmente se marcan, o de conciliación de la vida laboral". Gonzàlez de Rivera revela que los juzgados de Barcelona sufren lo que se denomina "el efecto de capitalidad": es decir, que las empresas y sindicatos denuncian en los juzgados de Barcelona, ya que hay más variedad, que en otras sedes o delegaciones de la empresa, cómo puede ser en Terrassa, donde hay menos jueces.
Desjudicializar asuntos y la mediación
¿Y la solución?
"La solución también es diversa, pero lo que hace falta es otra organización. Y estoy seguro que los tribunales de instancia, con una oficina unificada y dos o tres jueces, no juzgados, aliviaría la pendència", declara el magistrado de Barcelona. Los tribunales de instancia se recogen en la ley de eficiencia, que volvió a quedar pendiente por el adelanto de elecciones generales.
Una segunda propuesta del magistrado es "desjudicalitzar asuntos" y propone que las denuncias contra las resoluciones de la Seguridad Social sobre incapacidades salgan de los juzgados y sean revisadas por una comisión técnica de expertos, con médicos y juristas, y con criterios actualizados. Apunta que la fibromialgia nunca se considera incapacitante para la administración. También apuesta por reducir las vistas orales y que el procedimiento, en algunos casos, sea todo por escrito, como ya se hace en el ámbito civil para descongestionar agendas.
Una de las soluciones para descongestionar juzgados compartida por los magistrados Raga, Gonzàlez de Rivera y la abogada Martínez son impulsar todavía más la mediación porque las recursos públicos son limitados. La magistrada Raga es una de las pioneras de implantar la mediación en los procedimientos de lo contencioso y sostiene que funcionan en el ámbito de ruidos y en ejecuciones de sentencia, que es el difícil de cumplir, o contratos suspendidos por la Covid-19, donde la administración y la empresa han llegado a un acuerdo. "La administración se tiene que sentar y hablar para resolver un conflicto", manifiesta la magistrada Raga, que al mismo tiempo destaca la gran calidad y formación de los mediadores.
En el sector jurídico también se habla del Derecho sistémico, es decir de realizar el ejercicio consciente de las profesiones y buscar soluciones entre las partes, aunque implique más trabajo.
La remuneración de los abogados, urgente
Finalmente, en esta crisis judicial, la presidenta del Consejo de la Abogacía Catalana también hace énfasis su reivindicación de que hay que aumentar la remuneración de los abogados que ejercen el turno de oficio, y dan asistencia a las personas sin recursos. "Hacen falta unos 22 millones de euros para actualizar las cuotas, que aceptamos congelarnos en el 2010 por la crisis, y que se podría aprobar de urgencia ppor el Parlament", sostiene Marta Martínez.
Actualmente, el Departament de Justicia destina 62,5 millones de euros anuals a la justicia gratuita y al servicio al detenido. Un estudio de la Abogacía Catalana precisa que en este tiempo se ha incrementado un 3,9% los módulos del turno de oficio, pero lejos del 9,3% del salario de los funcionarios, y todavía más lejos del 31,8% que ha crecido el IPC. Y para dignificar el servicio, donde se han ampliado asistencias -como a violencia machista o exploración de menores-, apuestan a que hace falta una partida que llegue a los 86 millones de euros.
En la foto de portada, un ciudadano es atendido en las oficinas del Colegio de Abogados de Barcelona para activar el servicio de justicia gratuita, en la Ciutat de la Justícia. / Foto: Carlos Baglietto/ Archivo