Tres años después del accidente de l'Alvia en Angrois dejara 79 muertos y varios heridos, la investigación continúa abierta y el conductor del tren sigue siendo el único imputado por la catástrofe ferroviaria. Era un miércoles 24 de julio del 2013, cuando un tren Talgo serie 730 descarriló a las 20.41 horas con 218 pasajeros a bordo. El tren había salido de Madrid-Chamartín y viajaba hasta Ferrol, pero no llegó a su destino.

Tres años después, los familiares de las víctimas siguen reivindicando que salga a la luz la "verdad" porque ni eso ni la justicia "son negociables". Por eso reclaman que se constituya una comisión de investigación técnica con expertos independientes y otra comisión parlamentaria que "depure a los responsables políticos".

Y es que incluso la Comisión Europea da la razón a las reclamaciones de las víctimas a través de un informe que elaboró hace casi dos meses un informe en que cuestionaba la independencia de la investigación llevada a cabo por el Ministerio de Fomento, concretamente para|por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Este informe asegura que "la obligación de investigar accidentes no se ha cumplido adecuadamente" y pone de manifiesto que la CIAF incumplió la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria, que determina en sus artículos 21 y 29 que las investigaciones sobre accidentes graves las tienen que llevar a cabo organismos independientes y lo emplazaba a abrir, de nuevo, la investigación.

Verdad, justicia y reparación

Las víctimas calificaron el informe de "demoledor" porque les da la razón de las reivindicaciones que llevan exponiendo públicamente desde el 2014, pero, al mismo tiempo, se alegraron de que el documento reflejara exactamente eso. Piden "verdad, justicia y reparación" y exponen que las dos primeras "no son negociables".

"La Unión Europea nos ha dado apoyo en la parte técnica y la Audiencia en la judicial [por la reapertura de la investigación], pero nos falta la parte parlamentaria que, por|para desgracia, tanto aquí como en Madrid el voto del PP y el PSOE lo tiran atrás porque suponemos que tienen cosas que esconder", exponía ayer el portavoz de la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, durante un acto celebrado en el Auditorio de Galicia que se enmarca dentro de los actos programados por el tercer aniversario.

Tres años después, las víctimas tienen "una mezcla de sentimientos". "Por una parte, el dolor de volver a recordarlo y, por otra parte, creo que tenemos todos una esperanza porque la UE ha dado apoyo a nuestra demanda", explicaba Domínguez.

"La ministra miente"

Aliviados por el hecho de que se haya reabierto la investigación judicial, sin embargo "intranquilos" porque "ya van tres años", las víctimas siguen cargando de lo lindo contra la entonces ministra de Fomento y ahora presidenta del Congreso, Ana Pastor.

De hecho, la exdiputada del PP a la Asamblea de Madrid Teresa Gómez-Limón, que también viajaba a l'Alvia, va crítica fuerte Pastor asegurando que la ministra miente y que "no es valiente, es una cobarde porque no ha tenido el valor de dar la cara cuándo quedó con las víctimas para que nos dijera por qué nos mintió. Las mentiras son personales e intransferibles, ella nos mintió", puso de manifiesto.

Gómez-Limón considera que Pastor miente porque "nos dijo que la CIAF era una comisión independiente y que se investigaría hasta el final" y aclaraba que, realmente, "no es una comisión independiente porque está formada por personas vinculadas a Renfe, Adif y en las empresas que tienen contratos con ellas".

Y no sólo eso. Pastor "también nos dijo que colaboraría con la Justicia cuando los dos jueces, Aláez y Lago Louro, han tenido que instar el gobierno español bajo amenaza de sanción porque no entregaban la documentación".

Minuto de silencio

El silencio volverá a apoderarse de la estación de San Cristóbal, donde las víctimas harán un minuto de silencio a las 21.10 horas, que era la hora en que estaba prevista la llegada del tren a la estación. Un tren que nunca llegó a su origen. L'Alvia descarriló en la curva A Grandeira -a unos tres kilómetros de Santiago de Compostela-, donde el convoy tenía que circular a un máximo de 80km/h, pero lo hacía a 192km/h.

Aunque el conductor es el único imputado por el accidente, el sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA) analógico -instalado en toda la red estatal en 1972- había quedado anticuado y así lo aseguraron los ingenieros de caminos que participaron en la reconstrucción de las vías. "Es una gran barbaridad", pusieron de relieve, y explicaron que actualmente tendría que haber sido instalado el ASFA digital, que sólo vale 6.000 euros cada uno. Este sistema habría permitido una reducción automática de la velocidad del convoy. En aquel tramo tendría que haber habido dos ASFA digitales instalados, pero no fue así.

Y no sólo eso. Estos ingenieros explicaron que a ningún tramo de toda la red ferroviaria española se obliga a reducir la velocidad de los trenes de 200km/h a 80km/h como la curva de Angrois. Se trata de una reducción "muy drástica" que, sumado a la "desastrosa señalización" de la curva, tuvo mucho que ver con la dificultad en evitar que se produjera el desastre. "Es como si al final de una autopista a la cual se puede ir además de 200 kilómetros por hora se coloca una rotonda indicada con dos señales convencionales de prohibición de superar la velocidad de 80 kilómetros por hora", ponían de manifiesto a los ingenieros.