Nuevo informe de Amnistía Internacional contra el gobierno español. Después de denunciar en su informe anual que España había vulnerado reiteradamente los derechos humanos en Catalunya, ahora cargan contra la censura que está ejerciendo sobre la sociedad. "El espacio para expresar la discrepancia en España se reduce con rapidez", alertan.

En un documento publicado este martes a nivel mundial bajo el título 'Tuitea... si te atreves', la organización denuncia algunas medidas recientes aplicadas por el gobierno español. El ejecutivo, dicen, "somete a hostigamiento" expresiones en Internet utilizando las "categorías generales" de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas. Aseguran que estos cargos, previstos en las leyes antiterroristas de otros países, tienen una "imprecisa redacción" en el caso español.

 

También destacan especialmente el retroceso en las libertades que supuso la instauración de la 'Ley Mordaza' el año 2015, como a respuesta la ola de descontento nacido de la crisis económica. "Las autoridades españolas restringieron los derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica", critican. Estas restricciones se han traducido en "decenas de miles de multas a manifestantes, defensores de los derechos humanos y periodistas" por conductas que están protegidas por los derechos fundamentales.

Retirada de cargos y libertad para los presos

Amnistía carga especialmente contra la reforma del artículo 578 del Código Penal que, con la introducción de nuevas enmiendas, amplió su ámbito de aplicación que ya era "general e impreciso". Los cambios permitieron penalizar la difusión de "mensajes o consignas" de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas, con el agravante que se haga a través Internet y aumentando la pena máxima de dos a tres años de prisión.

Las nuevas enmiendas también dispararon las condenas por enaltecimiento del terrorismo, aunque, para AI, muchas no cumplen los requisitos establecidos por los derechos humanos. Este dicta que las restricciones de la libertad de expresión tienen que ser "estrictamente necesarias y proporcionales para una finalidad legítima", condiciones que no se cumplirían en estos casos.

Por todo eso, la entidad internacional insta al gobierno español a que derogue este artículo y garantice que "no se detiene, investiga, procesa ni encarcela" a ninguna persona en su aplicación. También pide que se retiren los cargos y se libere cualquier persona acusada en base a este artículo "sólo por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión".

No tolerar la discrepancia

La actitud actual del Estado es una manera de avisar que "no se tolerarán ciertas formas de discrepancia, así como el cuestionamiento y las perspectivas alternativas", denuncia el informe. Se destaca también la decisión del Tribunal Supremo que asegura que se puede vulnerar el artículo 578 incluso sin que se tenga la intención de hacerlo. El ejemplo más claro es la penalización de retuitear un mensaje que pueda ser declarado como enaltecimiento del terrorismo.

El informe también valora como "especialmente preocupante" la inhabilitación política y para cargos públicos de las personas que acusadas de este delito por "haber expresado opiniones políticas alternativas". Eso, además de las multas y las penas de prisión, puede provocar efectos "duraderos y devastadores" sobre personas que sólo querían "expresarse libre y legítimamente".

Restricciones excesivas

La organización explica detalladamente en el informe toda una serie de casos "criminalizados" por la aplicación del 578 pero que, a la luz de los derechos humanos, no se tendrían que considerar delitos. Amnistía defiende que se trata de "expresiones legítimas" y carga contra las autoridades españolas por incumplir las leyes internacionales al castigarlas más allá de una demanda civil.

Hablan del casos como el de la tuitera Cassandra Vera o el de los raperos La Insurgencia y Pablo Hasel, además de la Operación Araña contra expresiones en las redes sociales. En cuanto a periodistas, se denuncian unas restricciones "excesivas e innecesarias" hacia su trabajo que acaba provocando una "reducción constante del espacio para el periodismo independiente y crítico". "Es un reflejo inquietante de la situación de la libertad de expresión en España", asegura el informe.

En este sentido, la ONG se muestra preocupada ante una autocensura que va en aumento por miedo a sufrir la represión. "La criminalización de un abanico tan amplio de expresiones tiene un efecto paralizante", explican. Esta reducción del espacio para el debate público, avisan, supone una amenaza a largo plazo para "la fuerza de la sociedad civil y la garantía de los derechos humanos".