Amnistía Internacional (AI) ha denunciado en un informe los obstáculos que ponen las autoridades españolas para investigar la desaparición de miles de bebés robados desde la Guerra Civil hasta los años 90. AI critica que no haya una legislación que facilite la identificación de estas personas, que los gobiernos no acompañen ni ayuden a las víctimas y sus familiares, y que la administración de justicia archive la mayoría de casos por prescripción, cuando el delito todavía se está cometiendo actualmente.
La investigación se ha llevado a cabo en Catalunya, País Valencià, Andalucía, Madrid y País Vasco, porque concentran más del 80% de las diligencias de investigación emprendidas por la Fiscalía desde 2011.
"No es una violación de derechos del pasado"
Según Amnistía Internacional, no se trata de una violación de derechos humanos del pasado, ya que sus efectos no han cesado y persisten hoy. Si alguna cosa ha podido constatar Amnistía Internacional a lo largo de esta investigación es el profundo dolor que soportan las familias y personas inmersas en estos procesos de investigación, incrementado por la falta de respuestas y la impunidad.
Este sufrimiento moral y psicológico puede llegar a alcanzar el umbral de la tortura y otros maltratos, tal como han señalado mecanismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
Un niño recién nacido en la incubadora de un hospital / Unsplash - Sharon McCutcheon
"Violaciones de derechos humanos"
Según AI, el estado español tiene que adoptar medidas con un enfoque global para dar respuesta a estos procesos de investigación en su totalidad, y proporcionar de forma proactiva acompañamiento a las víctimas. Eso requiere que todas las autoridades implicadas garanticen mecanismos adecuados de acceso a la información, rendición de cuentas, así como apoyo jurídico y psicológico.
"En estos momentos estamos ante una oportunidad histórica para impulsar la aclaración efectiva de estas violaciones de derechos humanos. Esperamos que el Congreso apruebe una ley sobre bebés robados destinada a la investigación e identificación de niños y niñas; que el ejecutivo garantice una asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial para las víctimas y se reconozca públicamente el impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente contra las mujeres, y que desde tribunales y Fiscalía se impulsen investigaciones exhaustivas e independientes para aclarar los hechos", ha manifestado Esteban Beltrán, director de Amnistía internacional España.
Durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los años 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades. Se vulneró, también, el derecho a la protección de la vida familiar, el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre, y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas.
Son los conocidos como bebés robados. La respuesta por parte del Estado ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la actual atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los millares de procesos de investigación iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biológica; o por madres y padres, hermanos o hermanas, que desconocen la suerte y paradero de sus hijos o hijas, o familiares.
¿Dónde se robaban los niños?
Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en prisiones, y después en hospitales, maternidades, casas cuna, centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas, que no tenían una adecuada supervisión por parte del Estado.
Amnistía Internacional ha constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile siendo registrados como hijos e hijas biológicos. La ideología de género franquista que puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad, impuso la creación de leyes, algunas vigentes hasta finales de los 90, que permitieron amparar la sustracción ilegal de bebés.
Estas son algunas de las principales conclusiones del informe, Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados, presentado por Amnistía Internacional. "Durante la investigación, hemos documentado casos en que hay indicios de que se dan los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparición forzada: primero, la sustracción del bebé; segundo, con la participación, o con la tolerancia o aquiescencia del Estado; y tercero, la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida", explica Daniel Canals, investigador del informe.
Cifras aproximadas
A pesar de la dificultad para establecer cifras, el informe dice que, según la Audiencia Nacional, entre 1944 y 1954 el Estado tenía tutelados cerca de 31.000 menores hijos de presas, que no está claro que todos volvieran con sus familias. En 1949 fueron repatriados, según el Servicio Exterior de la Falange, 20.266 menores. En el 2011 una entidad presentó un listado de 261 sustracciones ilegales de menores para entregar a terceras familias entre 1950 y 1990.
En total se han abierto 2.138 diligencias de investigación por parte de la Fiscalía entre el 2011 y el 2021, de las cuales 526 llegaron a los juzgados, pero ninguna de ellas desde el 2019. Sólo una, de Barcelona, sigue abierta. El diciembre pasado se presentó una denuncia colectiva de 56 casos que tuvieron lugar entre 1952 y 1987 en Catalunya, Madrid, Euskadi, La Rioja y Andalucía.
Foto principal: Un niño contempla a un bebé en una sala de recién nacidos de un hospital / Unsplash - Gabriel Tovar