El gobierno de Andorra ha negado haber recibido "ninguna presión" del gobierno español o de "emisarios de ningún tipo" para filtrar informaciones bancarias sobre Pujol. En este sentido, el ministro portavoz del gobierno andorrano, Jordi Cinca, asegura que el ejecutivo no tuvo conocimiento de los supuestos hechos hasta "finales de marzo o principios de abril" a través, inicialmente, de "insinuaciones" del abogado de los hermanos Cierco. "El gobierno español, cuando se dirige al gobierno de Andorra, lo hace por vías diplomáticas y siguiendo los esquemas de funcionamiento establecidos en los convenios internacionales", ha insistido, y se ha mostrado confiado que la justicia instruirá la causa "con la misma diligencia" en que lo ha hecho hasta ahora". En caso de que se demostraran las coacciones, el ejecutivo andorrano manifestaría sus "preocupación y disgusto" a través de vías diplomáticas por una "mala práctica" en las relaciones entre los dos estados.

En este sentido, Jordi Cinca ha afirmado que el gobierno andorrano no ha recibido nunca "ninguna presión" por parte de gobierno español. "Sólo faltaría", ha remachado. En caso de demostrarse, según él, ha especificado que sería un "delito", porque el secreto bancario "está legalmente protegido y explícitamente penado en el código".

El ministro portavoz también ha asegurado que la primera noticia que tuvieron sobre el hecho n fue después de la nota emitida por el FinCEN, cuando el banco ya estaba intervenido y el consejero delegado de BPA había sido encarcelado.

A partir de aquí, y de manera "progresiva", ha explicado que se fueron introduciendo elementos en este sentido. Asimismo, ha esgrimido que no correspondía presentarlos al gobierno andorrano sino a la Alcaldía y, en todo caso, lo ha desvinculado de la nota emitida por el FiNCEN.

El gobierno de Andorra sale así al paso de las últimas informaciones hechas públicas por el diario Público que vincularían personas de la máxima confianza del presidente español en funciones –como su jefe de gabinete, Jorge Moragas, o el secretario de Estado de Comerç, Jaime García-Legaz– para negociar con los hermanos Ramon e Higini Cierco, propietarios de BPA, y obtener la información sobre las cuentas bancarias del expresidente de la Generalitat. El mismo rotativo afirma, además, que los enviados de Rajoy también negociaron con el gobierno andorrano.

El mes de agosto pasado, uno de los dos máximos accionistas de Banca Privada de Andorra, Higini Cierco, denunció ante la instructora judicial las coacciones que recibió él y el exconsejero delegado de la entidad por parte de mandos policiales españoles en relación al "caso Pujol" u "operación Catalunya".

En concreto se le pidió información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras así como de sus respectivas familias, y según el comunicado del Grupo Cierco, se lo amenazó que si no colaboraba el FinCEN intervendría la entidad bancaria.