La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por estafa a los inversores en la salida a bolsa de la entidad, aunque le exime del delito de falsedad contable que le atribuye el juez instructor, Fernando Andreu.

Lo fundamental, según el escrito de Anticorrupción, es que, durante la salida a bolsa, en julio de 2011, "se ocultó" a los inversores que el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de ahí que les atribuya el delito de estafa al inversor.

Esta ocultación se habría realizado de forma "consciente" por parte de Rato y el resto de acusados por la Fiscalía, con el objetivo de obtener "a toda costa" los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital requeridas, y que se tradujo en el perjuicio patrimonial ocasionado a los accionistas de la salida a bolsa.

El Fiscal atribuye ese mismo delito al exvicepresidente José Luis Olivas, para el que pide cuatro años de cárcel, al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (para el que pide tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (solicita dos años y siete meses), y exonera a los otros 28 imputados por el juez, entre ellos el socio auditor de Deloitte Francisco Celma; para los cuatro pide una multa de 60.000 euros.

También solicita que declaren como testigos el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el resto de técnicos del organismo que declararon durante la instrucción y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

La Fiscalía pide que se archive la causa, no sólo contra los otros 28 acusados por el juez, sino también sobre BFA-Bankia, cuyo comportamiento acredita "el compromiso de sus dirigentes con una cultura empresarial ética", sin perjuicio de la responsabilidad civil que le pudiera corresponder.

Según el relato del fiscal Alejandro Luzón, el folleto de la salida a bolsa era "incompleto" por la ausencia de unas cuentas anuales de Bankia, y "deficiente, pues no reflejaba de manera adecuada la imagen fiel del patrimonio de la entidad".

Controvertidos criterios contables

En este sentido, asegura que el documento que se entregó a quienes acudieron a la operación "arrastraba controvertidos criterios contables" adquiridos previamente por algunas de las siete cajas de ahorros que integraron Bankia, entre ellas Caja Madrid y Bancaja, que protagonizaron las mayores críticas en los informes aportados a la causa por los peritos judiciales.

Anticorrupción, que no acusa a ninguno de los procesados del delito de falsedad contable, matiza que las cuentas del grupo BFA-Bankia no pueden calificarse "materialmente de falsas en la medida en que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador", el cual llegó a autorizar "expresamente" algunas decisiones que "no contribuyeron a que la imagen luciera adecuadamente".

De este modo, considera que el principal problema del grupo no era el "forzado acomodo" a una "elástica" normativa, sino la rentabilidad, al tratarse de un grupo con activos "poco rentables" y pasivos de alto coste, que generaba "pérdidas recurrentes muy importantes".

Ficticio mensaje de solvencia

Con el apoyo de los inversores mayoristas, a los que Bankia atrajo mediante la refinanciación de créditos, sostiene la Fiscalía, se consiguió sacar adelante una operación en la que los minoristas asumieron un riesgo "extraordinariamente superior" a la que conlleva siempre un movimiento bursátil, "merced a una información que no les advertía de los riesgos al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia".

Las advertencias del folleto, considera el fiscal, estaban más pensadas para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que al inversor, "especialmente al minorista", incapaz de asumir semejante lista de riesgos, "algunos de enorme complejidad", lo que acabó dibujando un riesgo "remoto" e inconcreto.

Sobre la rebaja del precio inicial de las acciones hasta los 3,75 euros, en opinión de Luzón, además de evidenciar los deterioros que "no lucían plenamente" en la contabilidad, determinó "automáticamente" la inviabilidad e insolvencia de BFA.

En este sentido, insiste en que el descuento del 74 % llevaba implícito "lo que se quería evitar", esto es, el incumplimiento por parte de la entidad del coeficiente de solvencia, circunstancia que determinó que apenas meses después el FROB entrara en el capital de Bankia.

El escrito también detalla el grado de participación de cada uno de los acusados, y destaca a Rato por "encarnar el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas" de la entidad, amparándose en el prestigio que le conferían sus antiguos cargos como ministro de Economía y director gerente del Fondo Monetario Internacional.